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¿Quién mató a Cecilia Basaldúa?

A un año de su desaparición y posterior femicidio, la causa fue elevada a juicio con la oposición de la familia y querella, quienes cuestionan el accionar policial y judicial.

Por Magdalena Bagliardelli.

 

Habían pasado poco más de dos semanas de la cuarentena obligatoria por la pandemia de Coronavirus, cuando Cecilia Basaldúa envió el último mensaje a su familia por Whatsapp. Era el sábado 4 de abril, la mujer de 35, oriunda de Buenos Aires estaba viviendo en Capilla del Monte, en el patio de la casa de Mario Mainardi, un vecino del lugar, quien fue la última persona en verla. A ella le gustaba viajar, venía recorriendo Latinoamérica, y estaba contenta de pasar sus días en las sierras cordobesas.

 

 

Cecilia se alojó desde fines de marzo en lo de Mainardi. Tras su repentina desaparición, el hombre dio aviso el miércoles 8 de abril y le dijo a la familia que la joven había abandonado el lugar luego de un brote psicótico y que dejó sus pertenencias: un teléfono, una notebook y su mochila. Para los Basaldúa esa acusación resultó sospechosa porque su hija gozaba perfecto estado de salud.

 

Finalmente, la tarde del sábado 25 de abril se conoció la peor noticia: la Policía encontró un cuerpo sin vida en un basural cercano a la localidad de Capilla del Monte y luego confirmó que se trataba de Cecilia. Unos días antes, su familia había viajado casi 800 km para participar de la búsqueda.

La autopsia indicó que la mujer tuvo una muerte “violenta, no natural” probablemente por estrangulamiento y que intentó defenderse.

 

Tras 11 meses, a juicio

El lunes 27 de abril, la Policía detuvo por el hecho a Lucas Bustos, un campesino de 23 años que alquilaba caballos en la zona. Según fuentes judiciales, Bustos fue acusado del femicidio tras la recolección de testimonios en el lugar. Además, porque para llegar al lugar donde fue hallado el cadáver de la joven “había que conocer el terreno”.

 

La fiscal del caso, Paula Kelm, imputó a Bustos como el principal sospechoso de estrangular a Basaldúa 20 días atrás cerca de su casa. Entre los motivos por los que ordenó su detención, enumeró: “que el imputado tuvo conocimiento personal y directo de la víctima momentos previos y concomitantes a su homicidio” y “que del examen médico practicado (…) se pudo determinar lesiones compatibles con signos de defensa de la víctima”.

 

Por su parte, la familia de Bustos denunció que en la comisaría local lo golpearon para que se haga cargo de un crimen que -según sostienen- nunca cometió.

Once meses después del femicidio, la fiscal pidió la elevación a juicio de la causa, a comienzos de marzo, con la carátula de «Abuso sexual con acceso carnal y homicidio doblemente calificado por violencia de género y criminis causa».

 

Críticas a la investigación

Sin embargo, la querella que representa a la familia de la joven víctima se opuso a esta elevación a juicio porque considera que no hay pruebas suficientes contra Bustos, que faltó incluir otras pruebas solicitadas por ellas y que hay más personas involucradas en el hecho. “Estamos consternadas e indignadas con la resolución de la Fiscalía de Cosquín, cuando quedan 12 testimoniales para incluir –entre ellas, la persona que encontró el cuerpo en el basural- y una conclusión de pruebas genéticas, además de que hay un imputado contra el cual no hay ninguna prueba certera”, explicó a La Marea Noticias la abogada Daniela Pavón. Actualmente, hay un planteo en el juzgado de Control de Cosquín que espera su resolución.

 

 

Además, la querellante señaló que una de las imprecisiones en la investigación es que “la data de la muerte aún no se ha podido establecer con exactitud”.

“Se realizó una investigación cargada de machismo. El subcomisario Ariel Zárate que encabezó encargado de la desaparición y posterior femicidio está detenido por abuso sexual; la familia no fue llamada a identificar el cuerpo y el audio de una testigo que cuenta lo que pasó con Cecilia en una fiesta en la casa de Mainardi la noche que desapareció, y que coincide con nuestra hipótesis, no fue ni investigado, lo desestimaron. Nosotras reclamamos la verdad, queremos saber qué se encubre en Capilla del Monte  y qué sucede en el Valle de Punilla con la policía”, reclamó Pavón.

 

La abogada apuntó contra la fiscal Kelm, porque “cree que tiene la certeza de que el imputado ha sido el real autor, mientras nosotras creemos todo lo contario y estamos trabajando para oponernos”, aclaró. De hecho la elevación a juicio también fue rechazada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quién también se constituyó como querellante en noviembre ante “las falsedades en las que está incurriendo la Fiscal Kelm, la falta de acción y la preocupación por las demoras innecesarias en la investigación”, que manifestaron ante el Secretario Horacio Pietragalla, las abogadas y la familia Basaldúa.

 

La querella reclama que Mario Mainardi, quien fue la última persona que fehacientemente vio a Cecilia con vida, fuera citado a declarar como testigo y que a pesar de que en su vivienda se hallaron once muestras de sangre, no pudieron ser analizadas por la policía judicial por falta de admisibilidad para la fiscalía. “Para la fiscal es un simple testigo, dice que lo investigó en su momento, pero no consta en el expediente”, explicó Pavón. Además, señaló que este hombre que es oriundo de Rosario, se fue a vivir allí durante la cuarentena estricta y que sólo volvió a la localidad a prestar declaración.

 

Lo que pudo reconstruir la querella es que “Cecilia desapareció de la casa de Mainardi; que estuvo algunos días retenida contra su voluntad; que el hecho no sucedió donde encontraron el cuerpo y que hubo complicidad entre la policía, particularmente, de Capilla de Monte”.

 

“Nos sentimos desilusionados con el aparato judicial. Se perdió mucho tiempo de tomar material probatorio. Lejos de hacer una defensa de este chico (Bustos) consideramos que no hay nada que pueda vincular a este chico con Cecilia, sino más que decir que su familia sufría persecución policial y creemos que por eso apuntan contra él”, sostuvo la abogada que representa a la familia Basaldúa.

A un año de la desaparición de Cecilia, todavía reclaman justicia.

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