La jueza de Control y Faltas de la Secretaría N 2 de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Luciana Alba, resolvió no hacer lugar a la petición realizada por el Dr. Lautaro Andruet, representante legal de Pablo Rafael Carrizo, alias “el negro”, en cuanto requirió la nulidad del requerimiento fiscal de citación a juicio que había sido dictado por el Fiscal de Instrucción Daniel Miralles contra el imputado, por lesiones leves agravadas contra su pareja en ese entonces embarazada de 3 meses.
La resolución que por lo general puede demorar 15 a 20 días demoró casi dos meses, y concluyó en rechazar la nulidad y no hace lugar a la suspensión de los plazos procesales, por lo que se remitió la causa nuevamente a la Fiscalía de Instrucción de Cuarto Turno a efectos de cumplimentar lo dispuesto por el art. 360 del C.P.P.
La elevación a juicio había sido dictada por el Fiscal Miralles por considerar que se reunían los elementos necesarios para avanzar con el proceso. La defensa interpuso la nulidad, alegando que el requerimiento de citación a juicio fue efectuado sin haber diligenciado prueba pendiente de producción, que según entienden tiene relación con la causa en cuestión. Tanto el Fiscal como la Jueza de Control acordaron en señalar que esta prueba no es pertinente ni tiene relación con la causa que se sigue contra Pablo Carrizo. “Se evidencia de las constancias de la presente causa que dicha prueba no resulta pertinente -relacionada al hecho que se investiga-, como tampoco útil -capaz de aportar conocimiento sobre él-, resultando adecuadas y válidas las consideraciones vertidas oportunamente por el Sr. Fiscal”, precisa la Jueza de Control.
Respecto del requerimiento de nulidad absoluta de la Citación a Juicio y suspensión de los plazos procesales el Fiscal Daniel Miralles había señalado que “la nulidad solicitada deberá ser declarada inadmisible por V.S., ya que la defensa técnica sólo demuestra un denodado esfuerzo para evitar la realización del Juicio”.
Cabe recordar que el imputado Pablo Carrizo decidió presentarse como candidato a Intendente, máximo cargo de poder de la ciudad de Río Cuarto, con una causa en curso en la que tiene elevación firma a juicio por “lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género”. La denuncia la presentó quien era su pareja quien cursaba al momento de los hechos un embarazo de 3 meses de gestación.
El imputado puede seguir la estrategia de pedir suspensión por juicio a prueba, que será denegado porque se trata de una causa en la que media contexto de violencia de género, pero que le permitiría continuar posponiendo los plazos de la realización del juicio oral.
La denunciante quedó sin representante legal después de la muerte de su abogado, el Dr. Mariano Torrez. En estos días se definirá quien asume su representación legal.
Cabe señalar que en lo que va de la campaña el imputado ejerció violencia simbólica contra mujeres referentes de la ciudad del periodismo, de la política y dirigentes barriales, hecho que fue repudiado por diversas instituciones, entre ellas el Gremio de Prensa de la ciudad de Río Cuarto.
Además ha mantenido de manera sistemática discursos violentos contra la mayoría de los y las periodistas de la ciudad, toda vez que difunden noticias sobre su causa penal o hechos que lo involucran en situaciones negativas para la imagen que pretende transmitir.
