a Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje condenó el lunes a Nahuel Gastón Rojas (21) a prisión perpetua por asesinar en junio de 2018 a su novia embarazada de ocho meses, Talí Alexis Moyano.
El tribunal, presidido por Arístides Py, y el jurado popular lo condenaron a homicidio doblemente calificado y aborto.
Talí tenía una hija de 2 años y estaba embarazada de ocho meses cuando en la mañana del 23 de junio de 2018 su novio le quitó la vida asfixiándola con una almohada en su casa de la localidad de Serrezuela, en el noroeste cordobés.
La autopsia reveló que la joven encontró la muerte por “asfixia mecánica y el feto murió por hipoxia”. Las pruebas se basaron en la saliva que quedó en la almohada. Esa mañana, Rojas salió de su habitación y pidió que llamaran a una ambulancia. Los médicos intentaron reanimar a Talí, pero ya estaba muerta. Tampoco pudieron salvar al bebé en gestación.
La víctima vivía con su madre, su hija (también de Nahuel) y su hermano. Nahuel vivía en la casa de enfrente con su madre y tres de sus 10 hermanos. La noche anterior, había forzado a Talí a ir a su habitación, donde finalmente la mató.
Un mes antes del trágico desenlace, Talí había hecho una exposición en la comisaría de Serrezuela en la que dejó asentado que “no quería tener más relación con Nahuel”. Seis días después, su madre, Rosalba Moyano, también se presentó en la Policía, pero sólo quedó registrada como una exposición y no llegó a la Justicia.
Además, dos días antes del trágico desenlace, la joven había tomado un colectivo de Serrezuela a Cruz del Eje y allí se había presentado ante el hospital Aurelio Crespo. Según la declaración del médico que la atendió, llegó enojada y pidió que le practicaran una cesárea, a pesar de que no tenía controles de su embarazo. Allí la tranquilizaron, fijaron una fecha de la cirugía para la semana siguiente y la mandaron nuevamente a su casa.
En su alegato, el abogado querellante de la madre de Talí, Ramiro Fresneda, pidió al tribunal que se implementen los mecanismos de capacitación a agentes del Estado en materia de violencia de género, previstos en la Ley Micaela. “En función de esas exposiciones, se podría haber solicitado una restricción perimetral o, incluso, un botón antipánico. Además, en el hospital quedó asentado su estado de vulnerabilidad al comprobarse que no tenía controles del embarazo. Eso tendría que haber sido una alerta”, explicó a La Voz.
“Creo que hay una distancia entre las buenas leyes que tenemos y las directrices del Tribunal Superior de Justicia, que es ejemplar en sus fallos en esta materia, y la práctica en materia de prevención de la violencia de género”, agregó.
La vulnerabilidad que nadie pudo registrar
