Quién dijo que el año está perdido

Quién dijo que el año está perdido

Por Magdalena Bagliardelli

Foto portada: Gentileza UNED

 

Pienso que en este momento

tal vez nadie en el universo piensa en mí,

que solo yo me pienso,

y si ahora muriese,

nadie, ni yo, me pensaría.

Y aquí empieza el abismo,

como cuando me duermo.

Soy mi propio sostén y me lo quito.

Contribuyo a tapizar de ausencia todo.

Tal vez sea por esto

que pensar en un hombre

se parece a salvarlo.

Roberto Juarroz 

 

Teresa Adriana Quinteros se crió sola y nunca fue a la escuela. A los 62 años, en la cárcel y durante la pandemia de Covid-19, se siente estudiante por primera vez. En 2019 la trasladaron desde la cárcel de la ciudad de Córdoba a la de Río Cuarto, al sur de la Provincia.

Tiene tres hijos, una hija, una docena y media de nietos y nietas, y una bisnieta. Uno de sus varones es bioquímico, otro maestro mayor de obras. También están el “vago” y una “nena”, que va al secundario. El chico y la hija están detenidos en Córdoba.

Cuando la llevaron a Río Cuarto se acercó a la escuela que funciona en el Establecimiento Penitenciario N°6. Llegó a tener dos clases con las maestras Clara y Alicia pero este año, debido al Coronavirus, no les vio la cara. Recibe la tarea en papel y la devuelve para que la corrijan. Así lo organizaron las docentes para mitigar el aislamiento de sus alumnos y alumnas de la cárcel, cuando se decretó la cuarentena.

Teresa está cursando el segundo ciclo, “algo así como el quinto o sexto grado”, aclara durante la videollamada que me permitió conocerla y conversar con ella. Lejos de su familia y en un lugar nuevo, sigue enfocada en aprender.

─¿Qué dicen tus nietos de que estás estudiando?

─Se me ríen. Pero a mí me gusta, todo es nuevo. Quiero poder enseñarles si me preguntan algo. Ellos terminaron la escuela y algunos van a la facultad. A mí me gustaría seguir el secundario y la universidad, pero tengo miedo a no saber nada cuando llegue.

Teresa habla y a su alrededor hay personal del servicio penitenciario custodiando la charla. Cuando duda en alguna respuesta, levanta la mirada buscando una indicación.

En el sector que comparte con 15 mujeres, hay otras que también estudian. Teresa cree que ella es la más grande. En la cárcel funciona un sistema de tutorías que en la pandemia se volvió fundamental. Las detenidas con estudios más avanzados guían a las que están aprendiendo a leer y a escribir. “Nos damos una mano entre todas. Trabajamos con fotocopias y libros que desde afuera nos mandan las maestras”, cuenta Teresa, cabello oscuro, remera fucsia y riguroso barbijo

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Foto ilustrativa: Daniel Ramonell

En los más de 200 días de Covid-19 en Argentina, las docentes del Centro Educativo de Nivel Primario de Adultos (Cenpa) Santiago Arias de Cabrera, anexo Barrio Pizarro, y del Centro Educativo de Nivel Medio para Adultos (Cenma) Número 73, Dr. Arturo Jauretche, anexo Unidad Penitenciaria de Río Cuarto, no lograron entrar a la cárcel. El Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba permitió el ingreso sólo a los trabajadores del Servicio Penitenciario.

En el primer mes, para que sus alumnos y alumnas no se sintieran tan aislados, a las maestras se les ocurrió mandarles mensajes por radio. Que supieran que afuera, ellas los pensaban mucho. La idea fue contagiosa, como el coronavirus. Grabaron sus canciones o poemas favoritos, y los enviaron a emisoras “amigas”.

En la radio Gospel, FM 102.9, Radio Universidad, FM 97.7, Radio FM Libre 105.5 y Radio Energía, 105.1, todas las mañanas se difundió un audio para que los y las estudiantes sintonizaran tras los muros.

