Verónica Fiol, médica especialista en Ginecología y Obstetricia, vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Salud Sexual y Reproductiva cuenta para La Marea Noticias cómo se esta implementando el acceso a IVE en el país vecino. Además, las claves para garantizar que en Argentina la aplicación sea efectiva.
Por : Magdalena Bagliardelli
Pasó menos de un mes de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina y las sonrisas siguen dibujadas por la conquista del derecho. El debate ingresó al Congreso con un fuerte argumento de salud pública, que logró correr el foco de “aborto sí o no”, por la fórmula “aborto legal o clandestino”. A partir de la promulgación realizada el jueves, y la publicación en el boletín oficial al día siguiente, la implementación de la ley quedará efectiva a partir del 24 de enero.
El eco del debate que atravesó Argentina con fuerza en los últimos meses se está sintiendo en otros países, como el caso de Chile, donde se comenzó a debatir un proyecto de similares características, y en México, donde la IVE es legal hasta la semana 12 sólo en ciudad de México y el estado de Oaxaca.
En la región latinoamericana, Uruguay es el primer país con ley de aborto legal. La norma se votó en octubre de 2012 y entró en vigencia dos meses después. Sin embargo, desde 2002, existía un programa de reducción de riesgos y daños de abortos inseguros, que consistía en acompañar a mujeres y personas gestantes antes y después de la realización de un aborto (que por ese entonces era una práctica delictiva) considerando que no había respuesta sanitaria a la demanda de embarazos no deseados. Este modelo se basaba en la realización de abortos medicamentosos, con el uso de las drogas misoprostol y mifepristona, y fue la base que permitió la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo una década después.
A diferencia de Argentina, en el país vecino el aborto se puede realizar hasta la semana 12 de gestación, y en caso de violación, hasta la semana 14. En estos ocho años se redujo a cero la cifra de muertes maternas, y además, bajó también el número de interrupciones de embarazo que se realizan cada año. Según dicen las especialistas, los médicos objetores de conciencia -contemplados en la ley- también son cada vez menos, porque se entiende que es un tema de salud y derecho de las mujeres y personas gestantes.
La situación actual
La interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay está contemplada en el Sistema Nacional Integrado de Salud, cuyas instituciones médicas deben asegurar la práctica de forma gratuita.
La ley establece que no será penalizada la mujer que realice la práctica “durante las primeras doce semanas de gravidez”. Para solicitar una IVE, la persona debe realizar una consulta médica para informar su decisión, y luego consultar con un equipo interdisciplinario compuesto por tres profesionales (área ginecológica, salud psíquica y área social) que deberá informarle las características de la IVE y los riesgos de esta práctica, así como alternativas al aborto, para la toma de una decisión consciente y responsable. Luego, “la mujer dispondrá de un período de cinco días de reflexión y si ratifica su voluntad de interrumpir el embarazo, se coordinará de inmediato”.
El aborto solo podrá realizarse fuera del período de 12 semanas de gestación cuando haya un riesgo para la salud de la mujer o se verifiquen malformaciones incompatibles con la vida del feto. En el caso de una violación, que deberá ser acreditada con la constancia de denuncia judicial, podrá realizarse dentro de las catorce semanas de gestación, tal como indica el texto de la ley.
“Cuando la mujer llega a la consulta con el equipo interdisciplinario tiene tomada la decisión. Hay muchas a las que el proceso de reflexión (los 5 días) les permite bajar la ansiedad, organizar cuestiones familiares para ese día, porque es una práctica ambulatoria con medicamentos. La enorme mayoría de las mujeres va con mucha ansiedad a la cita y la mayoría lo agradece. En mi experiencia el asesoramiento es bueno porque hay mujeres que requieren mucho apoyo, algunas tienen dudas médicas. El objetivo de los equipos es asegurar que tomen la mejor decisión para ellas, ver si hay presiones para continuar o para interrumpir”, explica Verónica Fiol, médica especialista en Ginecología y Obstetricia, vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Salud Sexual y Reproductiva y profesora adjunta de clínica ginecológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.
“Más allá de que es una prestación médica, ninguna mujer lo vive como un trámite administrativo. No se puede banalizar, ni culpabilizar a una mujer que decide abortar. Es un proceso importante y hay muchas injerencias. Las instancias de asesoramiento pueden servir para encontrar otros emergentes más allá de la salud. Son consultas largas, tanto como la mujer lo pueda necesitar”, señala.
-¿Es significativo el porcentaje de mujeres que abortan más de una vez? Porque una de las críticas a la ley en Argentina era que la IVE se utilice como método anticonceptivo…
-El problema no es la reiteración del IVE. Porque si tus condiciones no han cambiado, es probable que quieras interrumpir nuevamente. El problema es el embarazo no buscado, que está pasando para que esa mujer vuelva a embarazarse. Decir que van a usar el aborto como método anticonceptivo es desconocer la situación. La enorme mayoría de mujeres estaba usando método anticonceptivo cuando se embarazó.
