Aborto legal: ¿qué opinan lxs legisladorxs de Córdoba?

Aborto legal: ¿qué opinan lxs legisladorxs de Córdoba?

Magdalena Bagliardelli consultó a lxs representantes de Córdoba para conocer su opinión en relación al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se discute en el Congreso. La salud de las mujeres y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, por un lado, y la defensa de la vida desde la concepción, por el otro, figuran entre los principales argumentos de los votos a favor y en contra de la iniciativa.

Por Magdalena Bagliardelli para QUÉ Portal

 

El proyecto enviado a mediados de noviembre por el presidente Alberto Fernández al Congreso para regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo fue presentado como una “política de salud pública” y en el marco de “un Estado laico que dicta leyes civiles”, tal como sintetizó la secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra.

Con el impulso del Ejecutivo, quien cumplió el compromiso anunciado en la apertura de las sesiones legislativas, se espera que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sume voluntades políticas de distintos sectores. En el caso de Córdoba, no será tan fácil, ya que la mayoría de lxs representantes del pueblo tomarán una postura contraria, tal como sucedió en 2018, cuando se debatió en ambas cámaras la propuesta elaborada por la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito.

 

De acuerdo a los datos relevados por el Portal QUÉ, de lxs 18 diputadxs de Córdoba, sólo cuatro votarán a favor del proyecto, diez lo harán en contra y otros cuatro no adelantaron su postura. Era esperable el acompañamiento del bloque del Frente de Todos, como también el voto positivo de la diputada radical Brenda Austin, una de las cuatro legisladoras firmantes del proyecto original de la Campaña en 2018. En aquella oportunidad, la posición de lxs cordobeses fue de cinco votos a favor, doce en contra y una abstención.

 

Esta vez, los diputadxs de Juntos por el Cambio mantienen su postura de rechazo a la IVE, menos Mario Negri, que en 2018 votó a favor y ahora prefiere guardar silencio hasta que se discuta en el interbloque.

Los cuatro miembros de Córdoba Federal, que están bajo la órbita del gobernador Juan Schiaretti y su esposa, la diputada Alejandra Vigo, alimentaban la incógnita sobre su posicionamiento. El único que anticipó que votará de nuevo por la negativa es Paulo Cassinerio. Sin embargo, a horas del inicio del debate en comisiones en la Cámara baja, el bloque presentó un proyecto propio, firmado por los cuatro representantes, que incluye la despenalización “antes de la semana 14” pero en casos de “especial circunstancia de exclusión y vulnerabilidad de la persona gestante” y con necesidad de ser acreditada por un profesional de salud con “informe social” emitido “en los cinco días de solicitado”.

 

En el caso de la Cámara alta, dos de los tres senadores por Córdoba adelantaron que votarán a favor de la IVE; son Carlos Caserio (Hacemos por Córdoba) y Ernesto Félix Martinez (Juntos por el Cambio). Entre tanto, Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio), que en 2018 votó a favor del proyecto, ahora no está definida. Dos años atrás, los tres brindaron un apoyo unánime al proyecto que contaba con media sanción en Diputados, y que terminó siendo rechazado en Senadores.

 

¿Qué argumentos sostiene cada uno de ellxs para fundamentar su voto? Portal QUÉ consultó a lxs 18 diputadxs y tres senadores por Córdoba para conocer su opinión. Varixs se negaron a responder, explicando que aún no definieron su postura, mientras que otrxs detallaron sus posiciones, tal como se informa a continuación:

 

¿Por qué vota a favor de la IVE?