Acompañarnos. Ahí está el recontra quid de la cuestión. Acompañarnos con el fulgor de la paciencia, parece simple pero es épico. Es la única forma potable de brillar. Como bichitos de luz en un campamento. Brillar y volar sin que nadie nos reprima. Intervenir en la inmensidad de la noche. Que siempre nos dio miedo. Que la luna sea nuestra sujeta tácita. Que los fantasmas se aburran y se vayan. Que los ruidos extraños se conviertan en la más maravillosa música. Leandro Gabilondo.

Eliana Godoy, profesora de Ciudadanía y Participación y Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, leyó este poema y uno de Roberto Juarroz.

“Acompañarnos, tan necesario y urgente ante tanta incertidumbre. Espero que este mensaje les llegue y lo reciban como el mensaje que no podemos darnos pero que sin duda alguna, va a llegar. Cuídense, los y las extrañamos. Y ahí va un abrazo grande, por ahora, a través del éter”, les dijo al final del mensaje.

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La pandemia mostró también las desigualdades en el ámbito de la educación. Durante el otoño, el Ministerio de Educación de la Nación distribuyó cuadernillos para alumnos sin internet. El material llegó a las cárceles de Córdoba, en las que hay 859 estudiantes en el primario y 2.071, en el secundario.

En Río Cuarto están alojadas 750 personas, entre condenados y procesados. Según las docentes, en este 2020 hay alrededor de 80 alumnos en el primario y 150 en el secundario. La mayoría, varones.

Las mismas profesoras que mandaban mensajes a través de la radio, tomaron los cuadernillos y los “intervinieron” antes de distribuirlos. Algunas actividades eran “muy infantiles”, entonces las “readaptaron” porque a las personas adultas “las desmotiva” que les hablen a niñas y niños. Además, hicieron una carátula con el nombre de cada estudiante y el de la escuela, “para alimentar el sentido de pertenencia”, y reemplazaron algunas páginas con actividades personalizadas.

Para mantener un contacto fluido, la coordinadora del Cenma, Claudia Barros, va cada 15 días a la puerta del penal para retirar lo hecho y entregar nuevas consignas para primaria y secundaria. Como no puede entrar, el nexo con sus estudiantes son las trabajadoras del área de educación del Servicio Penitenciario. Cuando se lleva hojas para corregir, Claudia las ordena en su casa y las envía por mail o Whatsapp al docente correspondiente.

“Este año trabajamos más que nunca, sin duda no se ha perdido el año”, asegura la coordinadora del Cenma, ante la consulta de esta periodista.

Antes del receso de julio, hicieron una encuesta para conocer la marcha del trabajo y las dificultades de las distintas materias. “Todos nos decían que volviéramos, que extrañan el aula, el contacto, el trato. Uno nos puso me gusta cuando vienen, porque traen olor a calle y a casa”, cuenta Claudia.

Otro mensaje decía: ¿Cómo vamos a aprender a escribir si no tenemos lápices ni hojas? Sin dudarlo, las docentes de la primaria pensaron que era lógico y compraron cajas de lápices negros y de colores, hojas sueltas y luego armaron bolsas con nombre y apellido de cada une de sus estudiantes.

“La escuela en la cárcel se parece a cualquier otra. Entrás al aula y te olvidás que estás ahí, ésa es la función”, sostiene Sandra Del Greco, profesora de la primaria. Las paredes están pintadas de color beige y cubiertas con afiches hechos en clase. Hay cinco aulas de uso común entre los tres años de la primaria y los tres del secundario, ubicadas en un sector del penal de hombres. Además hay una biblioteca “bien dotada” y una capilla, cerrada ahora por la pandemia.

A medida que las docentes llaman a sus estudiantes los guardias pasan por cada pabellón a buscarlos, que esperan su turno bañados y prolijos. Las mujeres, en cambio, tienen que atravesar un camino más largo para llegar al curso, acompañadas de una guardiacárcel.

