La Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) continúa con plena vigencia en Córdoba pese a las maniobras judiciales que los sectores antiderechos provinciales vuelven a impulsar en contra de la salud de las mujeres y personas con posibilidad de gestar. Mientras organizaciones feministas defienden la IVE, ¿qué se esconde detrás de esta nueva operación antiderechos?
Por Camila Vautier y Tere Bartolomeo para Feminacida
Foto de portada: Miela Sol PH
A fines de la semana pasada, el fiscal general de Córdoba Juan Manuel Delgado emitió un dictamen pidiendo al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que se exprese en favor de las cautelares presentadas por organizaciones religiosas para suspender la Ley que garantiza el derecho al aborto, una cuestión de salud pública.
“La suspensión del derecho a acceder a la IVE por medio de una medida cautelar implicaría un retroceso y un daño irreparable para las mujeres y personas gestantes de Córdoba, que se verían en desventaja respecto de otros habitantes del país”, alertaron en un comunicado las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CDD), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba (CLIP).
Al respecto, en diálogo con Feminacida la coordinadora del Área Legal de Católicas por el Derecho a Decidir, Rocío García Garro, aclaró: “El dictamen es una opinión que no produce ningún efecto jurídico concreto ni obliga al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a pronunciarse en ese sentido”.
El detrás de escena de una nueva maniobra judicial
Estas cautelares sobre las cuales el fiscal general Juan Manuel Delgado y el fiscal adjunto, Pablo Bustos Fierro, emitieron el dictamen no vinculante, fueron presentadas por Aurelio García Elorrio.
Elorrio es co-fundador del Portal de Belén (una organización religiosa históricamente antiderechos) y precandidato a diputado por Encuentro Vecinal, un partido que en su página web sostiene “promover la promoción de la institución familiar, fundada en el matrimonio entre un varón y una mujer, recordando que sin familias no hay sociedad.”
En marzo de este año, pidió licencia de su banca en la Legislatura cordobesa, que ocupa desde hace una década, para dedicarse plenamente a judicializar en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Estos dos amparos en contra de la ley 26.610 (IVE) fueron presentados en dos instancias: una federal, que fue rechazada por el Tribunal Oral Federal 1; y otra, provincial.
En esta segunda instancia, el Portal de Belén inició una acción en contra del Poder Ejecutivo provincial solicitando que se declare inconstitucional el programa puesto en marcha por el Gobierno de Córdoba a través del Ministerio de Salud para la realización de abortos de acuerdo a la Ley Nacional 27.610.
Además, pidieron el dictado de una medida cautelar de no innovar – es decir, la suspensión de la aplicación de la ley en el territorio provincial mientras se tramita el amparo- que fue rechazada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de 1° Nominación de Córdoba, donde está radicada la causa. Si bien no se dio lugar a la medida cautelar, en abril se admitió formalmente el amparo presentado por García Elorrio.
El ex legislador interpuso una apelación y consiguió que el rechazo a la cautelar suspensiva se elevara al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba. En este contexto, el TSJ corrió vista a la Fiscalía General para que emita dictamen, como parte del procedimiento a seguir.
Esta opinión por parte del Ministerio Publico Fiscal es no vinculante, ya que el órgano judicial no está obligado a seguirlo para dictar sentencia.
Serias irregularidades
El dictamen firmado por Juan Manuel Delgado, y el fiscal adjunto, Pablo Bustos Fierro, causó sorpresa dentro del propio organismo e indignación por parte de agrupaciones feministas y legisladorxs provinciales.
En el escrito, reconocen a Aurelio García Elorrio la representación colectiva de “los niños por nacer y los niños no deseados” así como de “las niñas menores de 18 años a las que les estén suministrando el producto misoprostol” y recomiendan al TSJ dar lugar al recurso de amparo para frenar la implementación del aborto legal en la provincia. También sostienen que debe concederse la medida cautelar suspensiva mientras este se tramita.
Esta resolución fue firmada el 3 de agosto, pero pasaron varios días desde su redacción hasta que esta se cargó en el sistema, y la prensa local recién dio la noticia una semana después de su firma.
