En la última década el gobierno de Córdoba recortó 7% el gasto social y aumentó un 12% los recursos para apoyar al sector agropecuario primario exportador y pagar servicios de deuda pública. Tras la aprobación del presupuesto en la Legislatura, especialistas advierten por la gravedad de la subejecución en general y puntualmente en los programas del Ministerio de la Mujer
Por Florencia Igarza. Especial La Marea Noticias
La provincia de Córdoba prevé gastar para este año un total de $1743 miles de millones. Si se descuenta el efecto inflacionario esto significa un aumento del 6,2% respecto a 2022. El presupuesto fue aprobado en el mes de diciembre con los votos de Hacemos por Córdoba, Identidad Peronista y Juntos por el Cambio.
Uno de los principales datos que señala el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) es que mientras en el 2012 el gasto en Servicios Sociales representaba el 52% del presupuesto y Servicios Económicos significaba el 7%, para el año que comienza está proyectado que Servicios Sociales caiga al 45% y Servicios Económicos suba al 19%. ¿De dónde gana los 12 puntos de participación Servicios Económicos? OTES explica que 7 puntos se obtienen de Servicios Sociales, 3 de Administración Gubernamental y 2 de Servicios de Seguridad y Justicia.
En este sentido, señalan que gran parte de los recursos de Servicios Económicos se destinarán a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), de la cual el 63% de su presupuesto 2023 se asigna al pago de servicios de la Deuda Pública.
En diálogo con La Marea Noticias, Pablo Díaz Almada, integrante del OTES y docente de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba, resume que “hay una pérdida de participación dentro del presupuesto pero también en los últimos años de caída en términos reales de Servicios Sociales, es decir, aquello que el Estado provincial gasta para asegurar que los derechos básicos lleguen a la población”. Y agrega: “Por su parte, se ve que gana participación Servicios Económicos, que son gastos que la Provincia realiza para apoyar el fomento a distintas actividades productivas, donde se lleva la mayor cuota el sector agropecuario primario exportador. Ese es el cambio en términos generales”.
Si en los últimos meses la provincia de Córdoba fue noticia recurrentemente por los reclamos en materia de Salud, los números avalan dichas protestas. “Mientras en el 2012 Salud representaba el 10,2% del total del presupuesto, para 2023 está previsto el 7,9%”, detalla el analista del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad.
¿QUÉ IMPORTANCIA SE LE DA A LAS PROBLEMÁTICAS DE GÉNERO EN TÉRMINOS DE INVERSIÓN PÚBLICA?
El informe indica que el presupuesto del Ministerio de la Mujer prevé destinar $3.843 millones, lo que implicaría un incremento real de 29,7%, superando incluso al nivel de 2020 tras dos años de caída consecutiva.
Díaz Almada sostiene que para estudiar más detalladamente, en términos de Género, necesitaríamos realizar un análisis transversal de todas las cuentas. Además, recuerda que el primer presupuesto del Ministerio de la Mujer data del año 2020.
“Tanto en 2021 como en 2022 hay recortes, caída del presupuesto en términos del presupuesto vigente. En 2021 cae un 10,4% respecto a 2020, y en 2022 cae un 1,6% respecto a 2021. Esto siempre en cuanto a los programas que están dentro de la órbita del Ministerio de la Mujer. Para 2023 está proyectado un incremento importante, de casi un 30%. Incluso superaría en términos reales al presupuesto que tenía el Ministerio en 2020. Hay que ver si eso se cumple”, comenta.
Sin embargo, expone una variable a tener muy presente en cualquier análisis: la ejecución de partidas. “Constantemente el presupuesto del Ministerio de la Mujer no es ejecutado en su totalidad. Hay programas que tienen una subejecución muy problemática. De lo que se prevé para 2023, algunos programas tienen un crecimiento importante disponible para gastar. Por ejemplo, el programa Acompañantes Comunitarias, Mujer y Salud, Ley Micaela. Pero, a su vez, aparecen recortes importantes dentro de la disponibilidad de los gastos, por ejemplo: Mujer y Escuela, Capacitación y Promoción Social de las Mujeres”, enumera el docente de la UNC.
De esta manera, sintetiza que “lo que sucede después en la realidad es que el crédito disponible para gastar no se termina realmente gastando para llevar a cabo el programa en particular. En 2020, de los 770 millones que tenía el Ministerio se ejecutaron 640 millones, un 83% de lo que tenía para ejecutar. En 2022 la ejecución llegó al 85%. Nos parece problemático los niveles de subejecución que tienen algunos programas”.
Como si hicieran falta más ejemplos, Díaz Almada cuenta que en lo que respecta al Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar, en 2020 se gastó un 30% de lo que se tenía pautado, en 2021 se ejecutó el 38% y en 2022 no llega al 12%. “Son subejecuciones importantes y son directamente políticas. Es decir, tienen que ver con cómo se maneja desde el Ministerio de la Mujer, manejos simplemente políticos. No hay una restricción al uso de ese dinero porque ese dinero está disponible. Lo que se lleva a cabo en particular es simplemente político. Me parece que para la sociedad, las organizaciones sociales y las que están monitoreando este tipo de políticas en el barro, en la cotidianeidad, tiene que hacerse conocido”, expresa con preocupación.
Por último menciona que si se observa la constante pérdida del gasto en salario dentro de Educación y Salud y se analiza “quién es el personal que está en Educación, quién es el personal que está en Salud, más del 70% son mujeres”. “Entonces, recortar los ingresos de quienes trabajan en estos sectores sabiendo que la mayoría de quienes trabajan en estos sectores son mujeres es también una cuestión de Género. ¿Y quiénes son los grupos que se ven más afectados cuando se recorta la asistencia social del Estado? Hay miles de estudios que indican que quienes más se ven perjudicados son las mujeres y disidencias”, concluye.
