Ante los hechos de público conocimiento de ataques sexual dentro de la sede departamental de la Policía de Córdoba, ubicada en el centro de Río Cuarto, compartimos el comunicado de la organización Ni una Menos Río Cuarto. «No tendrán la comodidad de nuestro silencio, ¡Nunca más!»
El 27 de mayo, una detenida denunció por abuso sexual al subinspector de la Unidad Departamental de la Policía de la Provincia, Daniel Heredia. La denunciante advirtió que el policía amenazó con matar a su hija de 14 años, quien era la encargada de llevarle comida, y temía represalias por denunciarlo. La abogada de la denunciante destacó que la actitud de una agente de custodia femenina en la alcaidía fue clave para que su representada se animara a denunciar, ya que esta persona habría sido la primera en informar del hecho a las autoridades policiales. Con el paso de las horas, y luego de que la sobreviviente diera su testimonio en televisión, se sumó una segunda denuncia de otra mujer que se animó a hablar. Recién después de que el policía acumulara tres denuncias por abuso sexual, fue imputado por la Justicia por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de funcionario público en ejercicio de sus funciones, y fue puesto en situación pasiva de su cargo, el cual tiene un alto rango. Hasta ahora hay alrededor de siete denuncias, algunas formalmente radicadas en la Justicia.
Una de las denunciantes también relató que mientras estuvo detenida en la UR9, presenció cómo un joven sufría torturas. «Lo tenían atado en el patio, lo pellizcaban, lo quemaban, y le decían: ‘¿Te gusta?'», mencionó. El abuso sexual es uno de los mecanismos de tortura que utilizan las fuerzas de seguridad con el fin de humillar, dominar y demostrar la impunidad del abuso de poder que poseen.
En 2010 también se conoció una denuncia de abuso sexual en la alcaidía de Río Cuarto, vinculada a una fiesta organizada por uniformados, que resultó en la internación de una detenida y el procesamiento de dos policías, que reconocieron haber sacado pastillas de la enfermería y accedieron a una condena en suspenso. Los abusos sexuales denunciados por una de las detenidas no se consideraron en el juicio. Nadie le creyó a la sobreviviente.
Esto no puede seguir sucediendo. Exigimos que la Justicia sea reparadora con las sobrevivientes, que las escuche y actúe con perspectiva de género; y que se actúe sobre las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en la UR9, por lo cual nos sumamos a la presentación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, de un amparo correctivo por las condiciones inhumanas de detención y abuso policial, ante la Justicia.
En Argentina, a 9 años del primer «Ni Una Menos», del total de femicidios contabilizados, 180 fueron ejercidos por efectivos de las fuerzas de seguridad. En el año vigente, el 8% de los femicidas fueron efectivos de las fuerzas de seguridad y un 30% cometió el homicidio con arma de fuego. Además, en Córdoba rige un modelo policial que naturaliza los abusos de poder, exalta los procedimientos violentos y encubre los delitos propios.
Sabemos el coraje que significa denunciar violencias cometidas por el personal de las fuerzas de seguridad, y por eso nos ponemos a disposición para acompañar en el proceso. No están solas. Ya lo dijimos y lo repetimos, no tendrán la comodidad de nuestro silencio, ¡Nunca Más!
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