Por: Carina Ambrogi
Esta mañana se presentó S., la segunda mujer que denunció públicamente haber sufrido abuso sexual infantil por parte del cura Héctor Pinamonti, en la sede del Obispado de Río Cuarto. Lo hizo a pedido de la Institución, que se comunicó con ella para solicitarle que realice una presentación formal, que les permita iniciar un proceso de investigación en el marco de la justicia canónica.
S. narró al periodista Pablo Callejón que hace dos semanas que a sus 11 años, el entonces cura perpetuó contra ella abuso sexual con acceso carnal mientras se encontraba sola cuidando una casa en la que trabajaba. El hecho sucedió en los 70, pero decidió visibilizarlo ahora después de leer el relato de otra víctima que contó que el cura la abusó durante 4 años, entre sus 9 y 12 años. El objetivo de la mujer era prevenir a la sociedad para que nadie más tenga que pasar por esta situación.
S. llegó al Obispado acompañada de la abogada Jaqueline Cattaneo, quien estuvo presente durante todo el tiempo en que la mujer permaneció en la Institución. La Dra. Cattaneo tiene además a su cargo la causa de M., quien tras un juicio canónico que resolvió que Pinamoti cometió los abusos que ella denunció, demandó al Obispado en la justicia ordinaria por falta de reparación.
Dos personas que atravezaron el proceso de justicia canónica por casos de abuso sexual comentaron a esta cronista que se trata de una instancia intimidatoria y revictimizante (ver nota al pie). La situación de S. fue distinta, con permisos que las anteriores sobrevivientes no tuvieron, probablemente porque ahora la Institución eclesiástica esta en el foco de la mirada. “M. tuvo que ir sola a la entrevista con los representantes legales de la Iglesia, no le permitieron tener una abogada ni nadie que la acompañe, la entrevistaron en una habitación con poca luz, con tres varones que le hicieron todo tipo de preguntas”, recordó la Dra. Cattáneo sobre lo que vivió en 2017 una de las denunciantes. Hoy, previendo que S. no tenga que vivir lo mismo, la entrevista se concretó en un espacio luminoso y con una ventana abierta, participaron un vicario varón y una abogada mujer. S. no tuvo que narrar los hechos, los presentaron por escrito, y solo le hicieron preguntas puntuales. “A pedido de la denunciante las preguntas las realizó la mujer, ella estaba muy angustiada porque después del hecho traumático no pudo ingresar nunca más a una iglesia ni estar en presencia de un cura”, manifestó Cattáneo. Tampoco tuvo que firmar el acuerdo para sostener el “Silencio Pontificio”, que si exigieron a M. al iniciar el proceso. Este Silencio implica que la denunciante no puede hablar del hecho con ninguna persona más que con su psicóloga (si es que la tiene), o un integrante de la iglesia.
Los cambios en la manera de afrontar el proceso pueden significar un importante precedente para quienes elijan abordar sus denuncias en la Justicia canónica, lo que constituye un logro indirecto resultado de la valentía de M. al hacer pública su situación.
Ahora, la Iglesia va a determinar si para ellos los hechos que manifiesta la victima son verosímiles, y si es así dan comienzo al proceso penal.
