Finalizó la visita a nuestro país del comité de expertas de la OEA

 

Autocensura, hostigamiento, miedo e impunidad: La violencia contra las mujeres en la vida pública y política en Argentina. 

 

Por Redacción La Marea Noticias

 

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos (OEA) culminó una visita oficial al Estado de Argentina, la cual tuvo lugar del 1 al 3 de marzo de 2023, con el objetivo de abordar la violencia contra las mujeres en el ámbito político y proveer asistencia técnica a las autoridades en la materia. 

 

A lo largo de las reuniones mantenidas con autoridades y representantes del Estado, mujeres víctimas de violencia en el ejercicio de sus derechos políticos, organizaciones de la sociedad civil, academia y medios de comunicación, este Comité pudo recabar información que da cuenta de la existencia de instrumentos para abordar la violencia en el espacio político. Sin embargo, constató que, a pesar de estos instrumentos, subyace un clima de hostigamiento, ataques e impunidad contra las mujeres que participan en la vida pública y política. 

 

La delegación estuvo encabezada por la presidenta del Comité de Expertas, Marcela Huaita Alegre, de Perú, integrada por las Expertas Leila Linhares Barsted, de Brasil, Lourdes Montero Justiniano, de Bolivia, y Sylvia Mesa Peluffo, de Costa Rica, y por la Secretaria Técnica del MESECVI, Luz Patricia Mejía Guerrero y la periodista Tatiana Bensa. Acompañó a la delegación la experta independiente del país, Susana Charotti.

 

Foto: agencia chaqueña de noticias

La delegación sostuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado: representantes de la Cancillería, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Ministerio del Interior; con la Presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, la Defensora General de la Nación, la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres y el Presidente de la Cámara Nacional Electoral; y con Diputadas, Senadoras y representantes de partidos políticos. 

 

Asimismo, el Comité de Expertas mantuvo audiencias privadas con mujeres víctimas de actos de violencia en el ejercicio de sus derechos políticos; con organizaciones y representantes de la sociedad civil, academia y mujeres periodistas víctimas de violencia en el ejercicio de su profesión. 

Como producto de esta visita, la delegación del Comité de Expertas presentó una serie de observaciones y recomendaciones preliminares, resultado de las audiencia mantenidas, que servirán para elaborar un informe de país que será entregado a las autoridades en las próximas semanas.

 

TOLERANCIA FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO PÚBLICO 

La delegación constató que las manifestaciones de violencia contra las mujeres en la política no son hechos aislados, que se trata de una práctica ampliamente tolerada y que esto ocurre en todos los ámbitos de la vida pública, afectando a mujeres que se desempeñan en la función pública, en lo interno de sus partidos políticos, en los sindicatos, en las organizaciones sociales y de derechos humanos, y en los medios de comunicación. 

Prácticamente la totalidad de las entrevistadas durante las diferentes audiencias coincidió en que los hechos de violencia pretendían tener un carácter disciplinador por ejercer sus derechos en espacios que tradicionalmente no les pertenecían. Especial preocupación generó también al Comité la situación de periodistas y comunicadoras sociales, así como defensoras de derechos humanos y sindicalistas, quienes manifestaron un claro retroceso en los espacios logrados y un elevado costo personal que obligó a muchas de ellas a silenciar su voz para protegerse, dándose así un proceso amplio de inhibición y autocensura. 

 

DISCURSOS VIOLENTOS EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El Comité pudo constatar que los actos de violencia son facilitados y exacerbados por algunos medios de comunicación social y el uso de las redes sociales, a través de mensajes y comentarios sexistas, símbolos, amenazas de violencia, divulgación de gestos e imágenes de naturaleza sexista o sexualmente humillante, principalmente por parte de parlamentarios, líderes políticos, funcionarios o ex funcionarios con poder y representación en los partidos políticos y distintos órganos de gobierno nacional, provincial y local. 

Los actos de agresión en línea dirigidos en contra de mujeres con un perfil público o que son activas en los debates digitales son un ataque directo a la visibilidad de las mujeres y su participación plena en la vida pública, lo cual debilita al sistema democrático.

 

SILENCIAMIENTO, AUSENCIA DE CONDENA PÚBLICA E IMPUNIDAD 

El Comité llamó la atención sobre el hecho de que existe un silenciamiento y una ausencia de condena pública de estos hechos que profundiza, facilita, reproduce y magnifica la violencia contra las mujeres en la política. La delegación pudo evidenciar que el discurso de odio contra las mujeres políticas, especialmente las máximas figuras como la Vice Presidenta, la Presidenta de la Cámara de diputados, o las líderes sociales y políticas de las provincias, como en los casos de Milagro Sala en Jujuy y las Ramonas en Catamarca, genera un desorden informativo de características violentas que busca mermar su influencia pública. Estos hechos se agravan por una evidente tolerancia por parte de los órganos del Estado, que parece ser sistemática. 

Finalmente los casos donde convergen diferentes interseccionalidades como las condiciones de mujeres indígenas o las representaciones de las militancias por los derechos de las mujeres lesbianas o trans, se evidencia que el racismo o el desconocimiento de estos derechos facilitan la falta de esclarecimiento de las denuncias.