Otra irregularidad es que trascendió sin que las partes intervinientes fueran notificadas al respecto, y además no cuenta con la firma de todos los fiscales adjuntos, ni se hizo partícipe a secretarios y relatores, tal como se suele proceder en estas causas importantes.
En su comunicado, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba (CLIP) expresaron su “preocupación” ante “tal desprolijidad” que, según consideran “no es inocente”.
En tanto, las legisladoras Luciana Echevarría y Laura Vilchez (FIT) y el legislador Dante Rossi (UCR) presentaron un pedido de juicio político contra Juan Manuel Delgado por incurrir en las causales de mal desempeño en sus funciones y desconocimiento del derecho. De no prosperar en la unicameral de Córdoba, Delgado seguirá en el cargo hasta 2026.
Quién es quién en esta trama
Juan Manuel Delgado fue recusado por estas tres organizaciones, pero el TSJ aún no decidió si lo aparta o no del conocimiento de esta causa. “CDD, Fundeps y Clip pedimos que se lo aparte porque ya conocíamos su postura en contra del derecho a la ILE/IVE y su objetividad no estaba garantizada. Esta recusación no se resolvió, por lo que emitió el dictamen”, explica a este medio la representante legal de Católicas por el Derecho a Decidir.
La designación de Delgado en este cargo a principio de este año fue repudiada por la Asamblea Ni una Menos Córdoba, la Campaña por el Derecho al Aborto, agrupaciones universitarias, y legisladoras como Noel Argañaraz (FIT) y Luciana Echevarría (MST).
El vínculo entre García Elorrio y Manuel Delgado se remonta, por lo menos, a 1994. El Fiscal General se vinculó al Portal de Belén por asesoramiento legal. El nexo viene por parte de Jorge Scala -integrante del Opus Dei-, quien contrató a Delgado en su estudio jurídico cuando este se recibió de la Universidad Católica de Córdoba. García Elorrio recurrió a Scala en los 90’ para oponer una acción de amparo en la justicia federal para prohibir el uso de la “pastilla del día después”.
Además, esta no es la primera vez que el Portal de Belén arremete contra los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de las mujeres. En 2002, la organización antiderechos presentó una demanda contra el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable ante la Corte Suprema de Justicia. En 2012 impidieron mediante un amparo la aplicación del protocolo de abortos no punibles durante siete años en la provincia, medida que el STJ revirtió en 2019.
El fracaso judicial de los antiderechos
“Luego de la sanción de la Ley, y finalizada la feria judicial en todo el país, comenzaron a presentarse acciones para ponerle freno a este derecho a través del Poder Judicial con la estrategia clásica de utilizar el amparo pidiendo la inconstitucionalidad”, explica la referente legal de Católicas por el Derecho a Decidir. Y agrega: “Pero, además, pidiendo medidas cautelares con la finalidad de frenar la implementación hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión”. “Córdoba no fue la excepción”, lamenta.
Desde que entró en vigencia la Ley IVE -en enero de este año-, sectores antiderechos han intentado por la vía judicial tanto en juzgados federales, como provinciales, suspender la aplicación de esta norma debatida democráticamente en el Congreso y ganada en las calles para que las personas puedan acceder a su derecho al aborto.
En estos primeros meses del año, los antiderechos iniciaron 34 causas de las cuales 22 fueron rechazadas de manera “contundente” por la justicia. Mientras que, de las 12 restantes, ocho están a la espera de pronunciamiento judicial y cuatro ya fueron desestimadas, según indica el Reporte sobre causas judiciales contra la Ley 27.610, de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
“No hay ninguna sentencia de fondo que avale impugnaciones contra de la Ley 27.610”, determina el informe. Y añade que, entre los principales motivos, la justicia rechazó estas acciones judiciales antiderechos por no haber demostrado la “existencia de un caso o controversia” y, por tanto “no cuentan con legitimación activa”.
Estos intentos por obstaculizar el cumplimiento de la Ley fueron presentados por partidos políticos, personas individuales y Organizaciones de la Sociedad Civil en las provincias de: Buenos Aires, Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Chubut, La Pampa, San Juan. Además, hubo 5 causas de CABA.
