En 2009, Rachel Crandall, co-fundadora de la organización Transgénero Michigan, impulsó la iniciativa de establecer el 31 de marzo como Día para la Visibilidad Trans alrededor del mundo, frente a la necesidad de tomar conciencia y reflexionar sobre las condiciones de vida que ponen en serio riesgo a la comunidad.
Por Santiago Merlo. Redacción La Marea Noticias
Argentina, a partir de la Ley 26743 de Identidad de Género, se ubicó a la vanguardia internacional por el reconocimiento del estado de derechos. Sin embargo, en el contexto actual, continúan agravadas las vulnerabilidades en lo habitacional, alimentación, salud y trabajo; derechos imperativos para las personas trans, que todavía son estigmatizadas, discriminadas y violentadas cotidianamente a causa de su identidad de género.
Sólo el 9% de población travesti y trans está inserto en el mercado formal de trabajo y es altísimo el porcentaje que nunca accedió siquiera a una entrevista laboral.
La ley de cupo laboral travesti y trans vigente no se cumple.
La Educación Sexual Integral no se implementa en las escuelas y el trato a las niñeces y adolescencias trans sigue siendo institucionalmente discriminatorio y de expulsión, y donde se respeta nombre elegido y genero autopercibido, en general, es porque hay voluntad docente de sostener y garantizar la permanencia en la escuela, la mirada y el abrazo, acompañando esas trayectorias particulares.
No hay proyecto institucional ni son transversalizados los contenidos prioritarios desde una pedagogía trans travesti no binaria.
No se respeta el artículo 12 de la Ley, Trato Digno, y muches niñes y adolescente dejaron de ir a la escuela o, pos pandemia, continúan estudios desde su casa. No pueden sostener la presencialidad. Ansiedad, depresión, miedo al afuera. No hubo intervenciones o no fueron las adecuadas ante acoso escolar y otras formas de violencia a la expresión del género.
Varios proyectos permanecen en el Congreso desde hace años.
Hoy, la mayoría de las personas travestis y trans se encuentra sin ingresos y vive en la pobreza, sin políticas integrales que las contemplen.
Y si bien la pandemia obligó a reforzar el despliegue del gobierno nacional para llegar a esa población, no alcanza y debe articularse con el trabajo de las organizaciones sociales que, en general, tampoco tienen apoyo local municipal y/o provincial para sostenerse, a pesar de que son las que tienen verdadera llegada al territorio.
En cuanto al acceso a la salud, las restricciones se vinculan con un sistema de atención médica binaria y transexcluyente, que hace que usuaries del colectivo no regresen, interrumpan sus tratamientos, no se realicen controles generales o atenciones en especialidades, lo que pone otra vez en serio riesgo de vida a la población.
Para el colectivo trans esta falta de formación, como la que proveería la Ley Micaela, en los centros de salud se constata en lo cotidiano.
A la discriminación estructural, se suma la violencia institucional. Continúan los casos de hostigamiento policial y, en las cárceles, la mayoría de travestis y trans detenides no tienen condena.
Los crímenes de odio, travesticidios y transfemicidios, aumentan. A Tehuel hace dos años lo desaparecieron y aún no sabemos dónde está…
La situación es crítica y urgente.
Necesitamos una integralidad en las políticas públicas, con un rol estatal activo en la reparación de los derechos vulnerados durante años, que se profundizaron en contexto de pandemia, con serias consecuencias después de ella.
Ratifiquemos como sociedad el compromiso de trabajar y acompañar a las personas trans en el acceso a todos los derechos. En especial al empleo, que puede cambiar las condiciones materiales, dejando de penar a una expectativa de vida que no supera la del medioevo, aun hoy, en 2023.
No hace falta ser la causa para defenderla como justa.
Y vos, ¿ya estás haciendo tu parte?
