Desde el sábado, y con el objetivo de defender el monte nativo, vecinas y vecinos del valle de Paravachasca mantienen un acampe en la ruta 5, a la altura de La Serranita, para impedir el inicio de la obra de la Autovía que unirá Alta Gracia y Villa Ciudad de América, impulsada por el Gobierno provincial.
En ese marco, desde la Asamblea Paravachasca, denunciaron que este lunes al mediodía llegaron «numerosos policías con chalecos, escudos, palos y camionetas, dispuestos a reprimir» así como también miembros de Infantería, que rodearon el lugar.
Integrantes de la Asamblea intentaron comunicarse con el fiscal Diego Fernández, para garantizar su integridad física, y este martes fueron recibidos por el funcionario quien les contestó que «esta cuestión la tiene que recibir el juez que tiene en su despacho el amparo» y les adelantó que «va a rechazar» el oficio presentado también ayer de apelación sobre el desalojo.
Desalojo inminente
Desde La Nueva Mañana nos comunicamos con el fiscal Diego Fernández, quien confirmó que se encuentra firmada la orden de desalojo.
«Está ordenado un emplazamiento para que se retiren del lugar, en virtud que la disposición del Gobierno de la Provincia de Córdoba en sus diferentes áreas, que prevén la realización de la Autovía, no ha sido revocada, ni anulada, ni siquiera restringida, por ninguna resolución judicial ni administrativa, por ende está vigente», dijo el funcionario a La Nueva Mañana.
Fernández también se refirió al amparo ambiental cuya vigencia viene destacando la Asamblea Paravachasca, y aseguró que «habría sido rechazado».
En un comunicado difundido este domingo, desde la Asamblea habían insistido: «Hay un Amparo Ambiental Colectivo vigente desde agosto del 2021 sobre las innumerables inconsistencias técnicas, administrativas y legales de todo el proyecto de obra de la Autovía Ruta 5, sobre el cual, el fiscal Leonardo Massimino a cargo de la Cámara contenciosa administrativa primera de los Tribunales ordinarios de Córdoba, aún no se expidió».
En dicho comunicado, apuntaron: «El Gobierno de Córdoba y Caminos de las Sierras son responsables del estado crítico del Valle, las comunas y municipios de Paravachasca son cómplices por permitir el avance de esta obra absolutamente ilegal en connivencia con la Justicia de Córdoba«.
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