Por: Carina Ambrogi
La aprobación hace 7 años de la Ley de Identidad de género trajo un manto de legalidad sobre las personas trans que finalmente y a partir de esta ley, pudieron comenzar a pedir por el resto de los derechos vulnerados.
Esta Ley fue ejemplo a nivel mundial, principalmente por permitir el derecho a la identidad autopercibida mediante una simple rectificación registral, es decir basta con que la persona se presente ante el registro civil y manifieste su voluntad de cambio de género y este se modifica en su DNI.
Sin embargo y pese a este avance legal, en la actualidad según denuncia la Mesa de la Diversidad de Río Cuarto, las expectativas de vida de las personas trans son de entre 35 a 40 años, el 90% no posee trabajo formal, y el 75% no terminó los estudios primarios.
Este claro divorcio de legalidad y legitimidad social de las leyes que amplían derechos hacia los sectores vulnerados de la población, se repite tanto en este como en otros casos, que encuentran en la militancia de los “anti derechos” un muro de contención político y social difícil de contrarrestar.
Lo mismo sucede con la Ley de Educación Sexual Integral, que no goza de plena aplicación por negligencia de directivas, madres y padres, y líderes religiosos. Aun así, y con la escasa aplicación de este instrumento que abarca la cuestión de identidad de género, son cada vez más las personas que se animan a visibilizar su situación, para intentar finalmente vivir una vida digna, que atienda a la verdadera identidad autopercibida.
En tal sentido se vuelve cada vez mas trascendente que los gobiernos locales, provinciales y municipales respeten las leyes vigentes y garanticen su debido cumplimiento, cosa que reclaman los organismos vinculados al tema.
En la ciudad de Río Cuarto, por ejemplo, se solicitó ante la secretaría de acción social la ayuda alimentaria para 30 personas Trans en situación de vulnerabilidad, y el estado atendió sólo el reclamo de 12.
En diálogo con La Marea, Walter Sebastián Torres, delegado de la mesa de la Diversidad Río Cuarto, manifestó que esta negligencia se debe a que hay un “falso progresismo fotográfico”, es decir una cosa es la que se manifiesta en televisión y otra las que se aplican realmente. “Creo que hay funcionarios que tienen una mirada discriminatoria, prejuiciosa y homofóbica que en la pública no lo dicen, pero que en la acción concreta se ve reflejada. La violencia no es solo lo que hago sino también lo que no hago, si no es inexplicable que ni si quiera se debata en comisiones los proyectos que hay sobre diversidad sexual, el debate parlamentario mínimamente debería estar”.
La mayor parte de las muertes a temprana edad, se dan por las malas condiciones de vida en la que terminan las personas Trans, que en su mayoría deben prostituirse como una única alternativa laboral. Ante esta situación, se presentó una ley de cupo laboral Travesti-Trans en 2016 que todavía duerme en un cajón del Congreso. Esta ley propone que el 1% de los cargos para trabajar en la administración pública sean ocupados por personas travestis, transexuales, transgénicos y masculinidades trans. Hasta el momento y según revela un informe de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTTA), del que participaron 452 mujeres trans y 46 hombres trans, de todo el país sólo 4 provincias de las 24 aprobaron la legislación para incluir el cupo, aunque ninguna lo cumple todavía.
Esta situación fue presentada en el último Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible CEPAL, mediante una Declaración de Organizaciones de la Sociedad Civil bajo le título: DOS MONÓLOGOS NO HACEN UN DIÁLOGO. Allí se exige a los gobiernos de todos los países integrantes que atiendan con políticas públicas los problemas planteados, para que estas formen parte de la agenda 2030, sin dejar a nadie atrás.
