El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa.
En agosto de 2020 el Estado argentino se comprometió a llevar un registro de funcionarios judiciales denunciados por violencia, como parte del acuerdo amistoso que firmó con Olga del Rosario Díaz*. El acuerdo incluyó el acto de público perdón, pero no se limitó a ese simbolismo: obliga al Estado a cumplir una serie de medidas, entre ellas:
El Consejo de la Magistratura “incluirá el conocimiento sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en todos los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación”.
También se obligó a confeccionar “un registro público de denuncias presentadas contra magistrado/as por situaciones vinculadas a violencia de género, en el que conste además el trámite impartido a esas denuncias”.
Hasta el momento el Consejo de la Magistratura ha publicado en su web un registro que debe descargarse en pdf, y solo tiene datos de cinco denunciados, sin especificar el motivo ni contenido de la denuncia.
Para dimensionar qué representa este incumplimiento, en el Observatorio Lucía Pérez elaboramos un padrón público que sistematiza los datos de 191 funcionarios denunciados por violencia de género. Las denuncias involucran a todos los poderes del Estado argentino y recorre todos sus estratos, hasta los más altos.
En este listado hemos tenido en cuenta denuncias anteriores a los últimos tres años solo en aquellos casos en que ese antecedente recobre actualidad. Un ejemplo: el del presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, ya que la denuncia por violencia que radicó su ex pareja y por la que fue sobreseído en 1987 fue nuevamente noticia el pasado 8 de marzo, cuando se difundió que el zoom que realizó para conmemorar el Día Internacional de la Mujer fue intervenido con las noticias de aquella denuncia.
Tampoco incluimos denuncias que involucran a familiares de funcionarios públicos. El caso de Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, flamante presidente de la Corte Suprema de la Nación no es la excepción, ya que cuando fue denunciado por violencia por su ex pareja se desempeñaba como funcionario del Poder Judicial en Santa Fe. Destacamos, sin embargo, la gravedad institucional que representa que existan notas periodísticas que siembren la sospecha de que el juez de la Corte Suprema haya realizado gestiones para mitigar la situación judicial de su hijo. Confirmar o desmentir estas versiones debería ser una prioridad de la máxima institución de justicia del país en momentos en que el proceso de proclamación de Rosatti como presidente de esa institución ha sido cuestionado hasta por otros miembros de la Corte.
En el caso de las fuerzas de seguridad sólo hemos tomado registro de aquellas denuncias que involucren a las máximas autoridades, pero queremos remarcar el grave contexto que representa que solo en la Policía Bonaerense y en el año 2020 se hayan iniciado 997 expedientes por violencia de género laboral.
El Estado es responsable también significa todo esto.
El listado se actualiza diariamente, como todos los padrones de nuestro Observatorio y se puede consultar en este link: observatorioluciaperez.org/funcionarios-denunciados
*El Estado argentino le pidió perdón por no actuar ante sus denuncias por violencia machista: casi muere apuñalada por su marido. Luis Palavecino fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 21 de Capital Federal a 20 años de prisión por los delitos de tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido contra su ex pareja y por mediar violencia de género, entre otros.
Fuente: lavaca.org
