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Derechos tras las rejas: no poder votar

En 2016 la Cámara Nacional Electoral declaró inconstitucional la prohibición de voto para las personas condenadas. A 5 años de esa sentencia, la situación no ha cambiado y aproximadamente unas 6 mil personas privadas de libertad en el ámbito federal siguen sin acceder a su derecho a sufragar.

 

Por Redacción La Marea Noticias

 

Así lo expresa el documento emitido por la Procuración Penitenciaria de la Nación en relación al derecho al sufragio de las personas privadas de la libertad, en el marco de las PASO acontecidas este domingo.

 

El único derecho que, de acuerdo a la normativa vigente, debería perder una persona que se encuentra detenida, es el de la libertad ambulatoria. Sin embargo, son varios los derechos fundamentales que se vulneran intramuros. Uno de ellos es el derecho al voto para las personas condenadas.

Actualmente en Argentina, solo las personas procesadas con prisión preventiva pueden votar, no así las condenadas. La Cámara Nacional Electoral elaboró el Registro de Electores Privados de Libertad que contiene información de las personas procesadas y que permite habilitar las mesas de votación en las unidades penales.

 

El objetivo institucional de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) es proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, motivo por el cual hace años se encuentra trabajando para que las personas condenadas tengan acceso al voto. Es así que en el mes de marzo de este año mediante la Nota Nº 12/PPNAD/21, la PPN presentó nuevamente su proyecto de ley a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para revertir la imposibilidad de los y las condenadas a sufragar.

 

En dialogo con el programa Nacional Rock, Ariel Cejas Meliare, Procurador Penitenciario Ajunto Interino, afirmó que “la situación de lxs condenadxs no cambió mucho en este último año. La Procuración Penitenciaria de la Nación presentó un proyecto de ley conforme el dictamen de la Cámara Nacional Electoral donde solicitaba al Concreso de la Nación que reglamente una ley a efectos de que lxs condenadxs puedan votar”

El funcionario explica que actualmente sólo pueden votar las personas procesadas, esto es el 60% de la población federal, aproximadamente 6 mil personas. “Si bien hay un pedido de la PPN ante la Convención Interamericana desde el 2014, dicha comisión no se ha manifestado. Hay tres casos presentados en la Corte Suprema de Justicia que actualmente tampoco tienen resolución”, agregó.

Según lo dicho por Meliare el sistema de voto en las cárceles impide cualquier posibilidad de fraude. La persona puede ser de Santa Fe y estar detenida en Devoto, por ejemplo, y se le entrega la boleta única de su provincia donde indica a quienes vota.

La exclusión del colectivo privado de libertad de ejercer su derecho electoral se traduce en una vulneración a la participación democrática de un sector de la sociedad.

La proximidad de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias a realizarse el 12 de septiembre es una buena oportunidad para repensar esta temática y reflexionar acerca de esta exclusión de esta parte de la sociedad de su participación en la vida democrática argentina.

 

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