El jueves se dieron a conocer los alegatos por la condena de Diego Concha en el juicio por homicidio calificado producto de abuso sexual. El fiscal López Villagra pidió 20 años, descartó la cadena perpetua y pidió que el caso sea declarado como un hecho de violencia institucional. La familia espera que se dictamine prisión perpetua el próximo 27 de agosto.
El caso de Luana Ludueña aún genera conmoción. Se trata de una bombera voluntaria que fue la primera en denunciar a Diego Concha por abuso sexual en diciembre de 2021. Su testimonio fue clave para llevarlo a juicio y destapar otros casos de abuso. Sin embargo, a pesar de la condena en octubre de 2022, Luana se quitó la vida en diciembre del mismo año. Este trágico final refleja las graves consecuencias psicológicas del abuso y la violencia de género, y la falta de apoyo y protección a las víctimas.
Por Fiamma Zirpoli para La Marea Noticias
En comunicación con LA MAREA, Cristina, la mamá de Luana, dijo que “si bien los 20 años se acercan mucho a la pena máxima, aún hay esperanzas de que el Jurado dictamine prisión perpetua el próximo 27 de agosto”.
Diego Concha, exdirector de Defensa Civil de Córdoba, había sido condenado a 14 años y 6 meses de prisión en octubre de 2022 por delitos como abuso sexual con acceso carnal, amenazas, abuso sexual simple y abuso de autoridad, tras ser denunciado por la bombera voluntaria Luana Ludueña en diciembre de 2021. Sin embargo, a pesar de la condena, Luana se quitó la vida en diciembre de 2022.
A esta situación se suma el juicio a Emiliano Conti, exbombero acusado de privación ilegítima de la libertad agravada por amenazas contra Luana Ludueña, que se encuentra programado para el 30 de octubre de 2024. Según la acusación, Conti, quien mantenía una vínculo con Luana, la maltrató verbal y físicamente e impidió que saliera de su auto después de que ella le confesara haber sido abusada por Diego Concha cuando este aún era titular de Defensa Civil.
Ahora Conti, quien fue expulsado del Equipo Táctico de Acción ante Catástrofes (Etac) tras ser imputado, enfrenta cargos por estos hechos en un juicio paralelo como partícipe de la muerte autoinfligida de Luana.
El impacto de la violencia de género en las instituciones públicas
El caso ha expuesto graves fallas en la protección a las víctimas de violencia de género y abuso de poder y generó debate sobre la violencia de género en instituciones públicas. Diego Concha aprovechó su posición de poder como director de Defensa Civil de Córdoba para intimidar y abusar sexualmente de mujeres que trabajaban bajo su mando. La denuncia inicial de Luana Ludueña destapó una serie de abusos que habían sido encubiertos durante años. Estos hechos revelan la punta del iceberg de un patrón de conducta abusiva y la cultura de impunidad que existe en algunas instituciones públicas.
Todo esto nos lleva a cuestionarnos sobre la violencia de género en las instituciones públicas y la necesidad de mejorar la protección a las víctimas y pone de manifiesto la importancia de crear entornos seguros para quienes denuncian abusos y de implementar políticas efectivas de prevención y apoyo.
En este sentido, se presenta como una situación con similitudes respecto al caso de la reciente denuncia de Fabiola Yañez al expresidente Alberto Fernández. En ambas situaciones, se observa cómo las dinámicas de poder y la violencia de género no solo afectan a las víctimas, sino que también generan un impacto significativo en la percepción pública y la confianza en las instituciones. La violencia de género, cuando se manifiesta en contextos de poder, adquiere una dimensión que trasciende lo personal y se convierte en un tema de interés y preocupación social, debido a las implicancias que tiene en la integridad de las instituciones y en la credibilidad de quienes las representan. En otras palabras, como decimos hace años desde el movimiento feminista: LO PERSONAL ES POLÍTICO.
Ambos casos subrayan la importancia de abordar la violencia de género de manera coherente, tanto en lo público como en lo privado. Es fundamental no solo que los líderes y las instituciones actúen con integridad y transparencia, sino que como ciudadanía continuemos exponiendo y reclamando constantemente por mayor consciencia y compromiso a nuestros representantes para erradicar la cultura de impunidad que permite que abusadores en posiciones de poder operen sin consecuencias.
