No es competencia municipal, el ILE requiere una intervención más compleja y la discusión instalada a nivel nacional no contempla por ahora el rol de los municipios, fueron los tres argumentos que señalaron desde el Municipio de la Ciudad de Río Cuarto sobre porque no garantizan la práctica. Ninguno se corresponde con la realidad, lo que dejó en evidencia el desconocimiento de las autoridades sobre la materia.
Por Carina Ambrogi (La Marea)
Por primera vez se pidió de manera formal al Municipio de Río Cuarto que garantice el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), una práctica legal y vigente en el país desde 1921. En la ciudad este servicio de salud siempre fue garantizado por la provincia. Los requerimientos que llegan a los centros asistenciales municipales son derivados al hospital provincial San Antonio de Padua.
La presentación la realizó la agrupación política “La Colectiva”, con la firma de su referente, Virginia Blelgino, y está acompañada por más de 10 organizaciones sociales, políticas y sindicales. Piden al municipio informe de la situación respecto del acceso a este y otros derechos incluidos en la Ley N°25.673, del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. El documento cuenta con el patrocinio de las abogadas de la ONG “Católicas por el derecho a decidir”.
La Marea Noticias consultó al Municipio porque no es garante de este derecho a lo que respondieron “No es competencia municipal. La competencia municipal es la atención primaria de la salud, y el ILE requiere una intervención más compleja”.
Sobre “intervención más compleja” se refiere a que corresponde se atienda en el Hospital provincial. Consultada el área de salud sexual y reproductiva de la provincia sobre esto señalaron que no tenían nada que comentar porque lo que hacen los dispensarios municipales tiene relación con el Municipio.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación, consultados sobre estas expresiones aclararon a La Marea Noticias que: “Los municipios tiene que garantizar derechos sexuales y reproductivos en el marco de las leyes nacionales vigentes, y en sus servicios de salud tienen que garantizar las prestaciones de salud púbica, entre las que están dispensa de métodos anticonceptivos (MAC) e ILE. La Ile se puede prestar en servicios ambulatorios con medicamentos, esto es lo recomendado por OMS, en función de las semanas de gestación”.
El segundo argumento que brindaron desde la Municipalidad de Río Cuarto es que “la discusión instalada a nivel nacional no contempla por ahora el rol de los municipios. Hasta que no se establezcan definiciones de un marco regulatorio preciso no tenemos los tenemos los instrumentos legales”. La respuesta es extraña en virtud de que no hay ninguna discusión nacional vigente sobre ILE, la discusión en todo caso que se está dando en la sociedad argentina es sobre la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, que es algo distinto.
Desde el Ministerio de Salud de Nación señalaron al respecto: “El protocolo ILE nación es una herramienta con los avances científicos y marco legal vigente para brindar stándares de calidad adecuados. Los municipios y las provincias están obligadas a cumplir lo indicado en el código penal, fallo FAL (ILE) Y Código Civil y comercial. Con respecto a los métodos anticonceptivos el Ministerio de Salud de la Nación distribuye en forma directa a 5200 centros de salud, hospitales y programas provinciales de salud sexual y reproductiva”.
Además, ofrecieron asistencia con un recurso nacional para quienes sientan vulnerado este derecho: “Si las usuarias y personas con capacidad de gestar tienen problemas de acceso en cualquier punto del país pueden llamar al 0800 222 3444”.
El Municipio de Río Cuarto no sólo cuenta con el protocolo de Nación sino que además está dentro de una de las 5 provincias argentinas que elaboró su propio protocolo, que está vigente desde 2019. Las otras son Chubut, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, y CABA. Otras provincias toman como normativa el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, estas son; Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, La Rioja, La Pampa, Jujuy, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y San Luis.
Importante y urgente
Las internaciones por complicaciones de abortos inseguros suman más de 49 mil anualmente, lo cual presiona aún más al sistema de salud en todo el país.
En Argentina las estadísticas indican que hay un aborto cada dos nacimientos, y las internaciones por complicaciones de abortos inseguros suman más de 49 mil anualmente. En contexto de pandemia y con el recrudecimiento de todas las violencias, entre ellas la violencia sexual, según el Fondo de la Población de la ONU, habrá un menor acceso a anticonceptivos para unos 18 millones de mujeres que ya accedían a ellos, lo que podría suponer un aumento de más 600.000 embarazos no deseados. En este sentido este medio realizó un informe sobre los problemas de acceso a la anticoncepción en la ciudad de Río Cuarto.
Sobre la necesidad de que sea en el primer nivel de atención que se garantice Blelgino señaló: “El hospital cubre las ILE de todo el departamento, y están desbordados. La situación es peor aún en contexto de pandemia, no es fácil llegar para las personas de la región y tampoco para quienes viven en la ciudad, a donde el transporte público no funciona”.
Al respecto, Ana Morillo, personal de salud articuladora Nacional por la Campaña por el Aborto Legal dijo: “Es importante que todos los municipios garanticen en el primer servicio de salud la ILE, porque son los que tienen el contacto más cercano con la población, y porque en el 80% de los casos la práctica se puede atender con un tratamiento ambulatorio”.
Ante estas expresiones, resta pensar si los responsables del sistema de salud del Municipio de Río Cuarto no garantizan el derecho porque desconocen reamente su competencia, pese a que se trata de una ley de 100 años de antigüedad, o si en realidad actúan como obstaculizadores. El desconocimiento podría ser fruto de que siempre se acordó con la provincia que sea esta esfera quien se ocupa, y por lo tanto nunca se han detenido en analizar las posibilidades reales y la competencia o no del estado municipal en esta materia. Esta es entonces una buena oportunidad para debatir entre todas las voluntades que se han manifestado interesadas, las posibilidades de restaurar derechos vulnerados, que es en definitiva una de las principales funciones del estado, en cualquiera de sus niveles.
