La sanción de la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo exige a los centros públicos y privados de salud garantizar la práctica. En Córdoba se realizaron al menos 1800 abortos seguros en el sistema público de salud y sólo algunos municipios cumplen la norma
Por Magdalena Bagliardelli. Redacción La Marea Noticias
Al menos 1800 personas pudieron abortar en condiciones seguras dentro del sistema público de salud de la provincia de Córdoba, durante el primer año de vigencia de la Ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto. De enero a septiembre, se realizaron 1.876 interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) y 71 interrupciones “por causales” (ILE) de las cuales, 749 fueron en la ciudad de Córdoba y 1.198 en el resto de las localidades, según informó el ministerio de Salud.
Previo a la sanción de la ley, y durante décadas, las mujeres acudían a los centros de salud con vergüenza y la cabeza baja, o incluso morían en el intento de abortar. Si algo habilitó la ley, es poner el tema en la mesa y desmitificar los prejuicios que había al respecto.
Un avance se dio en Río Cuarto, donde desde comienzos de año habilitaron un formulario web en la página del municipio, para que las personas que requieran realizar una IVE puedan solicitarla. El procedimiento es sencillo: deben completar sus datos personales y de contacto para que un equipo de salud se ponga a su disposición. “Desde que completan el formulario pueden pasar 24 o 48 horas para que las contacten”, explica a La Marea Noticias, el subsecretario de Salud de Río Cuarto, Isaac Pérez Villareal.
La capital alterna es un caso atípico del sur provincial, ya ningún otro municipio está garantizando la IVE. En efecto, según un relevamiento publicado por la organización Católicas por el Derecho a Decidir, de un total de 721 centros de salud y hospitales públicos de Córdoba, sólo 178 realizan interrupciones voluntarias del embarazo -hasta la semana 14 de gestación-, de los cuales 80 están en la Capital, lo que representa casi el 45%.
Si bien la ley 27.610 está vigente en todo el país y obliga a todos los servicios de salud públicos y privados, a las obras sociales y a empresas de medicina prepaga, a brindar información clara y completa, y a garantizar el procedimiento de interrupción del embarazo en un plazo de 10 días, asegurando el trato digno, la privacidad, confidencialidad y el respeto de la decisión a autónoma de las persona, la realidad provincial muestra que aún falta mucho por hacer.
Según un relevamiento de Católicas por el Derecho a Decidir, publicado con motivo del aniversario de la Ley, el principal obstáculo no es la objeción de conciencia sino otras barreras como la falta de personal capacitado, de insumos y respaldo institucional. «Lo vinculamos más a una decisión política de los gobiernos locales de poder garantizarle el equipo de salud seguridad, que tenga un consultorio, un horario adecuado, los insumos que necesita. Lo que falta es que la Provincia pueda llegar a cada comuna y localidad con lineamientos claros. Hay mucho desconocimiento», explicó Ana Morillo, en una entrevista concedida a Radio Nacional Córdoba
Sin embargo, desde Católicas aseguran que hay un «un avance» en relación al panorama previo a la ley: «Hubo un aumento de los centros de salud que realizan interrupciones del embarazo en capital y me animo a decir que también en el interior», apuntó .
De acuerdo a un informe publicado por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, aumentaron los llamados telefónicos a la línea de Salud Sexual 0800 222 3444 del Ministerio de Salud de la Nación. De enero al 30 de noviembre de 2021 fueron 19.000, mientras que en la última década (2010-2020) habían respondido 17.302 llamados vinculados al derecho a la interrupción legal.
Otro dato que aportan con motivo del aniversario de la sanción de la Ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto es que al 30 de noviembre son 32.758 las interrupciones de embarazos realizadas en condiciones seguras en el sistema público. Esto lo adjudican a que durante 2021 se amplió la capacidad de respuesta y en la actualidad un total de 1.243 centros de salud que realizan la práctica.
Una realidad local
La primera consulta para realizar una IVE se registró el mediodía del 10 de marzo. Hasta la actualidad, se han recibido 348 consultas a través del formulario web que el municipio de Río Cuarto puso a disposición de las vecinas. “Creo que recibimos más consultas de lo esperado por la facilidad brindamos a través del formulario”, dice Isaac Pérez Villareal. El municipio atiende la demanda de las ciudadanas riocuartenses y las personas de la región, tienen que acudir directamente al Hospital. Así quedó establecido entre ambas carteras de salud.
Del total de las consultas, hay 197 tratamientos concluidos; 26, en proceso y 45 fueron derivados a instituciones privadas porque las personas contaban con obra social. Además, muchas de las personas que consultaron utilizaban algún método anticonceptivo pero por algún error humano tuvieron un embarazo no deseado.
“Hay que terminar con la hipocresía: la mujer que no tiene acceso a un aborto termina yendo a un curandero y la que tiene recursos se hace la práctica en un consultorio privado”, enfatiza.
Peréz Villareal confirmó a este medio que hay “un solo médico para la atención de la demanda” que trabaja en el Centro de Salud pero que la respuesta se brinda de manera rápida. “Nos ha pasado que demora más quizá la persona en tomar la decisión de realizar la IVE que la atención médica”, dice. Además, la mayoría de las personas que realizaron el tratamiento son mayores de 20 años.
La ley establece que la consulta pos aborto puede ser atendida por cualquier profesional de la salud, o ginecológo/a de cabecera de la paciente, y que no se pueden declarar “objetores”, lo que ayuda a descomprimir la demanda. Además, el funcionario municipal asegura que “no hubo complicaciones” porque “si el tratamiento es aplicado como corresponde no hay inconvenientes”.
Por su parte, Antonella Manzotti, presidenta del Consejo Municipal de Género, comentó a La Marea que “valoran el esfuerzo del municipio para garantizar el derecho” pero que han hecho algunas sugerencias en relación al formulario como la de “acompañar el link con información sobre cuándo tardarán en comunicarse, la confidencialidad y una explicación más detallada de los pasos a seguir”. También apuntaron a la necesidad de que haya más profesionales de la salud brindando atención para casos de IVE.
