Tres trabajadoras de la Municipalidad de Las Higueras, Córdoba, denunciaron por violencia de género a un funcionario que desempeña tareas administrativas en el área de catastro desde hace más 12 años.
Las denunciantes acudieron primeramente a realizar una exposición a la sede policial de la localidad del sur provincial, con el objetivo de alcanzar una medida que pusiera freno a años de hostigamiento y maltrato. En la sede policial fueron asesoradas y se realizó una denuncia por violencia de género, que fue remitida al Juzgado N 1 a cargo del Juez de Niñez, adolescencia, familia y género José Varela Geuna.
“Si la oficial me decía que me tenía que ir a mi casa yo lo hubiera hecho, pero nos dijo que constituía una denuncia y la pasaron a la fiscalía, ayer nos llamaron desde allí y vamos a comenzar a hablar de a una”, dijo a La marea Noticias una de las denunciantes.
En diálogo con La Marea Noticias el Dr. José Varela Geuna comentó que están atendiendo el caso y que comenzarán a entrevistar a las denunciantes por modalidad virtual a fin de tomar conocimiento de los pormenores de los hechos, y evaluar si requieren medidas de protección.
Los maltratos van desde hostigamiento verbal, gritos, insultos, realización de dibujos obscenos hasta romper instrumentos públicos y arrojarlos a la cara de las trabajadoras. Después de que estas tres personas tomaron la decisión de poner un freno a esta situación, dos trabajadoras más se sumarán a denunciar.
“Era incontrolable aun por parte de las autoridades de acá, ya habíamos elevado nuestras quejas, pero nunca sucedió nada, ni si quiera un apercibimiento. Ya no nos callamos más, no nos importa vamos a hacer lo que tengamos que hacer porque nos cansamos”, expresaron las denunciantes.
Las violencias simbólicas y psicológicas llevaron a que muchas pensaran en dejar de asistir a trabajar o que vuelvan llorando a sus casas. Este tipo de vulneración de derechos fue incorporado a la legislación mediante la ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Con el paso de los años los tribunales empezaron a atender con perspectiva de género estos casos, señaló Varela Geuna, y hoy es muy distinto el trato que reciben que años atrás, cuando sólo se denunciaban golpes. Pese a los avances, y después de que se ha dado cuenta que las violencias duelen todas por igual y son nocivas para la vida de las personas que las padecen, la legislación actual sigue considerando que el único delito que tiene pena es el del golpe físico. Al respecto el letrado consideró que es necesaria una modificación del código penal para que los otros tipos de violencias tengan el mismo tratamiento punitivo.
Por el momento, si no hay golpes lo que otorga la justicia son medidas de protección como aislamiento del agresor, y si esta medida se viola entonces si pasa al fuero penal, “que no siempre le da la importancia que tiene, por ejemplo, la violación de una perimetral”, dijo.
La cantidad de casos que reciben los tribunales locales, que el año pasado sumaron 5.000 por violencia familiar y de género, ameritan para el Juez una secretaría específica para atenderlos.
