Condenado por abuso sexual, el mismo día de la sentencia intentó matar a Lucía Mañez. Desde ese momento Agustín Ricardo Camargo está detenido y ahora pide esperar el fallo del TSJ en libertad. La audiencia se llevará a cabo el miércoles y la decisión está en manos de la jueza Natacha García. El desesperado pedido de Lucía y su familia. Funcionarias judiciales que señalan la perspectiva de género como una obligación de los Estados.
Florencia Igarza – Especial La Marea Noticias
Este miércoles, en los tribunales de Río Cuarto, se llevará a cabo una audiencia de cese de prisión solicitada por Enrique Zabala, abogado defensor de Agustín Camargo. Éste fue condenado en 2022 a seis años y seis meses de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal con el aprovechamiento del estado de indefensión de la víctima. El fallo todavía no está firme y ahora la jueza Natacha García, de la Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto, deberá determinar si Camargo sigue esperando la definición del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en la cárcel o en libertad.
“Esto nos preocupa porque no creemos que se haya rehabilitado en menos de un año este monstruo por hacer sesiones de terapia con una psicóloga. No creo que él haya entendido lo que hizo”, le dice Carla Vizcarra, mamá de la víctima, a La Marea Noticias.
Lucía Mañez tenía 19 años cuando fue abusada a la salida de un boliche. Desde ese momento su vida cambió radicalmente y allí arrancó una odisea por los ámbitos judiciales mientras sentía que la revictimizaban una y otra vez. La mañana del 6 de octubre del año pasado logró algo de alivio al conocer la condena a la persona que la había abusado. Sin embargo, cuando se preparaba para pasar de página después de todo lo vivido, apenas pasadas unas horas, esa misma tarde Camargo se dirigió con un arma a la casa de la joven con intención de matarla. Entre el hermano de Lucía y unos vecinos pudieron interceptarlo y luego la policía lo llevó detenido.
Si bien Camargo había sido condenado, García estableció que espere en libertad hasta que la resolución adquiera firmeza. De todos modos, en su sentencia, la magistrada dictó: “abstenerse de tener contacto con Lucía Mañez por cualquier medio, incluidas redes sociales, comunicaciones telefónicas o informáticas, evitando lugares próximos al domicilio real denunciado por ella o lugares que suele frecuentar».
Desde aquel episodio en el que claramente violó dicha restricción, Camargo permanece detenido. Ahora aguarda que la misma jueza que lo condenó falle a su favor y así poder esperar la decisión del TSJ en libertad. Sin embargo, para el nuevo abogado de Lucía Mañez no hay posibilidades de que esto suceda. Gustavo Dovis considera que para que Camargo quede libre “tiene que haber cambiado alguna de las circunstancias o por lo menos su abogado va a tener que esgrimir que han cambiado alguna de las circunstancias por lo cual el detenido podría quedar en libertad”.
Por su parte, la mamá de la joven pide “que se tenga en cuenta el hecho que pasó el mismo día de la sentencia, cuando vino hasta metros de mi casa, armado, violento y con intenciones muy claras. Queremos que eso se tenga en cuenta. Estamos con esa preocupación”.
En la misma línea, Dovis enfatiza en que “el imputado ya estuvo en libertad después de la condena y demostró que no se podía atener a las condiciones mínimas de comportamiento porque el mismo día de la condena fue y atacó a la víctima. Más allá de que técnicamente procede el poder pedirlo (al cese de prisión), otorgarlo no me parece que sea jurídicamente procedente ni siquiera mirado desde el sentido común”.
Consultado por los elementos que se pueden poner en juego en la audiencia, el abogado querellante responde que “la jueza tiene que hacer un balance entre el principio de inocencia, que prima hasta que haya condena firme, pero también tiene que hacer un balance con respecto al riesgo victimológico, con volver a revictimizar a Lucía, volver a ponerla en una situación de desamparo si la persona queda en libertad”. Y seguidamente agrega: “Confío en que la jueza no le va a dar la libertad”.
Desde una posición lógicamente más emocional que técnica, Carla Vizcarra cuenta: “Ya nos explicaron que es un derecho que tiene el delincuente, como tantos derechos que tienen los delincuentes y muy pocos la víctima. La decisión está en manos de la jueza, pero nos tiene preocupados porque Lucía ha hecho un retroceso, venía bárbaro, sigue con su psicóloga, y ahora no puede dormir, tiene pesadillas, está tomando pastillas para dormir”.
Ahora bien, ¿cómo se puede actuar con perspectiva de género desde el Poder Judicial y al mismo tiempo respetar las garantías constitucionales?
Victoria Santamaría Guglielmetti, ayudante fiscal especializada en Violencia de Género de la provincia de Buenos Aires, integrante de la Red de Mujeres para la Justicia, docente de la UBA, se toma el tiempo para dialogar con La Marea Noticias y deja en claro que “trabajar con perspectiva de género en todos los ámbitos de intervención no es una cuestión ‘de moda’ ni una opción, es una obligación asumida por el Estado a nivel internacional y eso no significa que sea en detrimento de las Garantías Constitucionales”.
Además, menciona que existen herramientas tales como la detención, la prisión preventiva, los sistemas de monitoreo dual (tobilleras) botón antipánico, que se dictan (según corresponda en cada caso) para lograr esa debida protección, sumado a las necesidades procesales de la causa. “El trabajo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, tanto nacional como provincial, ha logrado incorporar herramientas efectivas para proteger a las personas en situación de violencia, entendiendo la dinámica propia de los ciclos”, opina.
Mientras la mamá de Lucía Mañez se pregunta “por qué las sentencias no quedan firmes al tiempo que se dan y no a los años; o por qué una víctima tiene que estar tantos años conviviendo con su agresor ya sea porque todavía no lo mandaron a la cárcel o porque no quedó firme la condena”. Santamaría Guglielmetti reconoce el mismo problema y arriesga una explicación: “las trampas del propio sistema generan, a veces, que las demandas y necesidades no sean cubiertas en forma inmediata. Aun en casos en que se ha tomado una decisión con celeridad, no se hace efectiva en la medida necesaria de cada caso particular, por falta de recursos y controles que obedecen a falencias estructurales de las agencias Estatales”.
En ese sentido, indica que “los múltiples problemas de articulación intrajudicial e interinstitucional atentan contra el acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia”. Y añade: “Desde la Red de Mujeres para la Justicia nos encontramos trabajando en ello”.
Por último, la maestrando en Género y Políticas Públicas (FLACSO) cree que “la línea con la que se trabaja, marca a fuego la experiencia de una persona en situación de violencia que debe transitar el laberinto judicial. Es deber del funcionariado hacer que ese acompañamiento sea efectivo, respetuoso y con la debida protección necesaria al caso”.
En el caso de Lucía, una compañía fundamental es su psicóloga, con quien medita la decisión de llegarse o no a los Tribunales de Río Cuarto este miércoles para participar de la audiencia. La posibilidad de que Camargo quede en libertad “representa un peligro para su vida”.
“Pedimos un botón antipánico hace un tiempo atrás y yo creo que no se lo dieron porque él está en la cárcel. El miedo que eso implica en ella, el saber solamente que él va a estar libre es terrible. Dijeron que se iba a ir a vivir con su madre, pero él sabe dónde vivimos. ¿Cómo no vamos a estar atemorizados? Además, si él tuvo la oportunidad y no la supo aprovechar, ahora que se quede en la cárcel”, concluye Carla con mucho sentido mientras el denso expediente judicial espera para sumar una nueva página.