  • Brenda Austin
    (Dip. UCR – Juntos por el Cambio)

Télam 13/06/2018. Buenos Aires: Brenda Austin durante la votación por la despenalización del aborto. Foto: Fanton

“La realidad ha mostrado que pese al rechazo del Senado, en Argentina siguieron ocurriendo abortos en la clandestinidad. Y ése es el peor de los escenarios; implica que de 40.000 a 50.000 mujeres terminan hospitalizadas como consecuencia de abortos clandestinos, muchas de ellas con graves secuelas a lo largo de toda su vida y con internaciones promedio de diez días. La amenaza de la sanción penal lo único que hace es empeorar las consecuencias de una situación y un cuadro que ya de por sí es dramático. El hecho de que el Ejecutivo haya mandado dos textos, el proyecto de los Mil Días, como el otro enfocado desde el derecho a la salud, aportan las herramientas para que el derecho a decidir esté acompañado del respaldo del sistema de salud público y medidas de acompañamiento para la protección de la primera infancia. Es el camino que tiene que recorrer Argentina después de más de cien años de una legislación penal que ha mostrado a todas luces su fracaso, y también para ser respetuosos de los tratados internacionales que nuestro país ha firmado y cuyos organismos de monitoreo vienen exigiendo a la Argentina que garantice la aplicación de prácticas de interrupción de los embarazos. Sobre todo, los casos de niñas que han sido abusadas y violadas, respetando los estándares de salubridad y seguridad que establece la Organización Mundial de la Salud”.

 

  • Gabriela Beatríz Estevez
    (Dip. Frente de Todos)

“Mi voto es positivo, a favor del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Como diputadxs tenemos la obligación de legislar por sobre nuestras creencias religiosas y valores individuales en favor del bien común. Desde el 2018 a esta parte, hemos hecho un gran trabajo como sociedad. Pasó de ser un tema tabú a un tema debatido en las mesas familiares de nuestro país. La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo forma parte de la agenda urgente de la sociedad y de nuestro Gobierno. La realidad es clara: hay 370 mil abortos clandestinos por año. El aborto existe y seguirá existiendo, pero al ser clandestino pone en riesgo la vida de las personas con capacidad de gestar. Es nuestra responsabilidad urgente legislar sobre esta realidad. El proyecto de ley presentado esta vez por el Poder Ejecutivo recoge los consensos construidos con el movimiento feminista y disidente y aborda la problemática como lo que es: una cuestión de salud pública, y lo hace con perspectiva de diversidad, garantizando el derecho a decidir. Estoy convencida de que muy pronto será ley”.

 

  • Eduardo Fernández
    (Dip. Frente de Todos)

“El Gobierno nacional está cumpliendo con una promesa de campaña y con el compromiso que asumimos con el movimiento feminista, verdaderas protagonistas de esta lucha de muchos años. Creo que es tiempo de saldar esta deuda social. Garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de legalidad, seguridad y gratuidad es una cuestión de salud pública y justicia social. Paralelamente, el Ejecutivo también envió un proyecto que establece la asistencia del Estado a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, el Plan de los Mil Días, para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida. Por las miles de mujeres que perdieron la vida obligadas a abortar en la clandestinidad y por las que ya no tendrán que hacerlo si se sanciona la IVE, voy a acompañar con mi voto este proyecto”.

 

  • Pablo Carro
    (Dip. Frente de Todos)

“Siento una inmensa alegría por la decisión del presidente Alberto Fernández de enviar el proyecto de ley de legalización del aborto al Congreso. Su tratamiento marca un hito fundamental en la larga lucha de las mujeres para que sea reconocido su derecho. Lo que está en discusión es justamente el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Además, hay una estricta cuestión de salud pública; es imprescindible despenalizar y legalizar el aborto. Está comprobado que, en los lugares en que se legalizó, no aumentaron los casos. Por su parte, el proyecto que se va a tratar no obliga ni promueve el aborto, pero va a permitir salvar la vida de muchas mujeres. Tal como ellas lo expresan en la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Será ley”.

 

  • Carlos Caserio
    (Sen. Frente de Todos)

“Acompaño positivamente las leyes enviadas por Alberto Fernández al Congreso de interrupción voluntaria del embarazo y la correspondiente al programa de los Mil Días. Los abortos suceden, pero de forma muy inequitativa: aquellas que tienen recursos, lo hacen sin riesgos, mientras que las mujeres de menores recursos llegan a los hospitales con complicaciones fruto de prácticas caseras. El Estado tiene que cuidar de todas sus ciudadanas, haciéndose cargo de que la práctica existe y hay que darle una solución integral e igualitaria en el acceso a la salud. Como hace dos años, sostengo que la semana 12 debe ser la fecha límite para que la práctica no sea punible. Celebro la incorporación de la objeción de conciencia de los profesionales, que algunos senadores solicitamos, y la misma debe ser extendida a las instituciones privadas que lo soliciten, respetando sus preceptos. Es fundamental la mirada amplia, profundizando la Educación Sexual Integral y los derechos a la maternidad y del niño. En ese sentido, acompaño también el Plan de los Mil Días”.

