Actualidad Violencias

Fracasó la mediación y avanza el jucio civil contra el obispado por los abusos de un sacerdote

Fracasó la mediación convocada por la Justicia y avanza el juicio civil contra la Diócesis de Río Cuarto por el pedido de resarcimiento que realizó la sobreviviente de abusos sexuales, cometidos cuando ella tenía entre 8 y 12 años. La mujer solicitó, además, que la Iglesia realice una manifestación pública tras la sentencia por juicio canónico al sacerdote Héctor Pinamonti, quien fue declarado “culpable de abuso sexual, siendo la persona menor de edad”.

Por Carina Ambrogi – Pablo Callejón

 

Fracasó la mediación convocada por la Justicia y avanza el juicio civil contra la Diócesis de Río Cuarto por el pedido de resarcimiento que realizó la sobreviviente de abusos sexuales, cometidos cuando ella tenía entre 8 y 12 años. Así lo confirmó la abogada de la demandante, Jaqueline Cattaneo.
La mujer solicitó, además, que la Iglesia realice una manifestación pública tras la sentencia por juicio canónico al sacerdote Héctor Pinamonti, quien fue declarado “culpable de abuso sexual, siendo la persona menor de edad”.
La notificación oficial del Obispado de la Villa de la Concepción del Río Cuarto, firmada por el obispo Adolfo Uriona, fue enviada el 3 de febrero de 2021. Cómo única pena, las autoridades eclesiásticas resolvieron prohibirle al cura “ejercer el ministerio sagrado en público”.
Aunque prescribió la posibilidad de avanzar con una denuncia penal, la mujer presentó una demanda civil de resarcimiento tras la admisión de la Iglesia sobre los delitos cometidos.

La denuncia

Sobre la mesa de luz de su habitación, M. tiene un cuadro que enmarca la carta en la que el Obispado de Río Cuarto reconoce que fue víctima de abuso sexual infantil. El documento llegó después de que denunció ante la justicia canónica que abusada por un funcionario eclesiástico desde los 8 a los 12 años. Pasaron más de 20 años hasta que “la niña abusada pudo ser adulta y tener las herramientas para defenderse”, explicó la mujer a este medio. “Cuando Thelma Fardín denunció, yo ya estaba en este proceso y entendí que era “El momento”. Supe que la sociedad estaba dando una lucha y yo también lo hacía, menos pública, pero no menos dolorosa.
Cuando sucedieron los hechos vivía junto a su familia en una zona rural y en el pueblo de esas cosas no se hablaba. M. entiende que su abusador la eligió por su situación de vulnerabilidad, su padre era discapacitado visual y requería de mucha atención. Su mamá estaba “muy abocada a las tareas del campo más que a la maternidad”. En ese contexto ganó la confianza de la familia, apoyado en la imagen de referente y líder social de la que gozaban allí los representantes de la Iglesia Católica. “Tenía de mi familia la confianza y el respeto total. El pastor hace unos años era considerado lo máximo, lo que él decía se hacía. Era una relación asimétrica característica en los casos de abuso”, comentó.
Durante todos estos años M. asistió a la Iglesia con un rol activo, bajo la premisa de que no se trata de la institución o de la religión, sino de una persona. Con esta convicción y con la intención de “cambiar las cosas desde adentro”, confió en la Justicia Canónica para enfrentar el proceso de denuncia y búsqueda de reparación.

El peregrinaje y la (des) protección

La primera acción que realizó fue enviar una carta al Obispo de Río Cuarto, Adolfo Uriona, quien decidió ir en la casa de la denunciante para interiorizarse sobre lo ocurrido. “Ahí comenzó un proceso de re victimización, porque él se declaró incompetente para atender esta situación. Me dijo que nunca recibieron algo como lo que yo contaba y no sabían que hacer”, expresó la mujer. Fue desde entonces que tuvo que oficiar de “maestra”, dijo, y averiguar todo lo que la Institución debía hacer para cumplir con el proceso judicial canónico.
En ese entonces, M. era madre de dos hijos y estaba embarazada de un tercero. Padecía graves trastornos psicológicos producto de los abusos y de la denuncia, que la llevaron durante el proceso, entre otras cosas, a quedar inhabilitada como mamá.
Bajo estas condiciones acudió a la primera instancia del proceso, que sucedió en una oficina del Obispado. Embarazada de 8 meses ingreso a una habitación a donde la esperaron 3 varones para dar curso a la denuncia. Tuvo que firmar un acuerdo denominado “silencio pontificio” en el que se comprometía a aceptar la prohibición de no hablar con ninguna persona sobre el hecho denunciado. Le advirtieron que sólo podría hacerlo con la profesional médica que la atendía. La situación le resultó insoportable. “Durante las crisis emocionales me grabé en estado deplorable, miles de veces, y se lo mandaba a todos los curas de la diócesis”, recordó. El silencio tortuoso y obligado duró desde 2017 hasta 2021, cuando después de finalizado el juicio, que incluía la revisión del caso por parte del Vaticano, se declaró al hombre denunciado “culpable del delito de abuso sexual contra un menor de edad”.
“Para mi es una victoria, aunque me costó 4 años en los que quedé devastada”, explicó. La reparación le resulta escasa, “desde el momento en que lo condenaron, no han intentado reparación alguna”, aseguró.

