Actualidad Violencias

El fino del hilo

La pobreza, la violencia y la vulnerabilidad para las mujeres y diversidades son anteriores a esta pandemia. La situación actual las profundiza. Hay un esfuerzo del Estado, pero es necesario detenerse a mirar.

Por: María José Corvalán para La opinión de San Luis

«La plata no alcanza, no se puede salir a trabajar y en el barrio vivimos con miedo» cuenta Mili. Y su historia es similar a la de muchas mujeres que enfrentan el aislamiento social domiciliario, distintas formas de violencias y situaciones de vulnerabilidad.

La Organización Panamericana de la Salud, afiliada a la Organización Mundial de la Salud advierte que un gran sector de mujeres está atravesando situaciones de riesgo y peligrosidad. Entre ellas se pueden mencionar la inseguridad económica y el estrés relacionado a la pobreza, el aislamiento, la reducción de los sistemas de salud, la incapacidad de escapar temporalmente de las parejas abusivas, la exposición a la violencia y la falta de respuestas. Para lidiar con estas condiciones recomiendan a los gobiernos reforzar los servicios sociales para tratar la violencia por razón de género, que se articulen los servicios sociales con los sanitarios para garantizar la salud sexual y reproductiva, y que no se obstaculice la práctica de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo).
En este sentido, Valeria Isla, la directora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Gobierno Nacional (SSyR) aseguró que trabaja en comunicación con las provincias para que se atiendan los requerimientos de anticonceptivos como también el acceso al aborto cuando las personas transitan un embarazo no buscado causado por abuso o que ponga en riesgo su salud integral (física, emocional y social).

Tanto el Poder Judicial de la Provincia de San Luis como la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad han diseñado estrategias para poner a disposición vías de recepción de denuncias.
Viviana Martínez es abogada y jefa del Programa de Seguimiento de Casos «Cuando vimos que se venía la pandemia empezamos a articular grupos de contingencia para poder garantizar la asistencia inmediata y lograr afrontar las denuncias que se hicieran durante la cuarentena. Por otro lado, todo el personal de seguimiento sigue trabajando en la contención de casos dando prioridad a las personas de alto riesgo».
Casiana Gatica, jefa del Programa de Asistencia Inmediata a Mujeres y Diversidades comentó a La Opinión y La Voz del Sud: «Se establecieron como refuerzo, líneas de atención para asesoramiento y acompañamiento. Contamos con una línea telefónica por departamento con guardia las 24 hs. Además, se dispuso un grupo de contingencia, con un equipo interdisciplinario para el acompañamiento y asesoramiento de las urgencias que ingresan por las líneas departamentales. Este está conformado por 8 psicólogas/os, 4 abogadas/os, 2 trabajadoras sociales, 3 técnicas/os para la colocación del botón de alerta temprana y 2 responsables de la coordinación, en caso de necesitar asistencia del Ministerio de Desarrollo Social.
Se conformó la red de WhatsApp «seguimos juntas» donde cada consejera está coordinando y en contacto con 15 vecinas de su barrio para brindar información, contención y asesoramiento en aquellos casos que sean necesarios.
También a nivel nacional se lanzaron iniciativas. «A partir de una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) y la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), en el contexto de la emergencia por la pandemia de coronavirus COVID-19, las mujeres y personas LGBTI+ pueden, a partir del 1 de abril acercarse a la farmacia más cercana de su barrio o llamar a la de confianza y solicitar un barbijo rojo, para que el personal comprenda que se trata de una situación de violencia por motivos de género y gestione una comunicación con la Línea 144, único dispositivo federal de asesoramiento y asistencia integral ante situaciones de violencia por motivos de género en todo el país». Esta estrategia implementada primero en España y ahora en Argentina recorrió algunos medios de comunicación, pero parece que no fue suficiente.

Silvia Rivero es madre de 7 hijos, abuela, sobreviviente de violencia y vive en una estructura precaria cerca de la ex estación de trenes de la Ciudad de San Luis.
– ¿Sabés algo sobre la campaña «barbijo rojo»? – No.
– ¿Sabés que es la línea 144? – Tampoco.
Silvia sabe que con la pensión que cobra no le alcanza y que si sale a hacer «una changa» la policía la detiene.»Con mi hijo de 16 salimos a cortar yuyos y hacer poda. Con eso nos rebuscamos para la comida, pero nos arriesgamos a que los milicos nos agarren y nos dejen horas”.

Patricia tiene 39 años y es vecina de Silvia. Tampoco sabe nada sobre el barbijo rojo ni los números de emergencia. Por suerte la última vez que su pareja le dio una paliza su hija corrió hasta la avenida Lafinur y pidió ayuda a un policía que iba pasando.
«Lo metieron preso y cuando salió se fue a San Juan. Pero quedé sola con los chicos y sin trabajo, porque cuando estaba con él me encerraba para que no fuera a trabajar y así me hizo perder el Plan de Inclusión Social». Para sobrevivir hacen pan casero y salen a vender por la zona, siempre a escondidas de la policía.

