Economía Mujeres al frente

¿Alguien está pensando en las inquilinas?

 

Reconocido el problema hasta por algunos diputados nacionales, la Ley de Alquileres estuvo lejos de funcionar en el país. Si bien la discusión se inscribe en un escenario general de alta inflación, las diferencias de salario y de trabajo entre hombres y mujeres hacen que sea urgente el debate por políticas habitacionales y que cuenten con perspectiva de género

 

Por Florencia Igarza. Especial La Marea Noticias

 

El último censo realizado en Argentina estableció que en nuestro territorio habitan 46.044.703 personas. De la población total, el 51,76% son mujeres, el 48,22% son varones mientras que el 0,02% no se identificó con ninguna de las opciones binarias. Además, se conoció que en nuestro país existen 17.805.711 viviendas.

Otro dato fresquito y necesario para contextualizar la problemática de la escasez de viviendas es el de la inflación: en el mes de enero fue del 6% en términos generales y del 6,8% en alimentos y bebidas no alcohólicas. Recordemos que el año 2022 terminó con una inflación del 94,8%, la más alta desde 1991.

Según el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, una familia cordobesa de dos adultos y dos niñes necesitó $160.087 en enero para no estar por debajo de la línea de pobreza. El costo de vida aumentó unos 14 mil pesos en relación al mes anterior. De esta manera, para cubrir los gastos de la Canasta Básica Total se necesitan al menos 2,5 salarios mínimos en un mismo hogar.

En todo este escenario, la palabra ‘alquiler’ es un dolor de cabeza para un significativo porcentaje de la población argentina. A la pérdida del poder adquisitivo, en los últimos años se sumó la denominada ‘Ley de Alquileres’ que trajo serias dificultades.

“Esta ley se votó por unanimidad de parte de todos los partidos políticos, dando cuenta de un gran desconocimiento en términos legales de lo que iba a causar”, señala Victoria Postiguillo, abogada y directora de la asociación de consumidores nacional Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino (ADCOIN). A esto agrega que, en el momento en que se trató la normativa, se opusieron a la indexación y eso es precisamente lo que hoy está causando la mayor parte de los problemas.

“No podíamos indexar el precio de los alquileres en uno de los países con más inflación en el mundo como Argentina”, dice Postiguillo. Sin embargo, no es el único punto controvertido. “Se aumentó de 2 a 3 años los contratos de alquiler como período, lo cual está buenísimo porque le permite al inquilino darle una estabilidad en su vivienda. El problema es que hicieron eso sin modificar la ley que rige la comisión inmobiliaria. Entonces el inquilino hoy tiene que pagar una comisión de alquiler de 3 años, la cual se le hace muy difícil, mientras que antes era de 2 años. Está mal tomada esa decisión”, afirma.

Pero ¿por qué el título de esta nota refiere a las inquilinas y no a los inquilinos en general?

Así como pusimos sobre la mesa los datos poblacionales, de inflación y canasta básica, también existe un contexto de brechas de género que repercute directamente en materia económica, entre otras.

En el primer trimestre de 2022, el ingreso medio de los ocupados hombres era de $70.811 brutos, mientras que el sueldo medio de las mujeres era de $51.674. Esto significa que la brecha salarial es del 27%. Más concreto: las mujeres ganamos un 27% menos en promedio que un hombre.

Siguiendo un informe del INDEC publicado el año pasado con motivo del Día Internacional de la Mujer, “a pesar de contar con niveles más altos de educación formal, las mujeres participan en menor medida en el mercado laboral y, cuando lo hacen, son más propensas a situaciones de subocupación horaria y desocupación”.

En las edades centrales (entre los 30 y 64 años), 63 de cada 100 mujeres se encuentran empleadas. Entre los varones, la relación es 87 de cada 100. Además, en todas las etapas los varones presentan una tasa de empleo mayor que la de las mujeres.

En base a un relevamientos del Centro de Estudios Pensamos Río Cuarto, hace dos años, en la capital alterna de la provincia había un 10% más de mujeres que trabajaban de manera informal en relación a los hombres. Las brechas salariales y laborales se incrementan en las poblaciones jóvenes. Por ejemplo, en 2021, el nivel de desempleo de varones entre 18 años y 30 años era del 14%, mientras que en mujeres ese nivel de desempleo se ubicaba en 21%. Otro de los datos interesantes refería a que el 45% de los hogares de Río Cuarto tiene una jefa de hogar.

Como expresa Victoria Postiguillo, “el inquilino es alguien que no posee techo, forma parte de un grupo híper vulnerable”. Ahora, en base a las estadísticas mencionadas anteriormente (y podríamos seguir) queda claro que mujeres y diversidades son las más vulnerables dentro de un grupo que en esencia es vulnerable (inquilinos). Respecto a las personas de la comunidad LGBTIQ+, la situación es compleja para ellas desde el momento del acceso al mundo laboral en sí mismo.

“El Estado debería proteger a través de buenas políticas públicas y, sobre todo, controlando la inflación, que es lo que hace que la gente más vulnerable termine pagando casi todo su sueldo en alquiler y eso va cada vez más en aumento”, manifiesta la abogada.

Ahora bien, ¿cómo dar una rápida solución en un panorama tan complejo? Concretamente sobre la Ley de Alquileres, Postiguillo comenta que “cuando se modifica una ley sin el correcto asesoramiento genera una inestabilidad jurídica y eso siempre va a perjudicar al más débil. Para nosotros modificar una ley y tirarla abajo va a generar el doble de inestabilidad jurídica. Deberían modificarse estos dos artículos: el de indexación y el otro de los 3 años para que pase a 2. Eso sería una solución razonable”.

Aunque el tema suene a figurita repetida, en Argentina todo remite a la cuestión inflacionaria, todo desemboca en ese fenómeno del que escuchamos hablar desde que somos chiquitos. “Si no se soluciona el problema de la inflación, cualquier alquiler va a comer y seguir comiendo todo el recibo de sueldo de cualquier persona. Estamos viviendo una de las mayores inflaciones del mundo”, enfatiza Postiguillo.

Por otro lado, sostiene que seguirán insistiendo en que se considere “que el derecho de alquilar es también un contrato de consumo, por lo tanto también debería ser protegido por la ley de defensa al consumidor. De esa manera se le da al inquilino todos los derechos que tiene el consumidor”.

A modo de conclusión, la directora de ADCOIN sintetiza que “siempre el más desprotegido va a ser el más vulnerable. Si hablamos de mujeres que tienen hijos, que tienen un solo ingreso, naturalmente en la práctica van a tener más problemas a la hora de alquilar. Lo que las inmobiliarias evalúan son cuántos ingresos tienen, cuántas propiedades o cuántas garantías puede presentar una persona. Mientras más vulnerable, menos posibilidades de tener un recibo de sueldo”.

 

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