Marcelo Hugo Capra (48) fue acusado de abusar sexualmente de 10 alumnas de entre 10 y 15 años cuando era su profesor de tecnología. Las madres de las denunciantes aseguran que son mas de 30 las víctimas, pero por el temor al escarnio social no todas pudieron denunciarlo. Después de 8 años ayer finalizó el juicio con una sentencia de 3 años de prisión en suspenso.
Por: Carina Ambrogi
Marcelo Hugo Capra (48) reconoció ayer ante la Cámara Segunda del Crimen de los Tribunales de la ciudad de Río Cuarto, haber abusado sexualmente de las 10 niñas que lo denunciaron. Era la primera vez que lo reconocía públicamente, durante los 8 años que transcurrieron desde que algunas de sus víctimas se animaron a contarlo, hasta el momento del juicio, Capra dijo que todo era mentira, sus ex alumnas pretendían difamarlo porque tenían “malas notas” o eran “cualquiera”.
Así lo contó a La Marea Noticias Patricia Figueroa, mamá de una de las denunciantes, y aseguró que las víctimas suman más de 30, pero sólo 10 se animaron a enfrentar el escarnio social que implica en el pueblo reconocerse víctima de ese delito.
Los hechos sucedieron en 2014, cuando Marcelo Hugo Capra era docente del colegio Ipea 87, en la localidad cordobesa de Ucacha. A lo largo del año lectivo realizó tocamientos en las partes íntimas en perjuicio de niñas que tenían entre 10 y 15 años de edad. La primera en realizar la denuncia ante las autoridades del colegio fue Patricia, quien ante la falta de respuesta acudió a la justicia. En ese entonces en La Carlota, a donde se tramitaban las denuncias, no había quien atendiera la Fiscalía de Instrucción, por lo que hubo que esperar a que el Fiscal Jorge Vaugadga tomara la causa, quien tras la investigación le atribuyó al docente de tecnología catorce hechos de abuso sexual infantil.
Ayer la pena de 3 años en ejecución condicional más penas accesorias, fue por encontrarlo culpable del delito de abuso sexual simple agravado en concurso real.
“Yo también soy de un pueblo chico”
Con poco más de 5 mil habitantes, Ucacha se emplaza en el centro este de la provincia de Córdoba, en medio de la pampa gringa. Entre las principales actividades económicas se destaca la agricultura extensiva y la producción ganadera. El IPEA 87 es un colegio al que asisten aproximadamente 200 alumnxs. Capra se estima que abusó al menos de 30.
Cuando Patricia se enteró de la situación, fue al colegio y se lo conto a Sergio Marconi y Oscar Solis, máximas autoridades del establecimiento, cuyo director estaba en Bengolea, ya que el IPEA es un anexo. Ambos se comprometieron a “vigilarlo”, “pero no paso nada, este hombre lo siguió haciendo con total impunidad. Un día una de las alumnas explotó y nos agrupamos para hacer la denuncia”, contó Patricia.
A partir de allí el pueblo de dividió entre quienes creían en ellas y quienes creían en las mentiras del abusador, que se ocupó con gran éxito de difamarlas. “Para nosotras y para las chicas este juicio implica cerrar una etapa muy dolorosa que nos toco pasar, con esto esperamos callar muchas bocas”, aseguró la mamá de una de las víctimas y no pudo continuar. “Las han ensuciado tanto a las chicas, por eso desde un principio nos pusimos la camiseta de nuestras hijas para que se limpie su honor, porque fueron muy maltratadas”, dijo otra mientras sostenían entre todas una bandera que decía “justicia por nosotras”.
Entre las secuelas las víctimas padecieron diversos problemas de salud, desde depresión, calvicie, problemas de tiroides o agudización de patologías preexistentes a causa del stress. Fueron discriminadas por profesores del colegio, y también por compañeros.
Soportaron la burla del profesor, que continuó viviendo con total impunidad en un pueblo que lo contenía a él, tanto como contiene hasta el día de hoy la cultura de la violencia sexual.
La sentencia es poca, “hubiéramos esperado que pase al menos un día preso”, piden las madres, pero al menos rescatan que es un proceso que encuentra un final reparador. “Las chicas necesitaban que esto encuentre un final, fue tan difícil que llegamos a dudar de que se realice el juicio. Lo importante es que ahora no quedan dudas, yo también soy de un pueblo chico y sé lo que eso implica”, dijo César Irigo, abogado querellante.
