Mediante un documento “Contra el disciplinamiento a quienes garantizan derechos”, la Guardia Feminista de Abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir se pronunció por el caso. Este miércoles habrá una concentración en Tartagal
Por La Nueva Mañana
La organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir, exigió a través de su Guardia Feminista de Abogadas el sobreseimiento de la médica residente Miranda Ruiz, profesional que se desempeña en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, Salta.
Miranda, se encuentra imputada en una causa penal iniciada en su contra, tras haber intervenido -junto a un equipo interdisciplinario- en la realización de una práctica de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
“Las acciones dirigidas en su contra, evidencian la voluntad de amedrentar no solo a la única profesional que acompaña ILE/IVE en la zona, sino a cualquier otro u otra profesional que pretenda brindar una atención de salud conforme a derecho y respetuosa de la voluntad y de los deseos de quienes requieren una práctica médica”, expresó en un documento la Guardia Feminista de Abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir.
La organización agregó: “Miranda cumplió con cada uno de los requisitos exigidos por la Ley 27.610 y los protocolos de actuación previstos para estos casos. La voluntad de la joven que solicitó la ILE en Tartagal fue siempre escuchada, respetada y debidamente documentada por el equipo responsable de su atención”.
Cabe destacar que la interrupción del embarazo se encuentra reconocida como un derecho en la Ley 27.610 (2020), pudiendo realizarse de manera voluntaria hasta la semana 14 de gestación inclusive. Pasado ese plazo, su acceso debe ser garantizado por causales (salud o violación), tal como se estableció en la legislación argentina desde 1921.
La “Guardia Feminista de Abogadas” resaltó que acompañó a Miranda “desde el primer momento y manifestó, junto con las múltiples organizaciones que se han expresado respecto de esta causa, que su actuación tuvo lugar en el marco del cumplimiento de deberes éticos y profesionales acordes a la normativa vigente y siguiendo estándares previstos para garantizar el acceso a la atención médica de calidad”.
Finalmente, desde el colectivo expresaron que “como abogadas comprometidas con los derechos humanos de las mujeres y del colectivo LGBTTTTIQ+ creemos en la construcción colectiva para afianzar los derechos que democráticamente hemos conseguido. Ante cada injusticia, la lucha feminista nos hace más fuertes. Seguimos construyendo alianzas y en alerta para la defensa de la soberanía y la autonomía reproductiva, así como la protección de les profesionales de la salud que -de manera ética y responsable- garantizan el acceso a derechos”.
