Desde Familiares Atravesados por el Femicidio aseguran que hay desconocimiento por parte de las familias de la existencia de la reparación económica para niños, niñas y adolescentes cuyas progenitoras hayan sido víctimas de femicidios. Además, cuentan las dificultades para acceder a este derecho.
Por Magdalena Bagliardelli
La vida de Marcela Morera cambió para siempre el 11 de octubre de 2015. Esa madrugada, Marcos Andrés Mansilla mató a golpes a su hija Julieta Mena, de 22, embarazada de dos meses, en el baño de su casa en Ramos Mejía. Un año y medio después, el agresor recibió una condena perpetua por el femicidio contra su pareja.
Todo el dolor por la pérdida de su única hija se fue transformando en impulso para ayudar a otras familias que también se quedaron sin una hija, una madre, una hermana, víctimas de la violencia machista. En 2018, junto a otros familiares que se conocieron en una mesa de trabajo que funcionaba en el marco del Consejo Nacional de las Mujeres (luego INAM, hoy Ministerio de la Mujer, Género y Diversidades) fundaron la asociación civil “Familiares Atravesados por el Femicidio”.
Según un relevamiento del Observatorio Ahora que sí nos ven, publicado a comienzo de octubre, desde que comenzó el año, hay 223 mujeres asesinadas y a causa de estos femicidios, 189 niños y niñas se quedaron sin sus madres.
A partir de la sanción de la Ley Brisa o la Ley N°27.452 de Reparación Económica para niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad sin límite de edad (RENNYA) –sancionada en julio y reglamentada en septiembre de 2018- todos esas niñas, niños, adolescentes (hasta los 21) y personas con discapacidad (sin límite de edad) pueden acceder a una percepción mensual, equivalente a un haber jubilatorio mínimo.
Sin embargo, la ley que comenzó a implementarse en febrero de 2019, no garantiza el acceso a este derecho porque en muchas ocasiones hay desinformación o dificultades “burocráticas” que desalientan a las familias a tramitar la reparación económica.
Más de 550 niños, niñas y adolescentes
Un informe de Senaf señala que nuestro país desde febrero de 2019 (comienzo de la aplicación de la Ley N°27.452) a mayo 2020, se iniciaron 914 solicitudes. En Córdoba, se presentaron 69 expedientes, de los cuales 9 se tramitaron en Anses Río Cuarto, según confirmaron fuentes oficiales. En tanto, en igual período, hay 550 niñas, niños, adolescentes y jóvenes que ya son titulares del derecho a la reparación.
Según Familiares Atravesados por el Femicidio, de 121 huérfanos del grupo, hay 39 que cobran la reparación económica; 23 iniciaron el trámite y están aguardando cobrar, y unos 59 no iniciaron porque hay algún error en el certificado de defunción, o un problema con la carátula judicial o la guarda que no llega.
Para iniciar el trámite es necesario presentar documentación referida al hecho, al beneficiario/a y al representante legal. La Anses, mediante las UDAI de todo el país, recepciona la documentación y genera el expediente electrónico que tramitan los tres organismos. Una vez iniciado, es remitido al Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género, donde se coteja de la documentación y se realiza el primer contacto con la persona que solicitó la reparación. Se elabora un informe técnico de la situación actual de la familia, que es remitido a la Ley N° 27.452 – Reparación económica a niñas, niños y adolescentes Senaf para su evaluación, aprobación o eventual observación o desestimación, en el caso de corresponder.
Dificultades
“En algunas UDAI te dicen que con guarda provisoria alcanza, otros dicen que necesitás la definitiva. La gente se marea. A veces sucede que quien asesina a la mujer no es el padre de los chicos, entonces no se necesita guarda porque es el papá que está vivo el que cobra. Entonces en UDAI le contestan “ah pero si el padre está vivo que los mantenga el padre”, otro desconocimiento”, explica Marcela.
“Cuando la gente nos llama, nosotros le hacemos seguimiento, les explicamos cómo es el trámite entonces cuando vuelven a Anses con mayor conocimiento, o si el caso se ventila en los medios, salen más rápido. Una locura porque hay muchas familias que quieren tramitar, que no tienen idea y una vez que van a Anses y les dicen que “no”, se van a su casa y no regresan porque piensan que alguien les dio mal la información. ¡Y ya que el Estado dé mal la información, estamos fritos!”, opina la integrante de “Familiares Atravesados por el Femicidio”.
Así fue el caso de Carlos Vidosa, en la ciudad de Carlos Paz. Vidosa es el papá de Ingrid, asesinada el 24 de agosto de 2015 en el Cerro de la Cruz por Marcos Haye, cuya nieta fue la primera en percibir la reparación en Córdoba, en julio de 2019. “A Carlos le decían que esa ley no existía, lo hacían ir y venir, o tenemos a un compañero en Jujuy que lo interpelaron y le decían que “para qué quería él esa plata de la nieta”, “qué iba a hacer”. Fueron maltratos horribles, la gente no sabía nada. En Anses algunos te pedían una cosa, otros nada, la gente se iba… y fue así todo 2019”, recuerda Marcela.
