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Dar a luz en tiempos de pandemia: ¿Con más o menos derechos?

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En la Semana Mundial de Parto Respetado, se conocieron los primeros resultados de una encuesta realizada por especialistas de la UNC sobre las condiciones en que las personas gestantes son atendidas en situación de parto. La falta de información –ya sea sobre Covid-19 o el procedimiento médico a realizar sobre su cuerpo– es una de las constantes que aparecen entre las respuestas.

Por Magdalena Bagliardelli * para Que Portal de la Facultad de Comunicación UNC

La situación de emergencia sanitaria puso en alerta a organizaciones nucleadas alrededor del parto respetado, que ven con temor que se estén incumpliendo ciertos derechos.

Tras la sospecha de que “el sistema de salud, sea público o privado, presenta serios inconvenientes a la hora de aplicar la ley 25.929 de Parto Respetado, incurriendo en situaciones que se enmarcan como violencia obstétrica y que, en el escenario de emergencia sanitaria y social por el Covid-19, se ve recrudecida” surgió la necesidad de revisar el estado de la cuestión.

En abril, en el marco del proyecto extensionista “Mi cuerpo, mi decisión”, se lanzó una encuesta abierta a personas gestantes del país (1). El equipo conformado por docentes, egresadxs y estudiantes de las facultades de Ciencias Sociales, Psicología y Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, viene desarrollando desde 2013 proyectos vinculados al Parto Respetado y Derechos Sexuales y (no) Reproductivos (2).

Hasta el primer corte en el cuestionario, se recogieron 171 respuestas sobre gestaciones y 61 sobre partos en el contexto del aislamiento social obligatorio.  De los testimonios surge que un 80,1% cuenta con obra social o prepaga y el 76% se atendía en el ámbito privado previo a la pandemia.

La encuesta está dirigida a personas que están gestando durante la cuarentena y/o han parido desde que comenzó. Sabemos que este primer corte arroja resultados parciales de lo que está ocurriendo, de ahí la necesidad de que el cuestionario siga circulando”, explican las coordinadoras Ana Lázzaro, Dra. en Ciencias Sociales, y Magdalena Arnao, Dra. en Filosofía, quienes tienen trayectoria en derechos reproductivos en torno al parto, con un enfoque de derechos y género*.

La edad promedio de las encuestadas gira entre los 29 y 37 años y un 53,9% se encuentra en el tercer trimestre de embarazo, por lo cual probablemente deban parir en emergencia sanitaria. Además, el 62,2 % espera su primer bebé.

Falta de información

Una de las primeras cuestiones que se evidencian a partir de los datos relevados es un estado generalizado de desinformación.

Por un lado, a partir de las medidas de aislamiento se dio una reorganización en la atención obstétrica que, en un comienzo, significó la suspensión de estudios médicos en el embarazo y en las consultas de rutina”, afirman Lazzaro y Arnao.

n  65.5%  de las encuestadas (112 casos) refieren haberse quedado sin la posibilidad de realizar ecografías y otros estudios (laboratorios, curva de glucosa, hisopado) como así tampoco pudieron realizar los controles mensuales, aún en los casos de embarazo de alto riesgo.

En muchos testimonios aparece una sensación de ‘abandono’ por parte de la institución. No obstante, la situación total de desatención fue mermando mediante al traspaso a seguimiento virtual (vía Whatsapp) que ha significado una mejoría en este aspecto por lo que destacamos el inmenso esfuerzo de muchxs profesionales de salud para dar continuidad a su labor”, añaden.

Por otra parte, la situación de desinformación también se relaciona al propio hecho de estar cursando un embarazo en el contexto de pandemia.

Casi la mitad de las encuestadas (46.2%) dice haber recibido nula o poca información sobre el embarazo, parto y postparto y Covid-19. Un 34% dice haber sido bien informadas mientras que un 19.9% recibió información parcial pero no suficiente.

Esta situación resulta curiosa para las especialistas en derecho reproductivo, ya que  desde los comienzos de la pandemia, tanto la OMS como el Ministerios de Salud de la Nación se refirieron a la necesidad de atenerse a recomendaciones y derechos de las personas gestantes, aun para los casos sospechosos y/o confirmados de Covid-19.

“Estas cuestiones se ven también reflejadas en el alto índice de encuestadas (73.1%) que expresan que la pandemia está influyendo muchísimo en sus niveles en preocupación y ansiedad respecto al embarazo y parto. Si atendemos a la centralidad que tiene el aspecto psicoafectivo en el buen desarrollo de una gestación y la experiencia positiva del parto, estos porcentajes evidencian la necesidad de una reconfiguración en la atención perinatal que ponga importancia en la información compartida y basada en la evidencia científica en el centro de la mesa”, señalan.

¿Por qué cesárea?

Entre las respuestas obtenidas por Lázzaro y Arnao, se desprende que “del total de cesáreas realizadas, el 61.9% refiere a razones de salud suyas o de su hijx, mientras que un 26.2% no refiere a motivos de salud y el resto desconoce los motivos por los cuales se la realizaron”. No obstante, “la mayoría de las encuestadas (87.8%) asegura que los motivos esgrimidos por la institución para la realización de una cesárea no tuvieron relación con el Covid-19, mientras que el resto de las respuestas (12.2%) sí”.

