La Universidad de la Defensa Nacional aprobó un protocolo de actuación ante casos de violencia de género. El detonante fue el femicidio de Ivana Módica, trabajadora de la Escuela de Aviación Militar, quien fue asesinada por su pareja, Javier Galván, piloto de la Fuerza Aérea. La importancia de que más instituciones fomenten espacios libres de violencia.
Por Magdalena Bagliardelli
Ivana Módica, asesinada en febrero de este año por Javier Galván, vice comodoro y piloto de la Fuerza Aérea, trabajaba como personal civil en la unidad militar. “Es lamentable que haya tenido que morir una compañera para que se tomen medidas tendientes a la prevención de situaciones de violencia”, expresa a La Marea Noticias Noelia Martino, delegada del Personal Civil y Docente Civil de la Escuela de Aviación Militar de ATE.
Se refiere a la decisión de la Universidad de la Defensa Nacional (Undef) -dedicada a la formación de militares y civiles en diferentes áreas para la Defensa Nacional- de aprobar su “Protocolo de actuación institucional para la Prevención e Intervención en situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual”.
“La iniciativa busca sensibilizar sobre la problemática abordada, así como fomentar y favorecer acciones que eliminen la violencia de género, el acoso sexual y la discriminación por razones de género u orientación sexual como principal herramienta de prevención”, dice el texto. Y será aplicable en los institutos de formación que dependen de la Undef.
Martino destaca que la aprobación de protocolo “ha sido posible gracias a la lucha de cientos de compañeras y compañeros que pusimos el cuerpo y el grito”, y añade: “Es muy reciente… tenemos que ver cómo se aplica y cuáles van a ser los procedimientos y mecanismos a seguir”.
Sobre el asesinato de su compañera, opina que “la mejor manera de honrarla es seguir peleando para erradicar todo tipo de violencia de los ámbitos laborales y profundizar las políticas sobre géneros y diversidades en las fuerzas armadas y en todo el espacio estatal”.
Si bien el Ministerio de Defensa tiene un protocolo de actuación y una secretaría de Género, que cuenta con una oficina en Córdoba, su funcionamiento no es el correcto, según Martino. “Cuando reciben una denuncia, la práctica es culpabilizar y revictimizar a las víctimas, reubicándolas, cambiándolas de destino y a los violentos a veces los reubican, lo que en caso de ser militares incluso hasta los beneficia porque el traslado tiene siempre un resarcimiento monetario”, dice.
“El Departamento de Género se ocupa de silenciar a las víctimas bajo la excusa de preservarlas, pero la realidad es que encubren al violento o acosador para no dar mayor trascendencia y que desalentar futuras denuncias”, argumenta.
Acerca de las situaciones de violencia de género más comunes, la delegada sindical explica que “seguimos viviendo en una sociedad patriarcal y eso se traduce en todos los ámbitos laborales de una manera u otra, independientemente de si son militares o civiles. Sin ir más lejos, al mismo tiempo que pedíamos justicia por la compañera Ivana, apenas encontrada sin vida, nuestra primer piloto de caza, un orgullo para la aviación argentina, teniente Sofía Vier denunció acoso laboral por parte de sus pares y superiores. Por supuesto que también nos solidarizamos con ella”, cuenta. En efecto, cuando en agosto se conoció la denuncia de Vier, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, ordenó respaldar a la mujer, y dijo que no iba a tolerar ningún tipo de violencia, acoso o discriminación en las Fuerzas Armadas.
“También nos han contactado compañeros que han sufrido maltratos por su homosexualidad, compañeras a las que les hacen la vida imposible hostigándolas todo el tiempo y denigrándolas porque son mujeres y no solo de parte del personal militar, en muchos casos vienen de compañeros civiles”, explica Martino.
“Algo muy importante es que desde hace unos meses la oficina de Córdoba del Departamento de Género de la Fuerza Aérea trabaja en conjunto con el Polo de la Mujer, recibiendo denuncias y siguiendo el caso de manera conjunta”, celebra la trabajadora.