Entre los requisitos se encuentra el “testimonio o copia de la sentencia o del Certificado de Guarda/Tutela/Apoyo con representación o Adopción/ Curatela expedido por autoridad judicial”. “El tema de la guarda es lo que más cuesta, tardan un montón en el Juzgado de Familia”, asegura la mujer.
Respecto a la documentación del hecho, se requiere una “copia del auto procesamiento, auto de elevación a juicio oral o sentencia de condena firme, donde figuren todos los datos de la causa de femicidio/homicidio”. “También ahí hay una duda muy grande porque a todos les pedían sentencia firme, que tarda bastante en obtenerse. A otros les decían que como no hubo juicio, no se podía, iniciar. Y en realidad si no está elevado a juicio con el auto de procesamiento alcanza. Si está elevada a juicio, te piden la sentencia. Había problemas también cuando el femicida está muerto. Pero también se consigue el papel que dice que la causa se cierra por muerte de femicida”, resume.
Fallas de la Ley
Desde la Asociación detectan algunas falencias de la ley, como por ejemplo, la necesidad de que exista un imputado en la causa judicial. “Hay casos de femicidios donde no hay imputados porque no se encontró. Es tremendo. Porque genera un agujero negro, como decimos nosotros. También tenemos un grave problema con “las suicidadas”, que son mujeres que las hacen pasar por suicidio cuando sabemos que no fue así y olvídate que vayan a cobrar un peso sus hijos”, añade Morera.
Además, si bien la Ley Brisa contempla una cobertura de salud pública hasta los 21 años, Marcela opina que no es suficiente. “La Ley debería garantizar la salud de los niños, tanto mental como física porque no les da obra social, sino que deben concurrir al hospital a atender como cualquier ciudadano argentino y sabemos cómo están colapsados”, dice.
“Sabemos casos de niñas que se han querido suicidar por los problemas severos que genera la situación de que el padre mató a la mamá. La familia necesita contención, saber cómo tratar con un chiquito al que le mataron a su mamá violentamente y eso está contemplado en el servicio hospitalario común, con lo cual es la nada misma, no conseguís turno”, señala.
Trabajo coordinado
Hace unos días, las integrantes de la Asociación se reunieron con la Secretaría de Género de La Matanza y en particular, con quienes vienen abordando la Ley Brisa. “Ellos iban a tener reunión con Fernanda Raverta (titular de Anses) para ver las dificultades, entre ellas, un caso que no tiene imputado y que si logran que se los tomen, va a ser un buen precedente porque nosotros también tenemos algunos casos que no tienen imputados”.
Marcela considera que se podría trabajar de manera coordinada entre áreas de género municipales y la Justicia para brindar asesoramiento a las familias que quedan atravesadas por un femicidio. “Cuando en una familia ocurre un femicidio, si tuviste suerte y lo mediatizaron, estás en los medios. Pero nadie te dice mirá que podés cobrar tal cosa. Salvo que tengas un conocimiento o una organización que te pueda avivar y decir algo. En ese momento uno está estallado”, expresa.
“Si la secretaria de género de cada municipio tuviera gente abocada a que las fiscalías de ese lugar se comunicaran con ellas con cierta frecuencia para ver si hay algún femicidio o asesinato de mujer, para que ellas puedan estar atrás de ese caso y conectadas con la familia, podrían ayudar a buscar un abogado, a ver si hay niños de por medio, informarles de Ley Brisa, que pueden tener contención psicológica, es decir, poder darles desde el municipio una orientación y qué derechos tienen”, sugirió. “La verdad que no nos parece que sea algo tan difícil de poder concretar y vemos que hay mucha gente que no inició Ley Brisa porque no tiene ni idea de qué se trata”
¿A quiénes está destinada la Reparación Económica a Niñas, Niños y Adolescentes (RENNYA)?
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 21 años de edad o personas con discapacidad sin límite de edad cuya madre, progenitor, progenitor/a haya sido víctima de homicidios por violencia de género o violencia intrafamiliar.
¿En qué casos corresponde recibir la RENNYA?
- Cuando su progenitor y/o progenitor afín haya sido procesado y/o condenado por el delito de homicidio de su progenitora.
- La acción penal se haya extinguido con motivo de la muerte del autor material.
- Cualquiera de sus progenitores y/o progenitores afines haya fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de género.
- La reparación se generará para cada titular, teniendo derecho al retroactivo que se calcula desde la fecha de ocurrido el hecho, en caso de que haya sido posterior a julio de 2018, o a partir de esa fecha si el hecho es anterior, de acuerdo al decreto que reglamenta la Ley 27.452
Requisitos, disponibles en https://www.anses.gob.ar/regimen-de-reparacion-economica-para-las-ninas-ninos-y-adolescentes-ley-27452
Turnos para acceder a RENNYA: https://tramitesweb.anses.gob.ar/js/turnos/#/turnos
Contacto Familiares Atravesados por el Femicidio https://www.facebook.com/Atravesados-por-el-femicidio-542493676125700/