“Durante las clases les gusta mucho ver imágenes, videos del exterior, mueren por eso. Si tienen algún texto para leer o trabajar en grupo, pongo música de fondo, o miramos video de la música, eso los ayuda a trabajar”, dice Sandra, quien lamenta no poder verlos en persona.

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Ahora que sabe leer y escribir, Teresa se “cartea” con el Programa de Cárcel y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, con quien tenía contacto antes de llegar a Río Cuarto.  “Les cuento de mis familiares, que han sido víctimas del golpe de estado. Eran militantes políticos y estuvieron detenidos. Me acuerdo lo feo de la época… Lo del Campo de la Perla (centro clandestino de detención y tortura). Están todos desaparecidos, unos primos y tíos, menos mi finado marido”, recuerda la mujer, que continúa sentada en una oficina del interior del penal frente a la pantalla de un celular.

Teresa aclara que es del clan “de los Quinteros”, “de Mandrake”, un hombre condenado a prisión por el secuestro y asesinato del panadero Héctor Corradini, un crimen que en 1988 conmovió a la ciudad de Córdoba.

La mujer suelta frases cortas para esta nota. Dice que el “tema del coronavirus” ya no le preocupa porque toda su familia se contagió. “Se me pasó el miedo”. En cambio, le asusta la salud de cuatro familiares con HIV. “Con ellos hablo tres veces al día, para ver cómo están”.

Cuando estaba en la cárcel de Córdoba, la familia se las arreglaba para visitarla, pero ahora es difícil. Sólo queda el teléfono para acortar la distancia.

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Antes de la pandemia, la escuela y la familia eran el contacto con el exterior. Por eso, cuando el lunes 7 de septiembre se conoció que había un joven, de 25, contagiado de Covid-19 en la cárcel de Río Cuarto, la noticia causó preocupación adentro y afuera. También se difundió que había ocho trabajadores del Servicio Penitenciario con la enfermedad y que unas 70 personas, con quienes convivía el primer positivo, estaban siendo hisopadas.

Esa tarde, un grupo de mujeres fueron a manifestarse frente al establecimiento; quemaron cubiertas; querían una respuesta de las autoridades. El director de la cárcel, Silvio Bravo, renunció por esos días y asumió Andrés Aciar, el número dos en la cadena de mando.

No estaban solas en su reclamo. Una semana después, 30 docentes de la cárcel firmaron una carta donde pedían conocer “la situación real” y que se garantice “el efectivo cumplimiento del derecho a la salud y a la dignidad humana”.

El número de contagios fue creciendo, hasta que el 15 de octubre falleció un hombre. Por esa fecha había 136 personas recuperadas y 6 en una carpa sanitaria ubicada en el patio, según informó Gustavo Echenique, el juez de Ejecución Penal. Esa tarde, un detenido, de 66, fue trasladado al Hospital Regional con dolor de estómago y con sospecha de estar infectado de Coronavirus. Luego, la Justicia Federal confirmó su muerte. Era de apellido Urbano y cumplía una condena por comercialización de drogas.

Ese mismo día, a 200 km, en la ciudad de Córdoba, un grupo de docentes de la universidad pública de Córdoba, abogados y abogadas, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas de gatillo fácil, redactaron un pedido al secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Calixto Angulo Márquez, para que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informe las cifras de las personas privadas de su libertad y del personal penitenciario; los mecanismos para reducir o controlar el hacinamiento; la cantidad de contagios y de muertes por COVID-19 y de consultas en Salud; así como los aislamientos preventivos en cada unidad penitenciaria.

Cumplir una condena no priva a las personas del resto de sus derechos, como lo señala una de las firmantes, Inés León Barreto, quien es abogada especialista en criminología, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, y tiene, además, trayectoria de trabajo en la cárcel. “¿Cuántas personas mueren por no tener acceso a la salud en tiempo y forma? Esta persona (que murió en Río Cuarto) era diabética, tenía 60 años, ¿no era responsabilidad del juez de ejecución de Río Cuarto otorgar una salida transitoria?”, cuestiona.