-¿Qué acciones tomar para prevenir los embarazos no deseados?
-Los embarazos no deseados tienen causas multifactoriales. Hace falta educación sexual, acceso universal a métodos efectivos de anticoncepción y en caso de que fallen, acceso a la IVE. En los países donde hay acceso a IVE de la mano de acceso a la salud y a la anticoncepción se produce un aumento de casos, luego meseta y disminución. En cambio, cuando la IVE no va de la mano de educación sexual, no se ven los números que bajan.
Disminuyen los casos
La mortalidad materna es nula en Uruguay. En 2019 hubo una muerte por un proceso infeccioso, a raíz de un aborto legal. “En 2020 no hubo muerte por aborto ni seguro ni inseguro”, afirma la médica que trabaja en el Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rossell, en Montevideo, donde se producen 7000 nacimientos por año.
“Los números han disminuido. En la década del 90, la mortalidad materna por aborto inseguro era la primera causa, ahora son casos anecdóticos”, añade.
Las cifras de IVE entre 2013-2019 representan 65.219 casos. En 2013 fueron 7171, en 2014, 8537, en 2015, 9362; en 2016, 9719; en 2017, 9830; en 2018, 10.373 y en 2019, 10.227 (146 menos que 2018).
El aborto con medicamentos es efectivo y es similar al proceso del aborto espontáneo, con riesgo de sangrado o eventos infecciosos posteriores. Al hacerlo dentro del sistema de salud, se puede explicar el proceso, entregar los medicamentos y habilitar una consulta pos aborto.
“La enorme mayoría de las interrupciones se realiza con medicamentos, lo que ayudó a derribar el mito del médico abortero, vinculado además con prácticas inseguras. Para los que trabajamos en esto, la ley nos generó poder dar este paso de indicar la medicación, que es lo que nos faltaba”, afirma Fiol.
En el caso de adolescentes, hay descenso en las interrupciones legales del embarazo, así como de embarazo adolescente y embarazo no deseado, a raíz del éxito del implante subdérmico. La ley argentina también determina que la mujer que se realice un aborto deberá irse de la consulta médica con un método anticonceptivo. De todas maneras, asegura Fiol, “las mujeres que más interrumpen no son adolescentes”.
Objeción de conciencia
La ley contempla la objeción de conciencia por parte de profesionales, que deberá ser informada a las autoridades de las instituciones a las que pertenecen. Además, implica “idéntica decisión respecto a todas las instituciones públicas o privadas en las que el profesional preste servicios”.
Además, habilita la objeción de ideario para instituciones vinculadas a la religión que Uruguay son el Círculo Católico y un Hospital Evangélico. Sin embargo, la médica asegura que la responsabilidad del prestador (clínica y hospital) sigue vigente y que en cualquier caso tienen que derivar a una mujer a otra institución que sí la atienda: “Los profesionales no tienen que deslindarse, te tienen que derivar”, dice Fiol.
“En Uruguay la objeción de conciencia ha disminuido francamente, hoy no es un problema. Hay un cambio generacional y muchos objetores ven que el aborto con medicamento pone la gestión en manos de la mujer. Yo no hago aborto. Acompaño a las mujeres como lo hago con aquellas que requieren reproducción asistida”, expresa la médica que brinda atención a mujeres embarazadas.
-¿Qué se podría mejorar de la ley de IVE en Uruguay?
-La ley es buena porque existe y lo más importante es que intenta abordar el problema como problema de salud integral. Pero tiene cosas mejorables. Por ejemplo, en Montevido es fácil armar los equipos interdisciplinarios, pero en el interior es difícil. La obligatoriedad de la consulta con el equipo en forma simultánea debería ser revisada para facilitar el acceso.
En cuanto a los días de reflexión, muchas veces pasan más de esos 5 días hasta que se accede a la práctica, ahí también hay que agilizar. Otro tema son los objetores. Cuando esto arrancó teníamos localidades con 100% de objetores de conciencia. Eso ha ido cambiando y tiene que ver con cambios en la formación de profesionales. El embarazo no deseado forma parte del periplo de la mujer y como ginecólogos tenemos que acompañarlas, es parte de la responsabilidad como profesional.
El caso de Uruguay sirve como un faro para lo que podría ocurrir en Argentina en los próximos años, tanto para reducir la mortalidad materna por causa de abortos inseguros, reducir la tasa de abortos, así como brindar información y asesoramiento a las personas que decidan interrumpir un embarazo para que no pierdan la vida en ello. La disposición de los equipos de salud para el cumplimiento de la ley y el acceso a medicamentos para acceder a la práctica serán clave para garantizar el derecho conquistado.
