Diversidad

Justicia y patriarcado, asunto separado: el fallo de la Corte y la complicidad con la iglesia

Conversamos con Alba Rueda, activista trans  y subsecretaria de políticas de diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, acerca del reciente fallo de la Corte Suprema que en contra de lo dispuesto por la Ley de Identidad de Género, le niega la posibilidad de modificar su acta de bautismo con su verdadero nombre.

Por Sasa Testa y Pía Ceballos. Especial para La Marea Noticias

¿Cuál es tu reclamo inicial? ¿Qué dictaminó la corte y con qué argumento?

Después de la Ley de Identidad de Género, yo hice los cambios en toda la documentación en donde figuraba el nombre que me pusieron al momento de nacimiento y el de la iglesia fue el último trámite que me quedaba pendiente de hace montón de tiempo.

Nosotras (con Pía) empezamos militando el tema en Salta y parte de esa militancia fue judicializarlo. A finales de 2010 y a principio de 2011, empieza lo más fuerte y en abril, sale la sentencia que reconoce mi nombre y mi identidad. Fui la primera salteña en obtener el nuevo documento.

Uno de los pendientes era hacer el cambio en los documentos de la Iglesia, entonces con Pía empezamos a hacer el recorrido hasta identificar la iglesia donde había sido bautizada. Cuando pedí el libro de bautismo (que es un documento semipúblico de esa iglesia y cualquier persona puede pedirlo) le saqué una foto y cuando quise presentar una nota pidiendo la rectificación me dijeron que no, que debía ir al arzobispado de Salta a presentar la nota porque estas modificaciones no la podían tomar.

Frustradas salimos y presentamos la nota en el arzobispado de Salta al dia siguiente. La respuesta que nos brindaron decía: El derecho canónico desconoce la ficción jurídica: usted nació con un sexo y un nombre que le asignaron sus padres y este es un dato histórico que está asentado en nuestro libro de acta. Me pareció tan fuerte y grosero el ataque contra la Ley de Identidad de Género que hablé con Joma, abogade salteño, y le pedí que me ayude con las presentaciones para poder judicializarlo.

A partir de esta acción agresiva que tiene el arzobispado de Salta de llamar «ficción jurídica» a la Ley de Identidad de Género empezamos en los tribunales de Buenos Aires pidiendo dos cosas: la primera, tal como dice la Ley, la reserva de los datos personales, es decir que no sean aspectos públicos o semipúblicos sino que se cumpla la reserva de datos personales. Y la segunda, es el reconocimiento de mi identidad en los papeles del sacramento: bautismo, comunión y la confirmación.

Yo no estaba pidiendo rebautizarme con mi nombre, o que me bauticen ahora que soy Alba, yo no soy otra persona, soy la misma que he sido bautizada, que tomé la comunión y tomé la confirmación y pido que la certificación de esos documentos sea con mi nombre tal como lo dice la Ley Identidad de Género, en su artículo 12 “trato digno” , tanto público y privado, y la reserva de los datos personales.

En todas las instancias judiciales la causa ha sido rechazada. Sin embargo, apelamos para llegar a la Corte Suprema. El 29 de noviembre del 2019 ingresó y desde esa fecha hasta hace dos semanas atrás, el 7 de mayo de 2023, la causa estuvo en Corte Suprema donde hubo muchas cuestiones irregulares: Una, es que más 30 organizaciones sociales pedimos audiencia pública para poder expresar que hay personas LGBTIQ+ dentro de la iglesia católica y que nuestra identidad de género es concordante con el principio legal, además del ejercicio de la fe, religión y de la espiritualidad. Esas organizaciones de DDHH y de diversidad de América Latina, queremos decir que la comunidad católica tiene una gran representación de personas LGBTIQ+ y que somos parte de la comunidad católica, bautizada y con los sacramentos ,y que no es incongruente reconocer nuestros derechos, a la vez tanto el derecho a la libertad religiosa, como el derecho a la identidad de género.

Y que Ley de Concordato -el acuerdo entre el estado y la iglesia católica- vulnera mi derecho a la identidad en la jurisdicción argentina, en tanto la Ley de Identidad de Género se inscribe en todas las jurisdicciones. En ese marco, el fallo de la Corte dice que no, que hay muchos islotes donde se suspende la Ley de Identidad de Género y que se va respetar lo que entienda la iglesia católica en virtud de la licencia que hizo la Ley de Concordato, del 66. Además dice que no constituye ningún acto de discriminación que no se te reconozca la identidad de género. O sea, que se vulnere mi identidad no es un acto discriminatorio.

 

¿El derecho canónico está por encima de los tratados internacionales? 