Justicia por Ivana
En febrero se conoció la desaparición de Ivana Módica, quien se desempeñaba en la Escuela de Aviación Militar. Su pareja, Javier Galván, piloto de la Fuerza Aérea, la mató y escondió el cuerpo en el Camino del Cuadrado, en las cercanías de La Falda, y como si nada, se presentó a trabajar en la Fábrica de Aviones.
El hombre de 44 años, está detenido en la cárcel de Bouwer a la espera del juicio. Según la pericia psiquiátrica realizada al femicida, “comprendió la criminalidad de sus actos y dirigió sus acciones” en el crimen de Ivana, de 47 años, quien finalmente se confirmó que murió estrangulada en la noche del 11 de febrero de este año.
Tras conocerse el hecho, desde la Fuerza Aérea repudiaron el asesinato y destituyeron de sus funciones al piloto militar pero hasta que la sentencia no esté firme, no puede ser desvinculado efectivamente. La causa está en la Cámara de Cruz del Eje «a la espera de fecha para audiencia que seguramente será el año que viene», según confirmó a este medio la fiscal del caso, Paula Kelm.
La Institución lamenta la pérdida de la personal civil Ivana Módica. Ante este aberrante hecho , la Fuerza se encuentra consternada expresando su más fervientemente repudio a toda violencia de género, como este atroz femicidio. Acompañamos a su familia en este doloroso momento.
— FuerzaAéreaArgentina (@FuerzaAerea_Arg) February 20, 2021
Ivana tenía una hija y además del trabajo administrativo que hacía, era corresponsal para la revista Aeroespacio y Noticias en Vuelo.
La importancia de los protocolos
El 25 de junio comenzó a regir en Argentina el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce el derecho de toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso. A la par, cada vez son más las universidades, gremios, instituciones y organismos estatales que elaboran su propio protocolo contra la violencia y el acoso en el ámbito laboral, con enfoque de género.
“Son útiles para las trabajadoras afectadas porque visibilizan un conflicto que en general no está visibilizado en los convenios colectivos de trabajo”, señala a este medio Maria Terragno, abogada, especialista en derecho del trabajo y asesora sindical.
“La violencia laboral o el acoso también implican conflictos en la salud, en las condiciones del medio ambiente e integridad de las trabajadoras y, por lo general, no está visibilizado, entonces los protocolos que conceptualizan y establecen procedimientos de intervención y de prevención pueden ayudar”, añade.
En ese sentido, dice que es importante que las organizaciones sindicales puedan capacitarse en relación a este tipo de situaciones en las que están involucradas personas en situación de vulnerabilidad y trabajen en la prevención. “Por eso es importante la confidencialidad y discreción, y establecer medidas preventivas: que la trabajadora/persona afectada no tenga que irse de su lugar de trabajo o tomarse una licencia médica o carpeta psiquiátrica. Por el contrario, quien tiene que intervenir es la empresa, los sindicatos y si hay verosimilitud en la denuncia, hacer cesar esa situación de violencia y acoso, incluso, no suspendiendo a la trabajadora que denunció, porque la revictimizaría, sino cambiar de lugar de trabajo o suspendiendo a ese trabajador o jefe que acosa”, explica a La Marea Noticias.
Ante la falta de una legislación a nivel nacional que regule la violencia laboral y la flamante ratificación del convenio 190 de la OIT, Terragno enfatiza en la necesidad de establecer protocolos que surjan de una apropiación, discusión y consenso entre organizaciones de trabajadores y trabajadoras y empleadores, ya que todos los lugares de trabajo son distintos. “Los protocolos van a tener un impacto en la legislación en la medida en que cada uno de los lugares de trabajo, dependencias, establecimientos, tenga regulación al respecto. Lo más negativo es la ausencia de una regulación porque genera arbitrariedad”. Por el contrario, un protocolo debería establecer “prevención, derechos y reparaciones”, afirma la especialista en derecho del trabajo.
Por último, ante la consulta por el aumento de denuncias, considera que “hay mayor visibilización de este tipo de situaciones”. “Hay menos tolerancia ante las agresiones, lo cual es bienvenido, porque, además, la violencia laboral se reproduce mucho más en contextos de mayor precarización”, indica.
