Ordenanzas que tardan en aplicarse y otras que directamente quedan archivadas; escasez de diagnósticos concretos sobre el estado de situación de las violencias y las brechas en términos de género; las desigualdades económicas como principal preocupación; una dinámica legislativa que atenta contra las políticas públicas que requiere la ciudadanía. En esta nota, el balance en materia de género del 2022 y la agenda planteada para el 2023.
Por Florencia Igarza
Como es habitual cuando culmina un año es tiempo de repaso, de análisis y también de plantearse nuevos objetivos para lo que viene. Gusto a poco podría sintetizarse lo que sienten en el Concejo Deliberante de Río Cuarto, capital alterna de la provincia de Córdoba, respecto a las políticas públicas que se piensan y se implementan en la ciudad en materia de Género. La Marea Noticias dialogó con ediles de los tres bloques que cuentan con representación parlamentaria.
Entre lo más destacado por quienes integran el poder legislativo local se encuentra el “Protocolo Municipal de actuación ante situaciones de violencia de género”, sancionado el 3 de marzo de este año.
“Es una ordenanza que le faltaba a la Municipalidad de Río Cuarto. Es una ordenanza de peso. Y es un orgullo que el Municipio cuente con esta herramienta porque muchas veces es difícil saber cómo actuar cuando ocurren situaciones de violencia si no sos personal técnico especializado”, dice Mariela Gatica, concejala del oficialismo. Y agrega: “Está bueno poder demostrar al resto de la sociedad que se puede contar con protocolos por si ocurre dentro del ámbito empresarial, de clubes, etc. Este año fue la más importante que sancionamos”.
Desde la oposición coinciden en que es “una buena legislación, acertada”, aunque advierten fallas en la puesta en marcha. “Se empezó a implementar y también empezaron a destaparse ciertas cuestiones, pero depende la casuística, de cómo se aplica. Allí hay un error en la ejecución. Cuando existe una ley la aplicación no es según la cara del damnificado o beneficiado, tiene que ser universal porque somos todos sujetos de derechos. En algunas cuestiones o en ciertos casos se tiene una mirada más arbitraria que en otros”, afirma Yanina Moreno Zamanillo, concejala de Juntos por Río Cuarto. “Es complicado si no hay una buena aplicación. Eso pone en tensión intereses, cuestiones partidarias y ahí se complejiza mucho cuando hablamos también del personal que pertenece a la Municipalidad. Está bueno pero hay que ajustar ciertas cuestiones para que tenga eficiencia y eficacia en términos de violencia”, analiza.
Por su parte, Miriam Rodríguez Salvatierra, del Frente Política Abierta, cuenta que ella misma ha planteado a funcionarios del oficialismo que, en un proceso de denuncia, “la protección tiene que ser para todas iguales, no solamente para mujeres sin recursos porque todas podemos sufrir violencia y nos puede pasar algo. Después nos lamentamos cuando ya es demasiado tarde”.
Si bien se sancionó el 2 de septiembre de 2021, Gatica resalta la ordenanza ‘Eliana Alcaraz’ de inclusión laboral de personas trans en el ámbito del Estado municipal ya que en el primer semestre de este año se hizo efectiva. “Es importante destacar que Río Cuarto es uno de los pocos municipios del país, y quizá el único de Córdoba, que cumple con el cupo. Eso es porque se hizo un trabajo entre Concejo Deliberante y poder Ejecutivo durante casi un año para que al momento de aprobarse pueda ser implementado rápidamente”, enfatiza.
¿Hay datos sistematizados en la ciudad respecto a la violencia de género?
Peor que políticas que tardan en implementarse son aquellas que directamente nunca se ejecutan pese a haberse sancionado. Uno de esos casos refiere al Observatorio Local de Violencia contra las Mujeres, el cual obtuvo la aprobación del órgano legislativo el 5 de agosto de 2021.
