El caso fue denunciado por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Córdoba, porque no se trata de una situación aislada, sino una más de las historias que se repiten en la Provincia y el país, por falta de acceso a los abortos seguros.
Por Magdalena Bagliardelli
En un comunicado emitido en la tarde del martes, el mismo día que el Congreso comenzó a debatir en comisiones el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se conoció la historia de una mujer que perdió la vida en un hospital de la provincia de Córdoba por las consecuencias de un aborto séptico. Tenía 40 años. Era madre y esposa.
“Durante tres semanas, luchó por salvarse en un hospital de la provincia de Córdoba, donde permaneció internada en terapia intensiva con pronóstico reservado. En los últimos días, había registrado una leve mejoría en su salud, por lo que ella esperaba con ansias regresar a su casa, pero tras dos paros cardíacos, falleció el 7 de noviembre a causa de las complicaciones que le provocó no acceder a un aborto seguro”, describe el comunicado.
“En lo que va del año, Mariela (como eligen llamarla para preservar su identidad) es la primera mujer que conocemos que muere por la clandestinidad del aborto en Córdoba”, expresa más adelante el mensaje.
En diálogo con La Marea Noticias, Ana Morillo, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Córdoba, dijo que hoy en Córdoba “falta información o se realiza un sub registro de las muertes por aborto” y además, que “no hay atención en todos los lugares de la Provincia”.
Respecto a la situación de vulnerabilidad que esto genera, añadió: “Una mujer que cursa un embarazo no deseado decide ponerse en riesgo, porque el misoprostol es inaccesible por cuenta propia, por el costo elevado, o porque no se lo venden”.
“En los hospitales tiene que haber stock de misoprostol que envía la Nación. No puede ser que una mujer tenga que esperar 2 ó 3 semanas para acceder… tiene que haber en todos los lugares y la realidad es que en donde menos hay, es donde más tenemos problemas”, expresó la integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.
“Pedimos reunión en diciembre del año pasado con el Ministro Cardozo y no tenemos respuesta. Desde la Red que conformamos en hospitales y centros de salud queremos saber qué sucede en esos lugares que no atienden Interrupción Legal del Embarazo (ILE), cómo van a resolver para que atiendan”.
Otro problema que advierten es la falta de espacios o consejerías de escucha para ayudar a las personas que están atravesando esta difícil situación. “Necesitamos que el sistema de salud dé respuestas. El 90% de los abortos son ambulatorios y con medicación, sin embargo, la mujer concurre al hospital solo en la desesperación, porque antes, tiene miedo de que la hostiguen. Ése el sistema de salud que ofrecemos en Córdoba”.
Además, criticó un video de la Provincia en el que hablan de derechos sexuales y reproductivos pero no mencionan de manera clara el acceso a la ILE como atención prioritaria, como lo declaró la Organización Mundial de la Salud con el advenimiento de la pandemia en marzo. “De por sí no hay escucha en los hospitales, y menos en pandemia”, señaló a este medio.
Formación para los equipos de salud
Desde la Campaña reclaman una audiencia con el ministro de Salud, Diego Cardozo, desde diciembre de 2019, para hablar de la situación del acceso a la salud sexual y reproductiva en los hospitales de la Provincia. Recordemos que a partir de septiembre del año pasado, cuando el Tribunal Superior de Justicia rechazó un pedido del Portal de Belén para evitar que se aplique la “Guía de Procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punibles”, la situación cambió en los centros de salud públicos. “Se vio la mejoría, pero no vemos una línea de trabajo porque en la práctica no hay acceso pleno a la ILE. Hay una definición política de que los servicios de salud no se pongan a tono con lo que plantea la ley, de que las mujeres no sepan que tienen este derecho, es una decisión política”, dice Ana Morillo.
Tal como lo detalla Fundeps, la Guía aprobada mediante la Resolución 93/12 establece cómo deben proceder las instituciones de salud de la provincia de Córdoba ante el requerimiento de un aborto no punible por las causales establecidas en el Art. 86 Inc. 1 y 2 del Código Penal con la interpretación de la Corte Suprema. Esto es: cuando la vida o la salud de la persona gestante esté en peligro. Aquí se tiene cuenta la definición de la Organización Mundial de la Salud, que entiende a la salud como el mayor estado de bienestar general (social, físico, emocional, espiritual, mental, etc.) que pueda tener una persona; o cuando el embarazo sea producto de violación.
“Depende qué equipo de salud te atienda, la causal salud es más o menos restringida. Pero no puede quedar bajo el tutelaje del grupo de profesionales que te atiendan, por eso la urgencia de que sea legal. Necesitamos que las mujeres concurran al servicio de salud y que les tengan que dar respuestas”, indicó la profesional.
A la espera de la ley
Además de Mariela, hubo al menos otras tres muertes por aborto que conocen desde la Campaña. “En pandemia, los abortos siguen ocurriendo. Por eso, es urgente legalizar la interrupción voluntaria del embarazo: sin ley, las mujeres y personas gestantes se ven obligadas a recurrir a métodos inseguros y mueren por no acceder al sistema de salud de manera adecuada. Mariela es víctima de un sistema que criminaliza y prejuzga en lugar de garantizar”, dicen.
“A nivel nacional, tampoco hay acceso pleno: son 39.000 al año las internaciones por abortos inseguros. Estamos ante una problemática de salud pública que exige respuesta de los Estados nacional, provinciales y municipales”, concluyen en el comunicado enviado recientemente.
“El mundo mira a Argentina. Nosotrxs -que somos más de dos millones en las calles- miramos a diputadxs y senadorxs a la espera de que legislen por nuestro derecho. Es ahora”, finalizan.