 

FRAGILIDAD INSTITUCIONAL Y DESCONFIANZA 

A pesar de la percepción de que existe una legislación robusta de protección de derechos de las mujeres, con leyes que han supuesto importantes avances, según la información recibida por el Comité se desprende que hacen falta mecanismos para la implementación de dichas leyes, como reglamentos y protocolos de actuación frente a las situaciones de violencia. Por otro lado, a través de los diferentes testimonios recibidos, el Comité constató que los mecanismos existentes no se están utilizando por una profunda desconfianza en la independencia y autonomía de los órganos tanto judiciales como partidarios, que deberían responder para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito político. 

En este contexto la característica casi común de los casos de violencia contra mujeres en la política es la impunidad. 

 

Recomendaciones 

A la luz de las anteriores observaciones preliminares del Comité de Expertas, en ejercicio de su mandato y en cumplimiento de las obligaciones y estándares de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” y de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política, solicita al Estado de Argentina implementar las siguientes recomendaciones iniciales: 

 

Al Estado Argentino:

1. Incluir a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” dentro del bloque de constitucionalidad 

 

Poder Ejecutivo 

Esta delegación del Comité reconoce que la institucionalidad de género en Argentina dio un salto cualitativo con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Igualmente, tuvo información de una serie de proyectos e iniciativas que se están desarrollando para la atención de las violencias contra las mujeres. No obstante, la gravedad de los hechos de violencia política y simbólica contra las mujeres políticas y periodistas hace necesario la implementación de medidas urgentes tendientes a:

 

1. Establecer un protocolo que coordine la actuación de los órganos competentes para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en la vida política, así como para la efectiva resolución de los casos; 
2. Incorporar la violencia contra las mujeres en la vida política en los protocolos de atención e investigación de violencia contra las mujeres; 
3. Desarrollar acciones para la investigación y recopilación de estadísticas sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra las mujeres en la vida política, determinando los medios para su divulgación
4. Adoptar una metodología que permita evaluar el riesgo particular que pueden enfrentar las mujeres de sufrir violencia en la vida política debido a múltiples factores de discriminación como sexo, edad, raza, etnia y posición económica, entre otros, y diseñar las medidas para prevenirlo; 
5. Generar una revisión en colaboración con el órgano electoral, y el órgano contra la discriminación mediante un escrutinio estricto, de todas las normas y prácticas relacionadas con el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, incluyendo los sistemas normativos y prácticas culturales, que puedan tener un impacto discriminatorio y violento contra las mujeres en la política. 
6. Desarrollar campañas de sensibilización sobre las implicaciones de la violencia contra las mujeres en la vida política, como un factor de debilitamiento de la democracia, así como de prevención e información sobre las rutas de atención y denuncia en casos de violencia en el ejercicio de los derechos políticos. 
7. Promover el cumplimiento efectivo de lo estipulado por la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en materia de violencia contra las mujeres en la vida política.

 

 Al Órgano Electoral 

En el marco de sus atribuciones, adoptar, en coordinación con las autoridades competentes, entre otras, las siguientes medidas: 

1. Establecer un protocolo de actuación de carácter interno que identifique las dependencias responsables, así como las medidas y sanciones aplicables ante los casos de violencia contra las mujeres en la vida política que conozcan; 
2. Fortalecer la capacidad de generar estadísticas sobre violencia contra las mujeres en la vida política en el ámbito electoral que permita diagnosticar el problema y diseñar acciones concretas; 

 

Al Órgano Legislativo: 

1. Incorporar dentro de su reglamento, tanto del Congreso de Diputados como del Senado, la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política e incluir acciones disciplinarias entre pares para sancionar los actos de violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus funciones. 
2. Implementar protocolos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
3. Actuar de manera inmediata y con la debida diligencia contra actos y discursos violentos en el ejercicio de la actividad parlamentaria que menoscaban la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones y sin discriminación. 

 

A los Órganos Judiciales y Ministerio Público: 

1. Actuar con debida diligencia reforzada frente a casos de violencia contra las mujeres en la vida política para garantizar el efectivo acceso a la justicia a las víctimas, la investigación expedita de los actos de violencia, la sanción y reparación y no repetición. 
2. Garantizar a las mujeres víctimas de violencia en la vida política su derecho a todas las garantías establecidas en la legislación nacional de violencia contra las mujeres. 

 

A los Medios de Comunicación: 

1. Promover que los medios de comunicación y las redes sociales no violenten los derechos de las mujeres, la imagen de las mujeres que participan en la vida pública y su privacidad, y combatan los contenidos que refuerzan, justifican o toleran la violencia contra las mujeres en la vida política; 
2. Generar políticas internas con los medios de comunicación y las empresas de redes, así como códigos de autorregulación dirigidos a desnaturalizar las agresiones en línea y sensibilizar entorno a sus impactos en las personas y la sociedad. En este sentido, las políticas deberán estar orientadas tanto a quienes habitan hoy el espacio digital, como a niños, niñas y jóvenes que lo harán en el futuro. 
3. Eliminar como parte de una política editorial interna toda expresión que desprestigie a las mujeres con base a estereotipos de género y asegurar el respeto a los derechos políticos de las mujeres y a la reputación de las mujeres que participan en la vida política. 
4. Prohibir toda propaganda en contra de los derechos políticos de las mujeres y toda apología del odio en base al género y/o sexo que constituya incitaciones a la violencia contra las mujeres en la vida política, o cualquier otra acción ilegal similar contra las mujeres que participan en la vida política, por motivos de sexo y/o género. 
5. Promover el uso responsable y respetuoso de la comunicación, a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación, en relación a los derechos de las mujeres y su participación política, con particular atención al periodo legal de campaña electoral.