 

No y no estamos hablando de los derechos canónicos sino del acuerdo del Estado argentino con la Ley de Concordato que delimita jurisdicciones creando limitaciones en los derechos. Yo no pedí ser rebautizada, sino la rectificación registral que tiene que ver con otro principio más amplio que es el ejercitar mi derecho a la fe, a ser nombrada por quien soy. Y esto se vulnera en esta sentencia.

Otras de las situaciones muy graves fue que el expediente tenía una reserva y no podía ser público, pero mientras el expediente estaba en la Corte Suprema de Justicia se filtró a la Universidad Católica Argentina (UCA) sacando un artículo en la revista “el derecho” con letra de molde que dice que yo no tengo derecho a la identidad de género y que un tiempo después lo va decir el mismo fallo. Y este artículo revela información sensible del expediente, lo que me llevó hacer otra denuncia a la revista de derecho de la UCA y al autor de ese artículo.

Lo que quiero transmitir es que no nos dieron oportunidad de hablar sobre que sí constituye discriminación cuando no te reconocen la identidad de género, que ya de por sí es gravísimo.

Y finalmente me obligan a pagar las costas del juicio, lo cual es un gasto que tengo que absorber. Esto me genera una vulneración muy grande porque aparte debo pagar los costos a la Corte Suprema por tomarse el trabajo de condenar y rechazar el pedido.

 

Estamos a 40 años de la democracia y a 11 años de la Ley de Identidad de Género; ¿por qué pensás que se dan estas resistencias en las instituciones como la iglesia y también de la justicia, y en un  fallo como este? 

 

Gracias por la pregunta, porque nos permite también hablar de lo que sucedió en esto 40 años de construcción de una democracia que tenga que ver con la ciudadanía trava/trans en Argentina: es un carácter y textura de los 40 años con nosotres adentro y levantando la bandera de los DDHH.

La primera reflexión es que nuestra democracia no es solamente formal sino que es construida por los movimientos sociales y de ahí que nuestra democracia tiene que ver con la lucha de los derechos humanos, por eso honramos a Madres, Abuelas y a los organismos que tienen que ver con gestación de una posición política.

El gran valor que tiene nuestro país en torno a esto ha sido el  poder juzgarse a sí mismo, reconocer la violencia que generó el Estado a través de los golpes, y llevarlo al tribunal civil para juzgar a los genocidas.

La significación del ámbito judicial para la creación de los DDHH es una de las fronteras más significativa para nosotres, ya que en estos 40 años hemos vivido no de manera lineal la constitución de esa corte suprema de justicia, que efectivamente ha tenido distintas posiciones en torno a los gobiernos. Y que también ha reivindicado los derechos humanos cuando dieron un paso adelante subrayando a jueces tan emblemáticos, una nueva composición de la corte suprema que permitió el reconocimiento de la personería jurídica de la CHA (Comunidad Homosexual Argentina) y de la sentencia de ALITT (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Trans). La sentencia del «fallo ALITT» reconoce como bien público la asociación de las travesti trans. Es un paso adelante de la justicia y donde nos permitió tener personería jurídica pero también permite validar una posición del activismo y el reconocimiento del estatuto que refleja la ciudadanía travesti.

Nuestra democracia, a 40 años, tiene mucho para avanzar y para llevar adelante estas agendas que tienen que ver con los derechos de nuestras comunidades. Pero como siempre se ha dado, existe una tensión entre movimientos sociales y los estratos representativos de la democracia: poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con enormes desafíos. Por ejemplo, el desafío para el poder legislativo, es que las personas LGBTIQ+ tengamos representación política en nuestro Congreso e instancias parlamentarias.

El problema de la estructura judicial es que es patriarcal, machista y excluyente, que hace que nos criminalicen, que nos pone obstáculos, que no habla de una posición transfeminista y sí de un sistema binario que además, protege a los más poderosos.

Sin duda queda el pobre ejecutivo, que ha sido la moneda de intercambio de este tiempo de la alternancia política y cercado por los grandes poderes de un financiamiento transnacional, y porque el poder mediático y el poder de las grandes elites en Argentina continúan cercenando la única herramienta que tenemos los pobres para poder cuidarnos y defendernos que es la democracia creada a través de una sistema presidencialista, que puede representar más y mejor a nuestro pueblo. Entonces,  en esos grandes desafíos se nos juega a nosotres también la posición de los movimientos sociales como un actor imprescindible. Por suerte, como terreno ganado en esto 40 años tenemos un movimiento travesti/trans, un sujeto político que habla con fuerza e interpela con fuerza en el desarrollo de esta trama, de estas posiciones. En 40 años hemos tenido grandes aprendizajes, reconocemos a través de la lucha en las calles también a quienes nos atacan y hemos peleado para tener una mejor democracia

 

Lo que hemos ganado en democracia también se lo debemos al movimiento LGBTIQ+ en Argentina

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