 

¿Por qué vota en contra de la IVE?

 

  • Héctor Baldassi
    (Dip. Pro – Juntos por el Cambio)

“En 2018 voté en contra del proyecto y ahora también lo haré. Mi fundamento es que la vida humana comienza desde la concepción. Nadie tiene derecho a negarle la posibilidad de existir a otra persona. Fijar un límite de tiempo que determine cuándo está permitido y cuándo está prohibido interrumpir un hecho natural que se está desarrollando, sería una decisión arbitraria del Estado sobre el derecho humano a la vida, menos aún sin posibilidad de defenderse. Sería un acto de egoísmo que como diputado vote por negarle la posibilidad de ‘ser’ a alguien. Lo que me parece importante es discutir las mejores políticas públicas para abordar el problema de los embarazos no deseados, y el aborto no es el camino”.

 

  • María Soledad Carrizo
    (Dip. UCR – Juntos por el Cambio)

“Considerar que la integridad de la salud y el libre ejercicio de la libertad se dirimen principalmente en la práctica de la IVE es un reduccionismo y una falacia para los fines que propone el proyecto y los medios con los que los quiere alcanzar. Al considerar que la vida de cualquier ser humano comienza desde el momento de su concepción, no queda más que rechazar el proyecto de IVE. Esta postura no niega las dificultades y problemáticas del sistema de salud y educación, que deben ser mejorados, actuando desde la prevención y el acompañamiento. La interrupción voluntaria del embarazo crea una categorización y degradación de los derechos humanos, que es irreconciliable con nuestro ordenamiento jurídico. No consideramos que haya un límite de cantidad de semanas para determinar si existe vida o no. La ampliación de derechos es incoherente con la desprotección de las personas por nacer. Hacerlo implica limitar la libertad, la autonomía y el derecho a la vida, que es el principal derecho humano”.

 

  • Soher El Sukaria
    (Dip. Pro – Juntos por el Cambio)

Foto: Agenda 4P

“No es el momento indicado para dar tratamiento a una temática sensible y de interés social, cuando la pandemia del Covid nos atraviesa y la grave situación económica, sanitaria, social llena de incertidumbre a la ciudadanía. La salud es competencia provincial y está evidenciado que cada provincia no posee un sistema de salud que dé garantías mínimas de poder realizar este procedimiento que se intenta legislar como obligatorio. Es inconstitucional, tal como establecen varios pasajes de la Constitución y de forma categórica los convenios internacionales de rango constitucional. La ciencia ha probado que el embrión es una persona distinta y diferente de su madre. No es verdad que el aborto sea la principal causa de muerte; están antes las causales cardiovasculares y el cáncer. Igual, toda enfermedad debe ser prevenida y es responsabilidad del Estado. Es absoluto derecho velar por la vida de quien concibe como de quien es concebido. El Estado no puede resolver el tema de embarazos no deseados mediante prácticas que dejan secuelas de por vida en las mujeres; no es un derecho. El nuevo proyecto incorpora sanciones penales al equipo de salud (art 14) y la objeción de conciencia se reconoce solo al personal de salud que deba actuar de forma directa (art 10). Es grave que el consentimiento, en caso de niñas de entre 13 y 16 años, pueda ser emitido por un tercero que no esté relacionado al ámbito familiar. En definitiva, el aborto no es un avance en los derechos de las mujeres, el aborto es el fracaso del Estado ante políticas de prevención y educación acertadas para evitar los embarazos no deseados”.