A su vez, “en los casos de cesárea realizada por motivo de Covid-19, un 33.7% comenta que la misma se adelantó dos semanas o más a la fecha probable de parto. Además, la mayoría de estos casos (66.6%) refiere no haber sido debidamente informada sobre las implicancias y posibles riesgos de esta operación”.

Si bien el 86% de las encuestadas no presenta ni presentó un embarazo de riesgo, el 57, 4% de las personas que parieron desde que comenzó la cuarentena tuvieron una cesárea. Desde 1985, la OMS considera que la tasa “ideal” de cesáreas se encuentra entre el 10% y el 15%.

Acompañamiento y contacto con el bebé

“Mientras que el 60% de las personas que parieron, manifestó haber estado acompañada por una persona de su confianza durante el parto (como lo indica la Ley) este resultado contrasta enormemente con lo que vienen señalando las organizaciones y demás fuentes de información, que advierten sobre la cantidad de gestantes que no están pudiendo ingresar acompañadxs al parto”, plantean las especialistas.

“Nos genera muchos interrogantes y la necesidad de indagar más al respecto, con herramientas complementarias a la encuesta, pues sabemos que implica una vulneración de derechos muy grande”, afirman.

De las 61 respuestas, sólo el 8.2% pudo permanecer en piel con piel con su bebé al menos media hora y un poco más de la mitad (59%) estuvo sólo unos  minutos mientras que un 32.8% no pudo hacerlo en absoluto, aún no hubieran motivos clínicos.

“Recordemos acá también que para el contexto de pandemia la OMS sigue recomendando el contacto piel con piel inmediato y la lactancia exclusiva, aun en los casos sospechosos o confirmados de Covid-19. En este sentido, el contacto estrecho e inmediato madre-hijx después del nacimiento (aspecto incluido en la legislación vigente) es uno de los derechos históricamente vulnerados y que en esta situación se ha profundizado”.

Más allá de estos datos, un 50% de las informantes dice haber recibido un trato muy respetuoso y en la mayoría de los casos (69%) refieren a una experiencia satisfactoria del parto, aún cuando advierten la realización de prácticas médicas (inducción con oxitocina, episotomía, maniobra kristeller, etc.) sin su consentimiento previo.

Esto nos pone ante la pregunta de desde qué parámetros evaluamos la experiencia del parto cuando muchas de las prácticas médicas desaconsejadas desde la propia evidencia científica (y consideradas violencia obstétrica) se encuentran profundamente naturalizadas, también, por quienes la padecen”, cuestionan.

Del total de 171 encuestadas,  sólo 16 casos (9,4%) dice haber sido informada sobre la ley de manera amplia y detallada por parte del personal médico mientras que en 120 casos (un 70,2%) no recibieron ningún tipo de información al respecto. Un 20,4% (35 mujeres) acusan haber recibido alguna información sobre la ley pero de manera superficial.

“Volvemos a lo que dijimos en un comienzo: si bien la emergencia sanitaria ha acentuado la desinformación generalizada y negación de derechos en lo que respecta al embarazo, parto y nacimiento, esta situación no hace sino evidenciar los aspectos estructurales que definen el modelo médico de atención perinatal. Esperamos, en lo que sigue, seguir relevando para una mayor representatividad de los resultados y a partir de esto, revisar y repensar mecanismos y estrategias para una progresiva transformación de este modelo desde la dimensión de derechos”, concluyen.

La situación en Córdoba

“Más allá de algunos casos puntuales, como el hospital municipal L.M. Bellodi en Mina Clavero, que fue el primero en incluir lineamientos de la humanización institucionalmente, o el hospital municipal G. Sayago, en Carlos Paz, que también ha incorporado protocolos y talleres en función de la Ley- el sistema de salud se mantiene en un paradigma arcaico y deshumanizado”, afirman Lázzaro y Arnao.

Las investigadoras observan que “hay resistencia” a incorporar las legislaciones vigentes, como así también las recomendaciones al parto de la Organización Mundial de la Salud, adoptadas por el Ministerio de Salud de la Nación en su “Guía de Atención al Parto Normal”.

“Es importante destacar que en Córdoba el parto respetado tiene un tinte particular ya que contamos con una red de mujeres, parteras, doulas, profesionales y organizaciones sociales (Mujeres por un Parto Respetado, Mama Quilla, Mujeres Unidas por los Barrios) que además de difundir la ley y reclamar por su implementación, denuncian y visibilizan la violencia obstétrica y, en este contexto de emergencia, están realizando la importantísima labor de informar y asesorar a las gestantes no sólo sobre sus derechos sino sobre los distintos procedimientos. Mecanismos que están siendo sustitutos de lo que se esperaría del sistema salud”, finalizan.

(1) Si estás gestando o pariste en este contexto, podés participar: https://forms.gle/F8o7JqmzacftxfGh8

(2) Diseño e implementación: Ana Lázzaro es Lic. en Comunicación Social, Dra. en Ciencias Sociales y becaria posdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad – CONICET. Magdalena Arnao es Lic. y Dra. en Filosofía, Especialista en políticas públicas y Justicia de Género (Clacso-Flacso) y Docente investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba.

Egresada de la FCC-UNC y periodista. Actualmente trabaja en Canal 4 de Río Cuarto. Colabora también con medios gráficos y portales de la provincia de Córdoba. Miembro de la red de periodistas Mujeres Con Voz de Río Cuarto.

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