Por: MAGDALENA BAGLIARDELLI para EnRedaccion
La historia de Lucía, de 11 años, quien quedó embarazada producto de una violación y cuyo pedido de interrupción del embarazo fue obstaculizado por el estado provincial de Tucumán, llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la ciudad de Washington. Esta situación de vulneración de derechos se incluyó en el informe sobre “Violencia sexual en niñas y embarazo infantil forzado en Argentina”, elaborado por organizaciones de derechos humanos, de la mujer, y de niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
El mismo informe que se remitió al órgano de la OEA, en septiembre, fue presentado el miércoles en Córdoba, durante una actividad organizada por el Colectivo cordobés por los Derechos de Niños, Niñas y Jóvenes y la ONG Sehas, al celebrarse 30 años de la Convención por los Derechos del Niño.
Nora Pulido, coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancias y Adolescencias, quien participó de la audiencia en Estados Unidos, dialogó con ENREDACCIÓN sobre las repercusiones de la denuncia que presentaron.
¿Qué problemáticas incluyeron en el informe?
El último informe que presentamos a la CIDH es sobre niñas abusadas que quedan embarazadas y se les niega el acceso al aborto no punible. Son cerca de 3000 niñas todos los años (las cifras oscilan entre 2600-2700) desde 1980 hasta ahora, tiempo en que fui haciendo el seguimiento. Esa cifra nos está hablando de abuso sexual, y en muchos casos, intrafamiliar. Lo que denunciamos también, es que en Argentina no hay datos estadísticos sobre abuso sexual. El Estado no se hace cargo de esa realidad… es una realidad oculta. Hay algunas provincias que llevan un registro de denuncias, como en Buenos Aires, y en la CABA, que cuenta con el programa Las víctimas contra las violencias, que dirige Eva Giberti, pero en general no hay datos, es un tema oculto.
Otro tema que comprobamos, y por el cual justamente publicamos el libro “El acoso legal” es la revictimización que sufren las niñas y niños abusados sexualmente, y sus madres cuando denuncian. Al efectuar una denuncia se está buscando justicia por dos lados: que se aclare el delito, es decir, se castigue a la persona delincuente para que no siga cometiendo ese delito, y por otro lado, se pide la restitución de derecho, la reparación del daño que tiene que ver con el tratamiento psicológico, físico, todo lo que necesita la víctima para recomponerse.
¿Cómo responde la Justicia?
En vez de una sentencia favorable, se encuentran con el Poder Judicial que no investiga, que no tiene recursos, que no tiene formación porque los funcionarios judiciales que se hacen cargo de estas investigaciones no tienen perspectiva de derechos, no tienen perspectiva de género y no tienen conocimiento de la niñez. Entonces los delitos quedan impunes, rápidamente se cierran las causas y en la mayoría de los casos se persigue a las personas denunciantes: a las mamás se las acusa de que fabulan, de que mienten, de que engañan o inoculan mentiras en sus niños. Por eso al libro le pusimos “El acoso legal” porque consideramos que hay una lógica patriarcal y adultocéntrica que se cierne contras las víctimas niñas y las adultas acompañantes, a quienes victimizan también. Hay muchísimos casos en que les buscan hacer peritajes, donde siempre las declaran desequilibradas, locas, etcétera, y hasta le quitan la guarda personal de sus niños y se la brindan al denunciado como abusador.
Desde la Asamblea de Madres Organizadas de la República Argentina (AMORA) han denunciado que tienden a revincular a las niñas con sus padres abusadores…
Ahora no decimos más revinculación, decimos vinculación, porque entendemos que ese sujeto, si cometió ese delito, si se apropió del cuerpo de la sexualidad de su hijo/hija no es un padre, porque un padre de lo que está ocupado es del cuidado, la educación, el acompañamiento, no el uso de la sexualidad y el abuso. Entonces, decimos que re vincular, seria si hubiera habido paternidad y ahí evidentemente hubo una vinculación perversa de parte del adulto de tomar al niño como objeto.
¿Puede haber una vinculación después de un delito de este tipo?
Creemos que no. Psicólogos, psicoanalistas, médicos, los que han estudiado en profundidad esto, entienden que no hay una forma de reparar lo hecho, porque es una reparación profunda y completa. La película “La Voz Propia” de Valeria Sartori es excelente en ese sentido.
¿Creé que hubo un quiebre en la percepción social luego de la denuncia de Thelma Fardín?
Lo que generó la denuncia de Thelma Fardín fue una visibilización y desnaturalización de esos hechos. Este tipo de situaciones siempre ocurrieron y es donde se ve claramente una de las marcas más grandes del patriarcado, que es en la apropiación de los cuerpos y de la sexualidad de las mujeres por parte de los varones. Eso siempre ocurrió, por algo el incesto es un tabú, y sin embargo esas prácticas ocultas (porque no tenemos datos estadísticos) dentro de la vida familiar entendemos que son muy extendidas. Si hablás con mujeres grandes que hayan trabajado en un rol subalterno a los varones te pueden decir que han sufrido acoso sexual y laboral. El caso de Thelma destapa todo esto, todas las mujeres dicen: “A mí, me pasó”. Fue una cadena de la cantidad de denuncias, de gente grande, que empezó a llamar a las líneas gratuitas contando su situación.
¿Qué van a solicitar al nuevo gobierno que está por asumir?
-Queremos un protocolo –como el que se publicó ampliado la semana pasada y rápidamente cayó- que entienda la particularidad de la situación de las niñas, menores de 15 años y que se extienda a todo el país. No puede ser que en el territorio nacional, según en la provincia que le toque nacer a una niña pueda tener acceso a una intervención legal o no. Es ilógico porque los tratados de Derechos Humanos que firma la Nación argentina los tiene que hacer cumplir en todas las provincias, sino es inconstitucional. Entonces, lo que esperamos del Gobierno es que realmente pueda generar un protocolo único, que particularmente esté enfocado a niñas pequeñas de 10 a 14 ó 15 años, para que puedan tener acceso al aborto y que no sean obligadas a maternar.
Pedimos políticas preventivas contra el abuso sexual de las niñas y políticas activas en caso de que las niñas queden embarazadas para que puedan acceder rápidamente al aborto, porque en ese caso se abre un camino de restitución de derechos. Y también pedimos que se separe a esas niñas de sus agresores, poder darles una vida de niñas, de educación, de juego, de terapia para poder superar lo que les pasó, ahora si como Estado las obligás a parir, estás sometiendo a las niñas a una tortura, eso fue nuestra denuncia, con toda la definición conceptual de lo que es la tortura. Todo eso le vamos a pedir a este gobierno.
