Por Felipe Kohler para Revista Crisis
La maquinaria de exterminio neoliberal encuentra su más reciente campo contra el pueblo en la revuelta popular, que se desarrolla desde el 28 de abril en Colombia. La lucha de clases se enmarca así en un contexto nacional propiamente explosivo en términos sociales. Colombia vive el conflicto interno más trascendente y longevo del continente. En términos históricos, la desigualdad en la tenencia de tierra se evidencia como central, al igual que en Chile. En Colombia, más del 80% de la tierra productiva se encuentra en manos de menos del 10% de lxs propietarixs.
Al mismo tiempo, Colombia es segundo país más desigual de América Latina después de Honduras y el séptimo a nivel global, según el coeficiente GINI. El conflicto interno ha llevado a que las élites en torno a la ultra derecha local, se enquisten en el poder por décadas, manteniendo la hegemonía político institucional. Un personaje central en la militarización y subsecuente fascistización de la sociedad colombiana, es el terrateniente, ex presidente y ex senador, Álvaro Uribe Vélez. Quien tuvo un rol protagónico en la construcción del paramilitarismo en Colombia, continuando la línea histórica de ejércitos privados utilizados como fuerzas de choque, y escuadrones de la muerte en contra del pueblo desterrado y despojado por la lógica capitalista de apropiación.
Dentro del proceso de paz, un informe reciente de la Justicia Especial para la Paz -JEP- de febrero de 2021, reconoció un total de 6.402 falsos positivos tan solo entre 2002 y 2008. Al mismo tiempo, Colombia es el país en América Latina con mayor cantidad de fosas comunes en el continente. Así se manejan lógicas del Estado de exterminio en contra del pueblo.
En términos históricos, las revueltas populares, dentro de su dinámica de espontaneidad, estallan en torno al rechazo a una medida puntual. En el Ecuador, fue el Decreto 883, en Chile, el incremento de la tarifa del metro. Ahora en Colombia fue la reforma tributaria antipopular impulsada por el gobierno neoliberal de Iván Duque. Después del retiro de la propuesta a reforma legal el pasado domingo 2 de mayo, la revuelta ya no se centró en la medida, sino que pasó a plantear los reclamos de décadas de olvido y exterminio por parte del Estado colombiano.
¿Como respondió el gobierno de Iván Duque al descontento colectivo? Con más exterminio. Antes del retiro de la reforma tributaria, Duque declaró ley marcial y estado de sitio en prácticamente todo el territorio colombiano, coincidiendo con el Día Internacional de la Clase Trabajadora, el 1 de mayo pasado. El concepto de “asistencia” militar pasó a ser el instrumento de la subsecuente militarización de la sociedad. Tan solo en la noche del 3 de mayo, se reportaban al menos dos docenas de asesinadxs en el barrio caleño de Siloé.
Duque entregó la potestad de intervención violenta en contra del pueblo al Ejército de Colombia, imponiendo una dictadura militar de manera extraoficial. Estos días de Paro Nacional, la potestad de intervención para “resguardar el orden” ahora le pertenece principalmente al ejército.
Las sistemáticas violaciones de Derechos Humanos que se multiplican en estos días, por parte de las fuerzas represivas en contra del pueblo de Colombia, corresponden al repertorio de imposición de la maquinaria de exterminio neoliberal. Las mismas tácticas son implementadas en contra del pueblo en Chile. No es una coincidencia de que la Policía Nacional de Colombia reciba asesoramiento técnico continuo y prolongado en materia de represión por parte de autoridades chilenas. De donde el mismo Uribe sacarìa términos rebuscados. Es posible constatar una exportación y generalización del modelo de represión desenfrenada practicado en Chile.
Frente a las masacres que se desarrollan día a día en contra del pueblo colombiano, podemos constatar que nos encontramos ante una nueva dinámica, la cual se adentra en la “Dctrina de Seguridad Nacional”, enaltecida por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Continuidad del libreto de contra insurgencia instaurado por las dictaduras del Cono Sur y el Plan Cóndor, brazos del imperialismo yanqui. Bajo el mantra de “Doctrina de Seguridad Nacional”, este remanente de la Guerra Fría se convirtió en el mayor legado de la Escuela de las Américas, laboratorio de décadas de terrorismo de Estado en América Latina. Los hechos que se suscitan estos días en Colombia, marcarán un hito en términos represivos y de aniquilación al pueblo para todo el continente. Si bien la represión es inherente a toda lógica estatal, dentro de la dictadura burguesa en su modelo actual: el neoliberalismo, se contrapone a todo lo que se llame pueblo.
Para el neoliberalismo, las vidas que hoy se lleva el Estado colombiano se traducen en “costos marginales” y bajas laterales para mantener el estatus quo. Este representa un costo menor para las élites en el afán de mantener sus privilegios e imponerlos por encima del resto de la sociedad. Los tentáculos del capital, aupados por décadas de cooperación militar con EE.UU. desatan toda su violencia y brutalidad en contra del pueblo colombiano. Frente al ejemplo de EE.UU., país con el mayor gasto militar a nivel mundial, Colombia le sigue los pasos, ubicándose en el segundo lugar en toda América Latina.
Adicionalmente, EE.UU. ha invertido casi 10 mil millones USD en equipamiento y sistemas de defensa y seguridad para Colombia en las últimas dos décadas. Así mismo, EE.UU. mantiene la misma política con México, transfiriendo casi 3 mil millones USD a su país fronterizo en el marco de la “guerra contra las drogas”. No sería coincidencia que tanto Colombia y México se encuentren en un panorama en el que la cooperación militar con EE.UU. crezca exponencialmente con las masacres y los crímenes de Estado.
En Ecuador, en el marco de las elecciones presidenciales de este año, la mayoría del electorado, en estrecha colaboración con el voto nulo, auparon a la banca al poder, facultándola de forma implícita a aplicar las mismas medidas y recetas económicas y represivas que se aplican en el modelo de Estado en Colombia. Como sociedad, nos saldrá caro haber escogido a un banquero y fiel representante de los intereses imperialistas y del capital. En medio de la conmoción internacional por la violación sistemática de Derechos Humanos en Colombia por parte de la fuerza pública, el CAL de la Asamblea Nacional del Ecuador, calificó el proyecto de “Ley del Uso Progresivo de la Fuerza” para su análisis y discusión.
Si bien Chile fue pionero en diseñar e implementar la doctrina del shock, Colombia fue el laboratorio para la militarización de un territorio nacional bajo el mantra del enemigo interno, de los años 80s, 90s y 2000s. Estos dos avances neoliberales representan el brazo económico y militar de la política de exterminio impuesta por los Estados neoliberales, la cual será implementada en su variante específica por el gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador.
En Colombia, a pesar de la muerte que exhala la maquinaria de exterminio del Estado burgués neoliberal, estos días se respira lucha, rabia, resistencia y dignidad. Que enfrentar a la muerte profesada por las masacres perpetradas por el Estado, no nos cueste la vida. Que el hermano pueblo de Colombia alcance el sueño arrebatado de una vida digna.
