Este jueves hubo una movilización en Buenos Aires, en respaldo a la médica de Tartagal acusada de realizar una ILE . El viernes próximo realizarán otra en Salta. En tanto, la defensa de Ruiz presentó un pedido de nulidad de la causa que se abrió en su contra en 2021.
Por Magdalena Bagliardelli – Redacción de La Marea Noticias.
En septiembre del año pasado, la médica generalista Miranda Ruiz fue detenida por unas horas, imputada tras haber realizado una interrupción legal de embarazo (ILE) en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, localidad situada al noreste de la provincia de Salta. Gracias a la presión de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y organizaciones feministas a lo largo del país, Ruiz recuperó su libertad, pero aún enfrenta una causa judicial en su contra.
“Grupos antiderechos en complicidad con el poder judicial de la provincia armaron una causa para intentar disciplinar a quienes garantizan el acceso al aborto seguro. Se la imputa por haber garantizado una interrupción legal del embarazo que está en el marco de la Ley 27.610”, expresó Julieta Bazán, miembro de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, de Buenos Aires.
Este jueves se movilizaron frente al palacio de justicia en Buenos Aires con la consigna: “Garantizar derechos no es delito”. El objetivo del “chaquetazo” fue también exigir a la justicia nacional que cuide a quienes garantizan derechos en todo el territorio nacional y apuntó contra quienes “pretenden que las mujeres y personas gestantes que ejercen su derecho a la autonomía no accedan a la salud y sigan exponiéndose a abortos inseguros y clandestinos”.
La médica Miranda Ruiz contó con el apoyo del director del Hospital donde trabaja y también del propio Ministerio de Salud de la provincia de Salta. Sin embargo, la causa en su contra es por el supuesto delito de «aborto sin consentimiento de la gestante».
En este último tiempo, la médica que continúa realizando su residencia en Tartagal cambió de representación jurídica y a fines de junio, el nuevo abogado Oscar Pedro Guillén, presentó un pedido de nulidad ante el juez de Garantías Héctor Mariscal Astigueta, basado en que se considera que el fiscal Vega que investiga la causa, la fundamenta sobre conjeturas .
“Acá no hubo delito y la causa tiene que quedar en nada”, dijo Verónica Cuevas, miembro de la Red de Profesionales de la Salud, de Salta. Según explicó la profesional, “entre las cuestiones más importantes que fundamentan el pedido de nulidad están el desconocimiento de la historia clínica como documento de prueba; el desconocimiento del consentimiento informado que realizó la mujer (de 21) que solicitó la práctica”.
Además, “hay pruebas de que la paciente recibió presiones para denunciar y decir que ella no estaba de acuerdo; se ignora que en la historia clínica consta que intervinieron seis profesionales distintos (un equipo interdisciplinario), se ignora que Miranda es una residente y por eso no puede caber toda la responsabilidad en ella porque de acuerdo a la normativa nacional y provincial, del sistema de residencias, un residente tiene que contar con el aval de un superior para cada una de las acciones que realiza, y en este caso fue así. O sea que quien tendría que ser imputado es jefe del servicio de ginecología y no ella, porque todo lo hizo bajo supervisión”, añadió Cuevas.
“Esto va determinando que es una causa armada y nos preocupa si van a dar o no lugar a este pedido de nulidad, porque entendemos que este poder judicial no está tomando cuestiones racionales sino intencionadas claramente hacia la criminalización y aleccionamiento de personales de salud que garantizan IVE e ILE. Esto que hizo Miranda está enmarcado en leyes y se realiza en el país todos los días y nadie va preso por esto”, continuó Cuevas.
Desde la Red aseguran que si el juez no acepta el pedido de nulidad, “se seguirá apelando en todas las instancias que hagan falta”.
El hecho
Una joven de 21 años solicitó una ILE en el Hospital de Tartagal. Fue atendida por un equipo interdisciplinario que realizó una evaluación para diagnosticar la causal (violación o para preservar la vida y la salud integral de la persona gestante) y luego le informaron de las opciones que tenía: seguir el embarazo y dar en adopción o realizar una interrupción.
La mujer reafirmó su decisión de realizar una ILE y brindó su consentimiento informado. “Después se le indica el tratamiento autoadministrado. Si ella dudaba o se hubiese sentido forzada, no lo hubiese realizado. Sin embargo, sí se colocó las pastillas. Después de que se produce el aborto, los familiares de la paciente, como están en contra de los derechos de las mujeres, denunciaron a la médica”, explicó Julieta Bazán.
«Con todo lo que se mediatizó y la militancia de los antiderechos que expusieron su caso, la paciente hizo la denuncia. Pero después de esos días continuó diciendo que ella quería abortar. A la paciente se la siguió acompañando por la violencia mediática ejercida en su contra. Acá el problema es que la justicia de curso a este tipo de denuncias en el marco de una ley que nos ampara”, expresó la médica de Buenos Aires que se movilizó en la tarde del jueves.
Miranda Ruiz es la única médica en Tartagal que no se declaró objetora, aunque, hay otrxs profesionales que “dicen que son objetores en la parte pública, pero en la privada hacen abortos”, señaló Bazán. “La bronca con la ley es porque se les acabó el negocio”.
Por otro lado, aclaró que Ruiz “se encuentra bien”, sigue con su tarea de la residencia y está terminando la especialidad de medicina familiar y general. “El consultorio de salud sexual de Tartagal, por el contrario, luego de la denuncia aumentó la demanda. Ahí las personas pudieron visibilizar un espacio seguro y de contención”, indicó.
