Mediante la resolución rectoral 358 firmada por el rector saliente Roberto Rovere y el vicerrector Jorge González quedó cesante al docente Mario González, de la Secretaría de Bienestar de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
El expediente que resolvió el área de Asuntos Jurídicos de la UNRC surge de una denuncia efectuada en el año 2019 contra el profesor González, quien hasta la fecha seguía siendo parte de la Universidad, pero permanecía sin actividades a cargo por haber solicitado una carpeta psiquiátrica tiempo después de que la denuncia tomara estado público.
“Esta autoridad coincide con el sumariante designado, en cuanto ha quedado demostrado a lo largo de las actuaciones, la existencia de los hechos y la autoría de los mismos por parte del sumariado”… Que “no solo se han recolectado pruebas que muestran la vinculación referida en el considerando anterior, sino también se ha permitido el control de esas pruebas, la producción de la que pudiera ser considerada de descargo y la correspondiente alegación (fojas 360/368) en relación a todo lo actuado por parte del sumariado”, indica la resolución de la alta casa de estudios.
El docente fue imputado a mediados de marzo de este año por el Fiscal de Instrucción de cuarta nominación de los Tribunales de Río Cuarto por el delito de abuso sexual agravado. Tras la repercusión que tomó el caso al ser publicado por la prensa, y tras los testimonios que reveló el periodista Pablo Callejón, se sumaron más denuncias a la causa primaria.
Hasta el momento son 11 los hechos por los que está acusado, en 10 de ellos por “Abuso sexual simple agravado por su condición de encargado de la educación” y uno por “Abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa”, por esta última imputación enfrenta una pena de 5 a 8 años de cárcel.
En varias oportunidades las denunciantes reclamaron públicamente la falta de acción por parte de la Universidad para reparar, contener y asesorarlas, tal como lo establece el protocolo vigente. “Esto tendría que haber salido antes. No ahora y dejan el lío a las autoridades nuevas. Tres años pidiendo carpeta psiquiátrica. ¿Quiénes firmaron? Ellos. Un desastre. Se quieren limpiar ahora. Esto debería haber sido antes. Lo que pasa es que ellos encubriendo todo. Y éste no es el único caso”, dijo a La Marea Noticias una de las denunciantes tras conocerse la decisión rectoral.
