Violencias

Causas cajoneadas en Traslasierra: Denunciaron penalmente a fiscales de Villa Dolores desde el año 2005 hasta la actualidad

“Hoy venimos a denunciar a quienes no vieron, o no quisieron ver”. Así se expresó este jueves el abogado Germán Romero Marcón, al iniciar la conferencia de prensa en la sede de la Comisión por la Memoria, en la localidad de Villa Dolores.

 

Por Romina Pezelatto. Redacción La Marea Noticias

 

Romero Marcón lleva adelante varias de las causas de desapariciones de la región con el acompañamiento de la Comisión por la Memoria.

Ante la presencia de las referentes Mary Luque y Mónica Piñeiro, el abogado dio una noticia que sienta un precedente en la región: se trata de la denuncia penal a quienes han ejercido el cargo de fiscales en la Fiscalía N° 1 de Villa Dolores, desde el año 2005 hasta la actualidad. 

La denuncia se enmarca en la causa que imputa a Roberto Clavero -actualmente procesado por abuso sexual-, cuyo expediente ha permanecido “cajoneado” en los tribunales locales. Esta inacción por parte de la justicia que lleva más de 15 años, moviliza la denuncia de lxs siguientes funcionarixs: Ricardo Romero Uez, Noemi Bobbio, Sergio Cuello, Raúl Castro y Lucrecia Zambrana.

“En el momento en que la causa se radique en la Cámara del Crimen de Villa Dolores deberían quedar apartadas de sus funciones todas las personas denunciadas”, enfatizó el abogado. 

 

¿El fin del silencio en Traslasierra?

Al referirse a la figura de Roberto Clavero, el letrado remarcó que se trata de una persona con mucho poder en la zona: “Él ocupó un cargo en el Ministerio de Salud de la provincia en el 2010, como secretario, y era el presidente de CEMDO (Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste), está claro que formaba parte de las filas del actual gobierno”.

En el revuelo que la causa ha traído a Traslasierra, parte de los argumentos para sostener el silencio, es que se trata de maniobras políticas. Sin embargo, tanto Romero Marcón como las integrantes de la Comisión por la Memoria, subrayan la necesidad de desvincular las acciones de denuncias, de maniobras partidarias. “Vinimos a dar una batalla que nadie está dando. Yo no soy político, soy técnico y estoy orgulloso de dar esta batalla legal y jurídica, y espero que la justicia finalmente se ponga a la altura de las circunstancias”, dijo el abogado.

 

Justicia lenta no es justicia

En la rueda de prensa, el letrado se refirió a la cadena de encubrimientos que podrían suponerse en todos estos años al archivar una causa de tanta relevancia: “De todas estas personas, que son operadoras judiciales, algunxs están jubiladxs y otrxs están ocupando altos cargos en el poder judicial . Han intervenido en la causa de Antonella o han estado a cargo de la Fiscalía N° 1 y no le dieron intervención. Por algún motivo quedó dormida, nadie la vio y nadie la movió”, expresó.

Recordamos que la investigación estuvo inactiva hasta el 11 de abril de 2019, oportunidad en la que mediante una denuncia anónima, se notificó al entonces fiscal Raúl Castro. “En ese momento, Castro realizó una serie de medidas vinculadas a investigar a la víctima y no a investigar la realidad”, indicó Romero Marcón.   

Luego, la causa volvió a archivarse hasta el 14 de marzo pasado, cuando Antonella se dirigió a Tribunales a averiguar el estado de la misma, lo que implicó que no prescribiera.

 

Desmantelar el silencio, desarticular complicidades y desnudar al poder

Esta causa detona los mecanismos de silencio vigentes en la región. En un contexto en el que los hombres que ocupan y detentan el poder, han sido históricamente “intocables”. Hoy la realidad parece ser otra. 

Para el grupo denunciante el poder político de la región encubrió al acusado y promovió la inacción respecto a un delito que implica a altas esferas del poder local y regional. 

En el día de la fecha, la denuncia quedó radicada en el Juzgado de Control, a cargo de Sergio Ponce. No obstante eso, en el día de mañana se presentará en la Fiscalía General para que el Tribunal Superior de Justicia tome cartas en el asunto. “No puede ser que no vean, que miren para otro lado, que esto sea tierra de nadie y que se maneje todo a lo patrón de estancia. Hay cosas que deben cambiar y es urgente, porque en este caso, si se hubiese actuado, se habrían evitado abusos desde los 14 años de la víctima en adelante. Hay varios casos que prescribieron por el mismo motivo”. 

 

Todos los caminos conducen al mismo lugar

La denuncia por encubrimiento está hecha en esta causa, si bien el abogado indicó que hay letrados y operadores judiciales que deben dar un paso al costado, porque las causas por otras desapariciones reproducen el mismo patrón de inacción, en un marco de amiguismo que implica hoy cargos ocupados por personas inoperantes. Se refirió a nombramientos que “son por favores que hacen que ciertas causas no se investiguen. Buscamos jueces que sean objetivos, es algo que debe resolver el poder judicial”.

Por otra parte, remarcó los límites que desde el poder se sostienen para frenar procesos que buscan justicia: “En Villa Dolores no quieren que los organismos de derechos humanos integren las causas”.

 

Acompañar a quienes denuncian

Romero Marcón expresó a lo largo de la conferencia, la soledad en la que se encuentra como profesional, y destacó el permanente apoyo de la Comisión por la Memoria, espacio que ha impulsado el avance de cada una de estas causas y el acompañamiento a las víctimas.

“Solicitamos la colaboración, en todo Traslasierra nadie quiere asumir estos casos con la permanente vigencia del “no hablemos”, o  “por algo será”, agregó.

Este proceso vuelve a mostrarnos cómo la sociedad civil organizada, es la que impulsa los movimientos vitales y necesarios para transformar las injusticias, que, como en tantos lugares, se perpetran sobre todo, sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres y personas del colectivo LGTBIQ+ 

Antonella es la denunciante, la sociedad toda es la que exige junto a ella. 

 

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