“Es culpable”

“Quiero ahora comunicarle que ha concluido el proceso penal, y que el día 1° de febrero he firmado el decreto por el cual declaro al Prebístero (…) imputable del delito de abuso sexual contra su persona, siendo menor de edad”.
El texto es un fragmento extraído de la carta rubricada por el Obispo de Río Cuarto Adolfo Uriona, dos días después de la oficialización del veredicto del juicio canónico.
Las normativas eclesiásticas le impidieron a la denunciante ser parte del proceso y constituirse en querellante, como hubiera ocurrido en los Tribunales ordinarios de la Justicia. Sin embargo, su relato no pudo ser refutado por la defensa del sacerdote acusado de abusarla sexualmente en una casa parroquial de la región, en la Diócesis de Río Cuarto.
M. encontró fuerzas para denunciar al agresor al cumplir 30 años. Hubiera sido la última oportunidad para evitar la prescripción en la justicia ordinaria, pero sintió que no podía pelear dos batallas al mismo tiempo. Según el Código Penal, el delito prescribe 12 años después de que la víctima cumple la mayoría de edad y ya no existe posibilidad de una persecución penal contra el abusador, quien aún forma parte de la estructura religiosa.
“Ciertamente el tiempo transcurrido desde nuestro primer contacto hasta la conclusión del periodo penal ha sido demasiado largo y me consta que Usted ha sufrido por esto. Pido disculpas, aunque debo asegurarle que no ha habido ninguna negligencia”, afirmó Monseñor Uriona en el documento que recibió la sobreviviente.
Como única sanción, la Iglesia dictaminó para el sacerdote “la prohibición total de ejercer el ministerio sagrado EN PUBLICO, por tiempo indeterminado”. A pesar de la contundencia de las pruebas y los aberrantes delitos denunciados, no fue exonerado.  El párroco no sólo ejerció normalmente sus funciones mientras duró el proceso canónico, sino que fue reconocido por “sus años en el sacerdocio”.
Uriona admitió que “en las actas de la causa puede constatarse que nada hace dudar de la veracidad de su denuncia” y sentenció: “apoyado en la credibilidad de su testimonio he declarado al Pbo. (…) culpable de este delito”.
Durante el juicio fueron entrevistados diferentes sacerdotes que conocían a la denunciante por su participación en la Iglesia y todos reconocieron su trabajo.
Tras la sentencia la Iglesia no realizó ninguna contención ni propuesta de resarcimiento por el gravísimo daño provocado a la mujer. Ni siquiera continuaron con el pago del tratamiento psicológico que habían comprometido tras la denuncia, y al que accedieron después de que la mujer les remitiera una resolución del Vaticano que los obligaba a hacerlo. El pasado 8 de diciembre, el Papa Francisco resolvió incluir en el Código de Derecho Canónico un artículo que establece a la pedofilia como un delito contra la dignidad de las personas, condena a los religiosos que la cometan e indemniza a las víctimas.
Sin posibilidades de iniciar una acción penal, la víctima presentó un reclamo civil para alcanzar una reparación económica. Hoy será la primera audiencia de mediación en la justicia para intentar hallar un acuerdo que pueda mitigar el dolor por las consecuencias físicas y psicológicas que le provocaron los abusos sexuales sufridos en su infancia. Además, la denunciante solicitará que el Obispado pida disculpas públicas sobre lo ocurrido. El objetivo es reforzar un espacio de contención para favorecer que otras posibles víctimas se animen a denunciar. “Se de otras personas que fueron abusadas por él”, advirtió.
Ayer el obispo de Cruz del Eje, Hugo Araya, emitió un comunicado en el que expresa que “han recibido noticias sobre presuntos comportamientos inapropiados por parte de un sacerdote de la Diócesis”. Araya resaltó que “se han tomado medidas oportunas, y se van dando los procesos previstos por la Santa Sede”.  En Río Cuarto, prefirieron el silencio que le exigieron a la víctima. La mujer nunca perdió la fe, sigue siendo una practicante activa del catolicismo, pero seguirá reclamando justicia: “La iglesia no puede ser ajena a lo que la sociedad vive. Y si no es capaz de responder a mi causa, no podrá ofrecer nada al resto de la sociedad”.

 

Si sos víctima de violencia de género o conoces a alguien que la padezca pedí ayuda. La Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año.

 

Compartinos tu opinión

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *