Y ahora que estamos juntas, y ahora que ya es ley

Y ahora que estamos juntas, y ahora que ya es ley

En esta nota en exclusivo para LaMarea Noticias, Perla Prigoshin, titular de la  CONSAVIG, detalla los puntos principales de la ley Nº27610 y analiza lo que podemos esperar respecto de su aplicación en todo el territorio nacional. Un resumen interesante para profesionales de la salud, de la abogacía y para todes quienes gestaron esta conquista. 

Por: Carina Ambrogi

Promulgada la ley Nº27610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, Perla Prigoshin, titular de la  CONSAVIG (Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género), sintetiza  los aspectos más importantes de la ley y su aplicación en todo el territorio nacional. Además, analiza lo que podemos esperar sobre su aplicación real. El aporte de Prigoshin se vuelve relevante en virtud de que fue no sólo una de las artífices de la ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen Sus Relaciones Interpersonales, sino que además tiene la tarea desde el 2011 de de monitorear su cumplimiento, y de articular a nivel nacional, provincial y municipal con todos los poderes para coordinar acciones que contribuyan en el diseño de sanciones contra la violencia de género.

 

La Promulgación:

 

La promulgación es un acto formal , realizado por el jefe de Estado, a través del cual se atestigua la existencia de una ley, a la vez que ordena cumplirla y hacerla cumplir, dándole a la misma fuerza ejecutiva y carácter imperativo.

 

Vigencia:

A  los 8 días de la publicación en el Boletín Oficial, a partir del cual es de cumplimiento obligatorio.

 

Reglamentación:

NO se requiere que la ley esté reglamentada para que tenga vigencia y deba cumplirse.

 

Detalle:

El Poder Ejecutivo se comprometió a eliminar la palabra «integral» cuando promulgue la ley en el Boletín Oficial, haciendo uso de su facultad de vetar parcialmente una norma sancionada por el Congreso, como parte de la negociación para obtener el aval al proyecto en la votación.

 

El concepto de integralidad en el abordaje de la  salud de las mujeres ha sido motivo de disputa, en apariencia formal, pero con fuerte anclaje ideológico, entre el movimiento de mujeres y los sectores antiderechos desde hace más de una década.

 

Es una ley de orden público:

Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina (Art. 21).

 

El orden público es el conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituida en una comunidad jurídica las cuales por afectar centralmente la organización de estos no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos ni, en su caso, por la aplicación de normas extranjeras.

 

LA LEY

 

-Se consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto, y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud. (Art. 2)

 

-La ley está enmarcada en La Constitución Nacional (Art. 75 inciso 22) y en los tratados de derechos humanos ratificados por la República Argentina, en especial la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y su Protocolo Facultativo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer «Convención de Belém do Pará», la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en virtud de la protección que otorgan a los derechos sexuales y reproductivos, a la dignidad, a la vida, a la autonomía, a la salud, aa la no discriminación y a una vida libre de violencias. (Art. 3)

 

-El aborto se permitirá hasta la semana catorce inclusive, del proceso gestacional. Fuera de ese plazo solo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud  de la persona gestante.

 

-Mujeres y personas gestantes tienen derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud con su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento. (Art. 5)

 

-Previo a la realización del aborto se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito.

 

-Las personas mayores de dieciséis (16) años de edad tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento a fin de ejercer los derechos que otorga la presente ley.

(Art. 8 a))

 

-En caso de menores de 13 años, se debe contar con el consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.

(Art. 8 b))

 

-Para menores entre 13 y 16 años la ley remite al art.26 del Código Civil y Comercial, que establece que lxs adolescentes dentro de ese rango etario pueden tomar decisiones en caso de tratamientos que no pongan en riesgo su salud o su vida.

 

-Objeción de Conciencia 

El/la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Para ello deberá mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión, y derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.

 

El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.

 

No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto.

 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda. (Art. 10)

 

Los centros de salud privados o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar un aborto a causa de la objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar, de similares características, donde se realice efectivamente la prestación. (Art. 11)

 

-Cobertura

Obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo. Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. (Art. 12)

 

-Despenalización.

El artículo 86 del Código Penal quedará redactado así: «No es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana CATORCE (14) inclusive del  proceso gestacional».

 

-Prescripción.

Las mujeres con causas penales en curso por abortos practicados dentro de las 14 semanas del proceso gestacional deberán ser sobreseídas automáticamente.

 

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR ?

 

Como ha sucedido históricamente con casi toda la normativa referida a los derechos de las mujeres, su implementación  encontrará escollos. Ejemplo de ello son los casos que se han conocido donde se niega el derecho a interrumpir embarazos producto de violaciones, o la falta de protocolos de atención de esos abortos en 5 provincias del norte pese a la recomendación hecha por la CSJN en el fallo F.A.L en 2012.

No es casual que la mayoría de  lxs legisladorxs de esas provincias haya votado en contra de la legalización.

 

Contamos esta vez, y no es poco, con un poder ejecutivo nacional que impulsó el proyecto, se puso al hombro la construcción de la mayoría legislativa y descuento que ahora asumirá la tarea de poner todos los esfuerzos en garantizar su cumplimiento.

Según informó el Ministerio de Salud se están comprando importantes cantidades de Misoprostol y se trabaja en la autorización para la fabricación de mifepristona en el país.

 

Seguramente el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable tendrá  un rol muy activo tanto en la difusión de información como en la recepción de denuncias ante incumplimientos.

 

Debemos esperar que se presenten amparos contra la ley y que haya jueces que los admitan. Allí deberá estar el Estado para apelar las veces que sea necesario.

También habrá intentos de dilaciones en los plazos, maltratos y presiones de algunos equipos de salud y de grupos antiderechos sobre las gestantes. Allí deberán estar las organizaciones de mujeres con información, contención, asesoramiento.

Hay redes de profesionales por el derecho a decidir en casi todo el país para contrarrestar esto.

 

QUÉ PODEMOS HACER ?

 

Tejer redes. Estar alertas.

En cada ciudad, en cada pueblo.

Sobre todo en los pueblos pequeños y aislados donde hay un solo centro de salud. Si son todxs objetores puede presentarse un problema de logística si el hospital más cercano está a muchos kilómetros.

En muchos lugares ya existen hace tiempo organizaciones de mujeres haciendo esta tarea.

Sería una buena estrategia identificar aliadas dentro de los equipos de salud. Las hay, y a veces por temor a represalias (perder el trabajo) se mantienen en silencio.

 

Estando juntas hemos conquistado nuestros derechos.

 

Peleamos para que sea ley. Pelearemos para que se cumpla. 

 

Perla Prigoshin, para La Marea Noticias

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