Por segunda vez despidieron de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de Córdoba a la misma trabajadora. El primer despido se produjo en diciembre del año pasado, cuando se desvinculó a tres trabajadoras después de que protagonizaran un reclamo por condiciones de trabajo y derechos laborales vulnerados por funcionarios de área. Las trabajadoras fueron reincorporadas gracias a la acción gremial que se realizó posterior a los hechos mencionados. Hace dos semanas una de ellas fue trasladada al “Programa Menos Calle, Más Derecho”, que implica trabajar en la calle. Con motivo de este traslado, la trabajadora mantuvo junto con los equipos técnicos de trabajo una reunión institucional con el secretario de SENAF, José Piñero, y con la jefa de la Dirección de Estrategias de Prevención, Rosa Bazán. En la oportunidad, según precisaron delegados de ATE, consulto por el seguro ART, ya que no cuenta con la cobertura necesaria para el trabajo al que fue re direccionada. La semana pasada fue despedida nuevamente. Según comentaron les representantes de ATE en SENAF, estos hechos constituyen una “clara persecución gremial y acoso laboral”.
Los reclamos sobre la situación de precarización laboral son de larga data en el organismo, se estima que sólo el 30% del personal está en relación de dependencia, con salarios y condiciones acordes a los convenios colectivos de trabajo. El resto, esta sostenido por trabajadoras precarizadas, becarias, voluntarias y monotributistas, que no cuentan con ART y cobertura social. El porcentaje varía según el área, por ejemplo, en el Área Penal hay 10 trabajadores precarizados de 80 personas, en cambio en la Residencia Rio Bamba, de 30 trabajadoras y trabajadores sólo se encuentran 6 en planta permanente, en tanto, en el Complejo Esperanza hay 23 personas con contratos.
En contexto de pandemia denunciaron además que el trabajo remoto debió ser garantizado por lxs trabajadorxs, teniendo que responsabilizarse por garantizar la conectividad y equipos de comunicación necesarios para cada tarea. Cabe señalar que hay equipos integrados por profesionales de la comunicación, trabajadorxs sociales o psicólogxs, que cobran $7.700 mensuales por 20 horas de trabajo, salario que no respeta los parámetros mínimos regulados por ley. Quienes están bajo el sistema de monotributo perciben sus haberes entre el 15 y el 20 de cada mes.
Según expresaron a la prensa desde el organismo, a raíz de que 180 agentes se acogieron a la posibilidad del aislamiento social, incorporaron a la dependencia a voluntarios del COE. Esta situación, sumada a los traslados arbitrarios de áreas y los despidos, significan para la delegación de ATE un claro desprecio por la tarea que realizan quienes allí se desempeñan, lo que implica que los procesos de acompañamiento no puedan tener la rigurosidad y profesionalismo que se merecen, atentos a lo que implica para la vida de las personas que los transitan.
El pasado 10 de agosto la conducción de ATE solicitó una audiencia al secretario del área para ser parte de una mesa de trabajo por mejores condiciones laborales y para la defensa de los derechos de las y los trabajadores.
Este miércoles a las 12 horas la representación de ATE en SENAF resolvió realizar una jornada de protesta en las puertas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de Córdoba. Los motivos que señalan en la convocatoria son “el despido de una compañera de trabajo, el traslado de una delegada, persecución política y antisindical de parte del Secretario José Piñero y falta de cuidado del personal en el marco de la pandemia”.
