Ante el pedido de particulares una jueza de Chaco hizo lugar a una cautelar que pretende suspender la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo. «Es un absurdo jurídico», expresó al respecto Perla Prigoshin, titular de la CONSAVIG, ya que la Ley es nacional y la medida se debe interponer ante un Juzgado Federal y llegar hasta la Corte Suprema de Justicia.
Por: Carina Ambrogi
La jueza de feria Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº19 de la ciudad de Resistencia, Chaco, hizo lugar a una medida cautelar que pretende suspender la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en esa provincia. “La resolución de la jueza del Chaco es un absurdo jurídico a punto tal que me animo a decir que es inválida formalmente”, dijo a La Marea Noticias Perla Prigoshin, titular de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y DD.HH de la Nación.
La medida fue presentada por particulares que solicitaron la declaración de insconstitucionalidad de la Ley que cuenta con plena vigencia desde este mes en todo el territorio nacional. “La Argentina no es una confederación por lo que las provincias no pueden decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley del Congreso de la Nación”, explicó Prigoshin sobre los aspectos jurídicos de la presentación. En ese sentido, aclaró que si alguien creyese que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo contraría la Constitución Nacional, debería plantearlo en un juzgado federal y llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Y aquí encontramos el primer absurdo, ya que el planteo se interpuso ante una jueza provincial y el segundo absurdo es que la jueza haya resuelto sobre una cuestión que no está dentro de sus incumbencias”, agregó.
La cauletar se basa en el art.15 inc.1 de la Constitución de Chaco que garantiza «el derecho a la vida y a la libertad, desde la concepción, a todas las personas y que, como se trata de una competencia concurrente de la provincia con la Nación, debe primar la interpretación de la ley más favorable a la persona humana».
Ante el papelón jurídico, Prigoshin consideró que la Dra. Marta Beatriz Aucar de Trotti debe ser sometida a un juicio político “de modo de sancionar su desconocimiento del Derecho y subsidiariamente mandarle una señal contundente a quienes imparten «justicia clerical», enfatizó.
Por su parte, desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco emitió un mensaje en sus redes sociales oficiales en donde aclara que el gobierno provincial aún no fué notificado al respecto, y esperan esa instancia para responder formalmente.
«Ante la medida cautelar que suspende la aplicación de la ley 27.610 difundida por la red social WhatsApp, queremos aclarar que el gobierno provincial no ha sido notificado formalmente al respecto.