 

  • Gabriel Alberto Frizza
    (Dip. Pro – Juntos por el Cambio)

“En 2018 voté en contra, por motivos que tienen que ver con las convicciones, con aspectos conceptuales y también de orden práctico. Nada ha ocurrido desde entonces que me haga cambiar de idea. Si ahora se trata, mi voto será también negativo. Estoy convencido de que antes de entrar en ese camino extremo, primero el Estado debe agotar todas las instancias para preservar la vida. Por ejemplo, no se han tratado en Diputados ninguno de los proyectos que presentamos para facilitar la adopción y la adopción en vientre. Es inadmisible que resulte más fácil acceder a un aborto que a adoptar un bebé. A la fecha, tampoco está implementado en el país un programa de salud sexual integral y permanente, ni hay campañas públicas sostenidas que nos permitan masificar el alcance de los métodos de anticoncepción y bajar la tasa de embarazos no deseados. Además, quedó demostrado con el Covid que no tenemos un sistema de salud preparado, y menos en condiciones de dar respuestas a un esquema de legalización del aborto. Si se aprueba la ley, me temo que estaríamos generando una demanda a la que no vamos a poder responder”.

 

  •  Leonor María Martínez Villada
    (Dip. Coalición Cívica – Juntos por el Cambio)

“El proyecto de ley de legalización del aborto es, en primer lugar, inconstitucional. Por un lado, se opone a lo establecido en el artículo 75, inc. 23, que sostiene que el Congreso debe dictar un régimen de seguridad social especial para la madre y el niño desde el embarazo. A su vez, debe promover medidas que garanticen el pleno goce de los derechos establecidos en nuestra Constitución y por los tratados internacionales vigentes, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que sostiene que ‘se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad’. En segundo lugar, estamos aquí ante una colisión de derechos, los del niño por nacer y los de la madre, y siempre se debe estar a favor del más débil, del que no puede defenderse. Por esto, expreso mi rechazo al proyecto de legalización del aborto”.

 

  • Diego Matías Mestre
    (Dip. UCR – Juntos por el Cambio)

“La vida es precondición para la existencia de cualquier otro derecho. Desde el punto de vista jurídico, el embrión es vulnerable y está protegido por la Constitución nacional. Para el derecho argentino, la persona por nacer es un niño. Y esta definición no puede cambiarse sin desmoronar nuestro ordenamiento jurídico. En 1984 se aprobó el Pacto de San José de Costa Rica. El mismo determina que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido a partir de la concepción. Quienes impulsan la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo argumentan el derecho de la mujer a decidir lo que ocurre dentro de su cuerpo. Pero ese derecho encuentra un límite cuando daña a terceros. Urge encontrar otro camino, como el que propuse hace un tiempo para regular la adopción prenatal: lo considero una alternativa para proteger la vida de quienes no pueden ser oídos.”

 

  • Adriana Noemí Ruarte
    (Dip. Pro – Juntos por el Cambio)

 

Voto a voto

Diputadxs

 

· A favor: Gabriela Estévez (Frente de Todos), Brenda Austin (UCR – JxC), Pablo Carro (Frente de Todos), Eduardo Fernández (Frente de Todos).

· En contra: Héctor Baldassi (Pro – JxC), Diego Mestre (UCR – JxC), María Soledad Carrizo (UCR – JxC), Leonor María Martinez Villada (Coalición Cívica – JxC), Paulo Leonardo Cassinerio (Córdoba Federal – Hacemos x Córdoba), Gabriel Alberto Frizza (Pro – JxC), Adriana Noemí Ruarte (Pro – JxC), Luis Juez (Pro – JxC), Soher El Sukaría (Pro – JxC), Víctor Hugo Romero (UCR – JxC).

· Indefinidxs: Mario Raúl Negri (UCR – JxC), Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal – Hacemos x Córdoba), Alejandra Vigo (Córdoba Federal – Hacemos x Córdoba), Claudia Márquez (Córdoba Federal – Hacemos x Córdoba).

 

Senadores

· A favor: Carlos Caserio (Hacemos x Córdoba), Ernesto Félix Martinez (JxC).

· Indefinida: Laura Rodríguez Machado (JxC).

 

 

 

 

 

 

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