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La realidad del aborto en Argentina y la brecha en el acceso al Misoprostol.

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La presentación del Proyecto de Interrupción Voluntaria de Embarazo por octava vez en el Congreso actualizó un debate que deja ver la superficialidad y agresividad con que se tratan los temas más sensibles de la agenda actual de género. Insultos de los más diversos se vomitan en las redes y en los medios, en un debate que confunde y miente, ocultando bajo el antagonismo: a favor o en contra del aborto, el verdadero debate que subyace a la Ley.

 

El proyecto presentado no se posiciona a favor del aborto, ni lo promueve, muy por el contrario, lo reconoce como una problemática que atañe a la salud reproductiva de las mujeres, la que debiera según se reclama desde la Campaña, ser prevenida con educación sexual y anticoncepción efectiva (claro está entendiendo que la misma es responsabilidad de hombres y mujeres).

 

Los debates que invisibilizan al aborto como una práctica que existe, niegan una realidad de números alarmantes. La última medición disponible sobre el tema surge del trabajo de investigación realizado por las demógrafas Edith Alejandra Pantelides y Silvia Mario, a pedido del Ministerio de Salud de la Nación, indico que en 2005 se realizaron entre 371 y 522 mil abortos por año. Un reciente informe publicado por “Proyecto Generar” y la “Fundación Soberanía Sanitaria”, da cuenta de la magnitud de las internaciones por eventos reproductivos y por aborto en el lapso de 2005 a 2015, una década, en la que se calculan realizados 45 mil abortos por año que requirieron alguna atención médica.

 

Esta cifra ayuda a dimensionar cuántas mujeres y personas con capacidad de gestar atraviesan situaciones de interrupciones de embarazo y su impacto en el ejercicio de derecho a la salud y a la libertad reproductiva, y la brecha al acceso seguro en las mujeres que deciden hacerlo según su condición social.

Acceso a misoprostol

 

Respecto de las brechas en el acceso el informe citado analiza que pasa con la disponibilidad y precio del misoprostol que según la OMS es el medicamento esencial para realizar de forma eficiente y segura, la interrupción de embarazos tempranos (dentro de los primeros tres meses), no sólo por su efectividad comprobada científicamente sino por ser baratos y aceptados culturalmente.

 

En Argentina el aborto es legal según causales, entre otras, por abuso sexual o riesgo para la salud de la mujer, por lo que el Estado tiene la obligación disponer de las condiciones médicas necesarias para garantizarlo. Según el Informe de citado los centros de salud estatales no disponen de este medicamento recomendado por la OMS, y en las farmacias su comercialización se realiza a precios no accesibles.

 

La forma que la OMS propone para evaluar el costo de accesibilidad del medicamento es relacionando el costo de un ciclo de tratamiento completo (12 comprimidos) con el salario mínimo, vital y móvil. “Como lo explicamos en el tercer informe de esta serie,  solo el misoprostol tiene autorizada su comercialización en nuestro país. Oxaprost es el nombre comercial del misoprostol combinado con diclofenac sódico que produce Laboratorios Beta, hasta hace poco tiempo único productor con una posición monopólica en el mercado local y sin indicación para uso ginecológico. Sin embargo, en 2018 la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología (ANMAT) aprobó primero el uso hospitalario y luego la venta en farmacias bajo receta archivada de Misop 200 de Laboratorio Domínguez, cuya presentación es de doce comprimidos -cantidad necesaria para interrumpir un embarazo- y con indicaciones para uso ginecológicos. Sin embargo, no todas las farmacias cuentan con este medicamento en la práctica”, señala el informe.

 

 

Cuando el estado no dispone del mismo para garantizar el acceso a quienes lo solicitan y por Ley bajo las causales deben obtenerlo, el gasto de bolsillo afecta a las que menos tienen. El aumento entre 2012 y 2019 del OXAPROST respecto del salario mínimo se incrementó de un 12% en 2012 al 47% en 2019. “Si bien en 2014 el misoprostol formó parte del acuerdo de precios en el marco del Programa Precios Cuidados y tenía un precio fijado en $452, el Laboratorio Beta encontró la manera de sortear ese control introduciendo una nueva presentación al mercado, lo que provocó que ese mismo año, según el relevamiento del promedio de precio de venta en las farmacias, el costo fuera de $1112. Esa empresa subió más de un 400% el precio de la caja de 16 pastillas de misoprostol entre 2014 y 2019, y modificó la presentación para eludir los controles de precios y obligar a las usuarias a comprar más pastillas de las que necesitan, a un mayor precio. Esta situación denota la dificultad de regular el precio causada no solo por la posición monopólica de Laboratorios Beta, también por la discriminación que sufren las mujeres que deciden interrumpir un embarazo. Este contexto fomenta el mercado ilegal, que eleva mucho más el costo del misoprostol, sumado que existen dos provincias que no permiten su comercialización en farmacias por una ley provincial: Mendoza y San Juan”, indican.

Hoy el precio del  Misop 200 al 21 de Mayo en farmacias es de $3777,79, lo que significa el 30,2% del salario mínimo, vital y móvil. Como señalamos al comienzo el informe revela además que la mayoría de las provincias no cuentan con disponibilidad de misoprostol en todos los niveles de atención de la salud pública, aunque éste sea el primer método recomendado por el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo del ex Ministerio de Salud de la Nación.

 

Entre las conclusiones a las que arribaron en el informe, se deja en evidencia que el aborto se ubica dentro de las dos primeras causas de egresos hospitalarios, lo que muestra la magintud de esta práctica. En este sentido, plantean como conclusión que despenalizar y legalizar el aborto supone un nuevo paradigma de comprensión de una realidad que existe, pero que en las condiciones actuales, termina siendo perjudicial para las más vulnerables: “Que las mujeres más pobres accedan a abortos seguros y legales es también una cuestión de justicia social, porque son ellas quienes enfrentan los mayores riesgos de daños graves de salud, de perder la vida o de enfrentar la persecución penal por llevar adelante la decisión de abortar que toman mujeres de todas las clases sociales”.

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