Los casos de violencia contra mujeres y niñxs crecieron a nivel local en contexto de aislamiento, de acuerdo a los datos que aportó la Subsecretaría de Género, Niñez, Adolescencia y Familia. El área se mantuvo activa durante el aislamiento, con otra modalidad de trabajo y un refuerzo del presupuesto. Sin embargo, en el balance de la gestión municipal realizado hace 10 días se obvió profundizar en esta problemática.
Por: Magdalena Bagliardeli y Carina Ambrogi
“Nosotras no dejamos de brindar nunca nuestro servicio. Yo pedí que fuera así. Las primeras dos semanas del aislamiento continuamos de forma remota, se establecieron guardias, resguardando contacto con las familias, y luego salimos a los barrios”, dijo Ana Laura Medina, titular de la Subsecretaría de Género, Niñez, Adolescencia y Familia de Río Cuarto respecto de la actuación de su cartera durante el aislamiento.
“Tuvimos un incremento del 43% en relación a denuncias y asesoramiento. El confinamiento hizo surgir la problemática que ya existía. También se viralizó que la problemática de género es social, que en nuestro caso se traduce en números: mayor pedido de asesoramiento y mayor número de denuncias”, afirmó la funcionaria.
“Muchas de las mujeres que venían atravesando una problemática de violencia, pero sin poder ponerla en palabras, se vieron afectadas el triple por el encierro. Además, la cuestión económica despertó esta forma del uso de la violencia que no sólo se visualizó contra la mujer sino también en los niños, lamentablemente las situaciones más crudas, de negligencia, maltrato, abuso sexual y violencia”, señaló a este medio.
Las denuncias que llegan a la Subsecretaría se trasladan a la Justicia para cuidar a la víctima. “Automáticamente hay que registrar la denuncia. En ese sentido destaco que en Río Cuarto logramos armar una tríada entre municipio, provincia y juzgados de violencia familiar y minoridad para llevar adelante los procesos”.
Agentes y presupuesto
La Subsecretaría de Género, Niñez, Adolescencia y Familia trabaja con 32 personas para atender toda la ciudad, de las cuales 9 son planta permanente, 10 son contratadas, y el resto, locadores de servicio. Su titular se mostró conforme con el apoyo recibido por parte del ejecutivo para afrontar el incremento de demanda: “Logramos un incremento en los sueldos, que venían atrasados, y yo siempre digo que nuestro trabajo tiene un componente emocional muy fuerte, se pone el cuerpo, también desde lo físico. Te tiene que correr sangre, sentido empático, apropiarte de la temática para trabajar en la Subsecretaria”, indicó.
El presupuesto aprobado por el Concejo Deliberante para este 2020 fue de $17.646.947 (en 2019, fue de $13.902.105) de los cuales el monto disponible para gastos corrientes del área es de $4.842.800.
La cifra total destinada a la esfera de género y niñez representa el 0,25% del presupuesto para este año de la gestión municipal ($6.890.000.000) y significa el 2,3% del presupuesto del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Córdoba, que es de $769.601.000 para este año (según publicó La Voz este jueves).
Además, durante la pandemia se añadió una partida extra para abordar la situación. “Me han reforzado el presupuesto porque en estos días tenemos muchos movimientos, muchos remises para domicilio, pedí un incremento y no tuve un problema”, dijo Medina, quien señaló además que está en contacto “a diario” con el intendente Juan Manuel Llamosas.
“Incorporamos profesionales, trabajadoras sociales y psicólogas, porque se necesitan los equipos para hacer abordaje y tejer articulaciones con redes en territorio, trabajar en conjunto”, explicó.
Por la situación de crisis sanitaria, el trabajo habitual en dispensarios y centros comunitarios se vio impedido, pero buscaron otra manera de realizar el trabajo en territorio. “Nos acercamos a las familias a través de contacto telefónico, personal, casa por casa, por día llegamos a 10 domicilios. Cuando abordamos la situación hablo de vulneración de derechos que vemos en las familias es a nivel global. Todo el mundo piensa que es de un día para el otro el cambio, pero en realidad es un trabajo con escuela, salud, barrios, que busca fortalecer a la familia. Es un expediente que lleva tiempo, porque cuando determinas que hay que pedir una medida excepcional (separación de hijes de sus padres) determinás la vida de unos pibes”.
El balance sin género
El Intendente Juan Manuel Llamosas presentó hace diez días el balance de las acciones ejecutadas durante los últimos 90 días en el marco de la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Río Cuarto. El acto se realizó entre una amplia mayoría de varones, característica que marcó toda la gestión Llamosista, y sin la presencia de las dos únicas mujeres de la gestión o de los resultados que alcanzaron sus áreas (Educación y Culto y GNAyF) durante el aislamiento. Allí se destacaron los hitos que para la administración municipal resultaron trascendentes: Cantidad de muestras para detección de casos, campaña de vacunación antigripal, asistencia en alimentos, control de precios, entrega de kits sanitizantes y control en el acceso a la ciudad fueron los prioritarios.
Entre otros temas, la exposición obvió puntualizar cómo atendió el estado municipal de manera específica las problemáticas vinculadas con el género y las personas LGTBIQ+, como por ejemplo el aumento de las denuncias por violencia narradas al comienzo de esta nota.
Ya desde organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas alertaron que si bien la pandemia pone de manifiesto todas las desigualdades y vulnerabilidades pre-existentes, la población integrada por mujeres y personas de la comunidad LGTBIQ+ es la que más se ve afectada por la condición de aislamiento.
Además en el plano local, según un estudio reciente del Consejo Económico y Social, las mujeres son jefas de hogar en el 35% de las familias riocuartenses. “Este contexto de crisis económica pero ahora también sanitaria ha provisto de canales de ayuda a un gran porcentaje de mujeres que además de seguir cumpliendo con sus múltiples roles deben convivir con las diversas formas de violencia, incluso la estructural que consideramos como primera violencia. Por ello recalcamos la obligación del Estado en sus diferentes formas de diagramar políticas públicas reales y concretas para atender las problemáticas específicas de la mujer”, expresaron en el informe.