Desde que se decretó el aislamiento social domiciliario y obligatorio, hay más preocupación por los abusos policiales, en eso, todas están de acuerdo.

En la localidad de Santa Rosa del Conlara fue detenida Magalí Florencia Morales por circular en día que no correspondía según la terminación de su DNI. Tenía 39 años. La policía informó de su muerte en la celda, luego la autopsia la definiría como asfixia mecánica. Hoy la causa está caratulada como “Averiguación de muerte” y se investiga la responsabilidad policial. Marcos Dionisio Ontiveros, jefe a cargo de la guardia de la Comisaría 25 fue suspendido y pasado a disponibilidad. Se han solicitado nuevos peritajes. Varias organizaciones sociales como la Colectiva Feminista Comechingona y ADEM San Luis se expidieron exigiendo conocer qué fue lo que sucedió con Florencia.

¿Protección o temor?

«La policía está zarpada» dice Marcela, que vive junto a su hijo de 2 años en la zona sur de la ciudad.

Marcela salió una tarde a comprar leche y pañales hasta la farmacia del barrio a solo tres cuadras de su casa y terminó en la comisaría. La obligaron a quedarse parada en un pasillo con el nene en brazos cuatro horas sin permitirle pasar al baño. «Cuando pasaba un policía y mi hijo lloraba o se quejaba me decían que era una mala madre por sacarlo de la casa y que ahora me aguantara. Cuando me soltaron, me amenazaron con que el estado me sacaría el niño si me volvían a encontrar callejeando».

Sonia también vive en la zona sur y está indignada. Su hermana padece de artritis reumatoidea, fue detenida y demorada cuando iba a la salita de salud. Iba en colectivo, a mitad de camino subieron varios policías y trasladaron a las veinte personas que viajaban a la Comisaría Tercera en calidad de detenidas. «La hicieron irse en un taxi hasta la salita, pedir un certificado de atención y volver a presentarlo en la comisaría. Se creen que estamos en estado de sitio”.

Mili Lucero es vecina del barrio 1ero de Mayo en la zona oeste de la ciudad y se puso un puestito de artículos de limpieza para afrontar la cuarentena. «Antes limpiaba casas, pero ahora si salís te detienen. Hay mujeres que se comieron hasta 30 horas detenidas, porque si sos mujer te verduguean más».
Mili cuenta que por más que intente, la plata no alcanza. Los precios aumentan y las tareas escolares son un gasto diario.
«A mis hijos las maestras les mandan las tareas al WhatsApp, tenés que ir a una antena para descargar todo, después ir a imprimirlas para recién volver a completarlas y pegarlas en el cuaderno. Yo tengo tres, más los de mi hermana ¿te imaginás?»

Verónica vive con sus cuatro hijos varones en el Barrio 9 de Julio pasando la ruta a Pescadores, trabaja en el “Plan de Inclusión Social” y antes de la cuarentena aumentaba sus ingresos recolectando cobre en el basural para luego quemarlo y venderlo.

«¿Barbijo rojo? No. No sé qué es. ¿144? Creo que es el teléfono de la municipalidad. No estoy segura».
Verónica no tiene lavandina ni alcohol en su casa. De hecho, no tiene ni jabón para bañarse y hace unos días mandó a dos de sus hijos a la casa de una tía porque el pan que había no alcanzaba para los cuatro.

En invierno pasan frío, en verano calor, y todo el año pasan necesidad. Pero no es noticia en un país que tiene casi un 40% de población empobrecida.
Silvia integra el grupo «Mujeres en lucha contra las violencias» un espacio de intercambio y ayuda integrado por mujeres que sufren violencias, que se apoyan y contienen entre sí. «Nos damos una mano, si a una le falta algo las otras le aportamos o también nos acompañamos para gestionar ayuda en las distintas áreas del Estado».
Ella va con su botón antipánico a todos lados, pero no ve la hora de poder algún día, caminar sin tener que mirar cada un minuto por sobre su hombro.
«¿Sabés qué pasa? Muchas de nosotras ya no vivimos con el agresor, pero aún vivimos con violencias. Porque tantos años de sumisión nos dejaron desarmadas, sin poder educarnos, acceder a un trabajo formal, desarrollarnos, capacitarnos y armarnos de herramientas para afrontar la vida. Entonces nos miran con mala cara. Se creen que pedimos ayuda porque somos vagas o no queremos trabajar».

La pobreza, las violencias, el miedo y el aislamiento son un combo peligroso sobre todo para las mujeres que no tienen trabajo, o tienen trabajo no registrado y son sostén de familia. El hilo se corta por lo más fino, dice el refrán. Las marronas, las pobres, las marginales, las que no tienen cable, ni tele, ni internet, ni luz, las que no saben leer, las discapacitadas, las que temen pedir ayuda, las que son madres adolescentes y víctimas de maternidad forzada, las que sobrevivieron a una de red de trata de personas, las explotadas, las villeras, las que abortan en la clandestinidad, las que sufren abuso dentro de su propia casa, las que conviven con el agresor, esas son el fino del hilo. A ellas se les debe una respuesta.

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