A fines de abril, en Argentina se abrió una polémica por la posibilidad de que fueran liberadas personas por vivir en condiciones de hacinamiento. Por esos días, motines en distintas cárceles de la Provincia de Buenos Aires exponían las malas condiciones en las que los detenidos pasaban sus días de encierro y el temor por los contagios.

Las noticias provenientes de Buenos Aires hablaban de “soltar” a 1.000 presos cuando en realidad no fueron ni 200. En Córdoba, se otorgaron 4 arrestos domiciliarios, según contó Barreto. “Estamos hablando de delitos leves, personas enfermas, que tienen derecho a la salida, no los estamos soltando”, nos señala la especialista en criminología.

Barreto cree que hace falta diseñar una política criminal y “establecer qué conflictos son los más graves, para no poner a cualquiera dentro de la cárcel”.

Para la abogada, las cárceles en Argentina son el resultado del fracaso de las políticas sociales. “Sirven para tener retenida gente a quien no puede el Estado darle trabajo ni educación. Es una criminalización secundaria, donde el Estado se ocupa con su faz más represiva de aquello que no hizo antes”.

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Hacia fines de octubre del 2020, desde la dirección del penal de Río Cuarto aseguran que “no hay pacientes con COVID-19” y que en total “fueron dadas de alta 180 personas”.

Sin embargo, madres, hermanas y esposas siguen de cerca la situación sanitaria, y aseguran que “aún esperan respuestas oficiales”.

Verónica Navarro es una de ellas. La mujer sabe lo que es estar en la cárcel pero ahora la mira desde afuera. Tiene a dos hermanos encerrados, uno de los cuales también estuvo en Córdoba.

Sus hermanos tienen asma crónica; solicitaron sin éxito el arresto domiciliario. “No se lo han dado a nadie”, aclara Verónica con resignación, al otro lado del teléfono.

“Tenés que aguantar porque no te queda otra. Te tenés que adaptar. Sabés que están ahí, pero no por cuánto tiempo o cuándo irán a dar de vuelta las visitas. Hablar con ellos por teléfono te hace bien”.

Antes de la pandemia, podían verse los jueves y domingos. Era el momento para compartir un rato, llevarles comida, ropa o artículos de higiene. A causa de la Covid-19, solo permiten ingresar mercadería y los números de una tarjeta para usar el teléfono público.

“Todos tienen miedo de morirse, no saben si van a salir vivos”, añade.

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Antes de que aparezca el sol, Teresa Adriana Quinteros se levanta; despacio, para no golpearse con la cucheta. Tiende la cama y espera a que le “den puerta” para bañarse. Desayuna y va al taller de costura donde cose barbijos, “ropa” para el hospital y para el servicio penitenciario. “Lo hago con la máquina, el zurcido no se usa más”, me aclara entre risas. Además de sentarse en un pupitre de madera por primera vez, en la cárcel de Río Cuarto, Teresa también aprendió a coser.

“Lo que más extraño es la familia. Me quiero volver a mi casa. Me entraron a robar y se llevaron todo”. Teresa está esperando que le otorguen el arresto domiciliario. Recién en junio del 2022 podría purgar su condena por el delito de comercialización de estupefacientes, agravada por la intervención de tres o más personas.

Se va terminando el día. La cena se sirvió a las 19. Antes de ser detenida, Teresa tenía una rotisería y su mejor plato eran las milanesas con papas doré, cortadas en bastón. Las recuerda con alegría, porque a su familia le encantan.

Se prende a una novela que le prestaron, y espera que aparezca el sueño. Antes de acomodarse boca abajo, para descansar mejor porque tiene problemas intestinales, Teresa reza y pide por la salud de los suyos, y por su libertad.

 

 

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