Río Cuarto: Cuando el silencio no es salud

Río Cuarto: Cuando el silencio no es salud

En la mañana de hoy se presentará ante el Municipio de Río Cuarto un pedido de informe y exigencia de cumplimento del aborto legal por causales. El gobierno local tiene un retraso en la garantía de este derecho de hace 100 años.

Por: Carina Ambrogi

Desde hace 100 años el Municipio de la ciudad de Río Cuarto no garantiza el derecho al aborto legal por causales (ILE). La ley sancionada en 1921, prevé que el aborto es legal en Argentina cuando el embarazo fue producto de una violación o cuando pone en riesgo la salud o la vida de la persona gestante. Así lo define la Constitución Nacional y el Código Penal, que señala que en estos casos se trata de una práctica médica legal y es el Estado, en todas sus esferas, quien debe garantizarlo. Pese a ello, en la ciudad cabecera del sur cordobés, capital alterna y centro político y económico de toda la región, las autoridades sanitarias municipales históricamente liderada por varones, lograron no cumplir nunca con la ley. Y lo que es más preocupante, que de eso nadie hable.

Es difícil cronicar la situación, casi imposible conseguir fuentes de información, porque de eso nadie habla. La ciudad cuenta con números alarmantes en cuanto a embarazos adolescentes, según un relevamiento periodístico realizado por este medio el año pasado, la cantidad de embarazos comprendidos en edades de entre los 10 a los 19 años creció en 2019 respecto de 2018. Estos datos fueron arrojados por el Registro Civil de la ciudad, y contrastan con los que emitió el sector de la salud, a donde indicaron que el número había descendido. Este año, los datos de la Maternidad Kowalk, institución que atiende a la ciudad de Río Cuarto y localidades de 200 kilómetros a la redonda, indican que el 20% de los nacimientos que allí sucedieron corresponden a adolescentes.

Este 28 de Septiembre, en el Día Internacional por el Aborto Legal, los medios de las grandes capitales muestran páginas completas que exigen se sancione la esperada Ley en Argentina. Mientras tanto, en el país profundo y desigual, todavía no se garantiza la ley vigente desde 1921 en ciudades cabeceras. La novedad en contexto de marea verde, es que por primera vez se presentará ante las autoridades locales un pedido de informe y la garantía del acceso al derecho.

Desde el Municipio, aseguran que es suficiente con que esta práctica sea responsabilidad del Hospital Provincial San Antonio de Padua, a donde derivan los requerimientos, pero en la práctica, este servicio está colapsado. “El hospital cubre las ILE de todo el departamento, y están desbordados. La situación es peor aún en contexto de pandemia, no es fácil llegar para las personas de la región y tampoco para quienes viven en la ciudad, a donde el transporte público no funciona”, señaló Virginia Blelgino, integrante de la Corriente Política y Social La Colectiva Río Cuarto, agrupación que decidió encabezar la acción legal que pretende ponerle fin a un silencio insalubre. El documento que se presentará en la mañana de hoy fue acompañado por más de una decena de agrupaciones feministas y redactado con el asesoramiento de la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir, quienes además figuran como letradas patrocinantes.

“Creemos que si los dispensarios se ocupan de las ILE se aliviana la tarea del Hospital, y además se facilita el acceso a las personas más vulnerables, que no pueden llegar fácilmente al nosocomio”, señaló Blelgino. El pedido se realiza en este momento no sólo por ser una fecha clave en la agenda feminista, sino por las sobradas advertencias que indican que en contexto de aislamiento todas las violencias se acrecientan, entre ellas la violencia sexual.

“Es importante que todos los municipios garanticen en el primer servicio de salud la ILE, porque son los que tienen el contacto más cercano con la población, y porque en el 80% de los casos la práctica se puede atender con un tratamiento ambulatorio”, indicó Ana Morillo, articuladora Nacional por la Campaña por el Aborto Legal. La falta de atención en centros de salud hace que muchas personas deban recurrir a opciones inseguras, o a agrupaciones del tercer nivel cuando es en realidad el estado quien debe responder con personal calificado, indicó Morillo. “Tiene que haber una decisión política, porque hay personal de salud con disposición para hacerlo, pero si no hay una decisión política estxs profesionales están atadxs de pies y manos”, indicó.

En el comunicado emitido ayer por la Campaña Nacional por el aborto legal, libre y gratuito señalaron sobre la necesidad de la ley “Las internaciones por complicaciones de abortos inseguros suman más de 49 mil anualmente, lo cual presiona aún más al sistema de salud. En la pandemia los abortos son una urgencia real que debe atenderse”.

Los “barones”

Con motivo de relevar la entrega de anticoncepción en contexto de aislamiento este medio realizó un informe en el mes de mayo que dio cuenta de que de los 16 dispensarios con que cuenta el servicio de salud local, sólo 3 quedaron con la habilitación para entregar anticoncepción. El resto, que lo hacían en épocas normales, fueron afectados a otras necesidades sanitarias. La nueva modalidad de funciones, llevó a que la opción del estado fuera nula para quienes no poseen movilidad. Entrevistado con motivo de ese informe, quien era responsable de la Maternidad Municipal dijo que consideraba que las mujeres de escasos recursos, en algunos casos, no acudían a retirar la anticoncepción porque se embarazan por un plan. La expresión le costó el cargo de Director, pero el funcionario sigue trabajando en la misma dependencia y su desplazamiento no generó hasta el momento ningún cambio que pudiera dar cuenta de un giro a una administración con perspectiva de género y enfoque de derecho. La Maternidad más importante del sur provincial, sólo atiende embarazos, no brinda anticoncepción ni conserjería en salud sexual y reproductiva, ni tampoco articula con otras dependencias como promoción social cuando se detectan vulneraciones de derechos.

La falta de perspectiva de género en el gobierno local fue foco de reclamo de diversas organizaciones feministas, con motivo de la renuncia de quien era la Subsecretaria de Niñez, adolescencia y familia. El presupuesto de esta área, que debería trabajar en conjunto con salud, entre otras, es del 0,25% del presupuesto para este año de la gestión municipal.

El pedido presentado hoy, no sólo reclama que el municipio garantice un derecho pendiente desde 1921, reclama también que cumpla con la Ley N°25.673, del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y con las leyes nacionales y tratados internacionales celebradas para garantizar que las mujeres e identidades diversas vivan una vida libre de violencias por razón de género.

Más de 700 agrupaciones reclaman desde hace 15 años la legalización de esta práctica sin la necesidad de explicar causales, entendiendo, según expresan desde la Campaña Nacional que “la penalización del aborto contempla una sanción discriminatoria hacia quienes podemos quedar embarazadas sin desearlo, lo cual contradice los tratados contra la discriminación por género a los que Argentina suscribe”.

En un país heterogéneo y federal este grito se vuelve imprescindible, y la lectura de las diversas realidades también, porque es en la Argentina profunda a donde el patriarcado sigue encontrando maneras de desligar responsabilidades y encontrar excusas convenientes para no aplicar siquiera las leyes vigentes.

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