«El 21 de diciembre, en horas de la tarde, por orden de personal del Ministerio Público Fiscal cordobés y a partir de una presunta llamada anónima, se produjo la detención de tres compañeras en la ciudad de Villa María, luego de numerosos allanamientos de casas particulares. Dos de las detenidas integran Socorristas en Red, y son acusadas de ejercicio ilegal de la medicina; la otra, una profesional de salud, acusada de encubrimiento. El escenario refleja una política criminal que persiste a pesar de que la interrupción voluntaria del embarazo es legal», expresaron Socorristas en Red en un comunicado.
«El Estado tiene responsabilidades internacionales, debe dar explicaciones del hecho y liberar de inmediato a las detenidas», continúan.
El abogado Sebastián Elia se constituyó como defensa de las compañeras y en el día de la fecha se presentaron recursos ante la jueza de control para exigir la inmediata libertad.
Segun precisaron, las mujeres seguían privadas de su libertad a pesar de que estar acusada injustamente de delitos excarcelables.
«Enmarcamos este acto de ofensiva judicial, violatorio de los derechos consagrados a dar y recibir información para el cuidado de la salud y una amenaza a los derechos democráticamente conseguidos y reafirmados en 2020 en la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención postaborto», manifestaron.
Además, calificaron de preocupante esta afrenta, en el mismo mes del aniversario de la sanción de la Ley 27610: «Se desconoce que en todo el mundo el aborto autogestionado es seguro y es una decisión de quien cursa su embarazo. Y en la Argentina el aborto autogestionado es legal».
«Con acciones judiciales como las desarrolladas en Villa María, se criminaliza injustamente a quienes cuidan la salud de las personas que deciden abortar, que son quienes desde hace años colaboran brindando información y acompañamientos. Dar información y acompañar decisiones no es delito», aclaran.
«A nivel internacional las recomendaciones y directrices de la Organización Mundial de la Salud reconocen el papel fundamental que cumplen las redes de acompañantes en todo el mundo, y la importancia de la comunidad para la protección de la salud, tanto para la disminución de riesgos como para el alivio de la culpabilización que rodea la decisión de abortar», explican.
Finalmente, exigen «la inmediata libertad de las tres compañeras y el cese de la criminalización».