Moreno Zamanillo, autora del proyecto, indica que la creación de dicho Observatorio “es relevante porque es una herramienta fundamental a partir de la cual se puede diagnosticar la ciudad y en función de eso generar políticas públicas”. Sin embargo, asegura que “no se ha implementado aún”. “Hablé con la Secretaria de Género un tiempo después de la aprobación y me dijo que nos íbamos a reunir para revisarlo pero quedó ahí y no se ha implementado”, detalla.
En este sentido, la ex subsecretaria de Niñez y Adolescencia manifiesta que hoy en Río Cuarto “no tenemos el número real” acerca de la cantidad de víctimas de violencia de género. “¿Desde qué punto estamos partiendo para diseñar y construir políticas públicas? No lo tienen. Y si no tenés un diagnóstico certero, ¿cómo podes pasar a la segunda parte? No tenemos los diagnósticos, vamos a hacer las cosas mal y no vamos a llegar a restituir derechos”, expresa con preocupación.
¿Qué más falta?
Bajo presupuesto es la primera coincidencia entre las concejalas opositoras. La actual Secretaría “no alcanza a cubrir todos los hechos de violencia contra la mujer”, opina Rodríguez Salvatierra, quien hace hincapié en la falta de recursos.
En tanto, Gatica menciona como deuda el hecho de “poder ponerle perspectiva de género a todas las ordenanzas que salgan, más allá de las que se puedan tratar en la comisión de Género”. Y puntualmente se detiene en el tema social en el marco de lo que ocurre a nivel país: “La lucha por la igualdad de género es una lucha por la igualdad social y económica. Estamos atravesando una profunda crisis económica y todo lo que se trabaje el año que viene tiene que ir en ese sentido, en poder contribuir a garantizar esa igualdad económica que hoy no se vive ni en cuestiones de género ni en otros ámbitos. Me preocupa el acceso a los alimentos, que muchas veces los costos de la alimentación en el hogar los resuelvan las mujeres y eso también implica una desigualdad. Por eso más allá de la prevención de violencias hay que hacer énfasis en las desigualdades socioeconómicas”.
La concejala de la primera minoría acuerda en la temática y señala específicamente el desempleo en la mujer. “La desigualdad que hay en las mujeres respecto al trabajo, el empleo informal, y las jóvenes mujeres están más complicadas en ese tema. Allí hay que resolver una cuestión muy estructural que no sólo tiene que ver con Empleo sino también con Hábitat. Tenemos un 42% de mujeres jefas de hogar y no hay políticas públicas apuntadas en ese sentido”, describe Moreno Zamanillo.
A su vez, sostiene que “no se está trabajando en prevención en las poblaciones más jóvenes. Por ejemplo la violencia en el noviazgo, que es un tema fundamental, no se está trabajando eso. Hoy se está atendiendo al caso”.
Un poder del Estado que no funciona
No se puede pensar una agenda de políticas públicas sin considerar el funcionamiento que tienen los legislativos en general y algunos en particular. En Río Cuarto ya hace bastante que, en distintos temas y momentos, los ediles cuestionan y reconocen que de poco sirve tener un Concejo Deliberante limitado a legalizar los actos del Ejecutivo.
“Para armar proyectos una investiga y después queda en una comisión que a veces ni se trata o se trata a la pasada y te dicen ‘vamos a ver’ o vuelve una respuesta negativa desde el Ejecutivo. Con total sinceridad, te quita las ganas de ponerte a escribir e intentar mejorar la ciudad cuando no hay ni siquiera voluntad de debate político en una comisión”, expone la concejala radical desnudando lo que ocurre en el órgano deliberativo que conduce Darío Fuentes.
Mientras, la dirigente de Política Abierta deja en el aire un interrogante sobre un tema que hace poco lo tuvo en la mira al secretario de Gobierno, Camilo Vieyra, por integrar un jurado de un evento prohibido por una ordenanza. “Los hechos de violencia siguen estando y muchas veces no hay una sanción. Las leyes están pero no se aplican. ¿Por qué sucede eso?”, se pregunta y nos pregunta a todos y todas la compañera de bancada de Pablo Carrizo, actual concejal de Río Cuarto que está a días de ir a juicio por violencia de género.
