Por: Carina Ambrogi y Romina Pezzelato
Entre ayer y hoy asistimos a una nueva barrabasada a la que nos habituó el macrismo. Desde el movimiento de mujeres organizadas comenzaron a circular mensajes de celebración por una medida que (aún en el desconcierto por el momento político en el que emergió) significaba una notable consolidación y adecuación del protocolo de aborto no punible con el avance del código civil.
El torbellino de mensajes surgió a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución N 3159/2019, emitida por la Secretaría de Salud de la Nación a cargo de Adolfo Rubinstein. La medida pretendía modificar el Protocolo con la ampliación de la autonomía en los derechos de les adolescentes para acceder a la práctica de ILE y se explicitó la no posibilidad de objeción de conciencia institucional, entre otros (ver adjunto).
El festejo duró pocas horas, al interior del gobierno empezaron a suceder tensiones y mensajes cruzados, mucho de los cuales se hicieron visibles en las redes sociales y dejaron en evidencia la fragilidad del gobierno saliente. Desde el radicalismo se manifestó el apoyo a Rubinstein y a la medida, reconociendo su gestión y su apoyo manifiesto a la legalización del aborto, desde una mirada de derechos. Carolina Stanley, Ministra de Desarrollo Social, jefa política de Rubinstein, manifestó no haber sido consultada al respeto, y aclaró su profundo desacuerdo con la resolución. El resultado de las tensiones fue un decreto que anuló la resolución de la Secretaría de Salud.
Ante la desprolijidad y el autoritarismo que significó dicho decreto, se expresaron de inmediato diversas agrupaciones sociales, entre ellas la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir. Mediante un documento señalaron que la medida era “arbitraria, ilegítima y vergonzosa”. El documento hace alusión a la necesidad de que las modificaciones establecidas en el protocolo sigan vigentes, porque significan una mayor protección para las mujeres y la adaptación del mismo al códig civil. «El gobierno nacional, burlándose del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans, en una actitud bochornosa decide retroceder en su decisión. Pero lo decimos claro, no permitiremos retrocesos. Estamos atentas y movilizadas para defender lo que nos corresponde», expresó.
La mañana de hoy amaneció con versiones periodísticas que señalaron que el presidente Mauricio Macri finalmente No derogaría el protocolo y sostendría a Adolfo Rubinstein como secretario de Salud de la Nación, a quien ayer se le pedía la renuncia. Pocas horas más tarde se volvió a rarificar la vigencia del decreto que lo deroga.
Es difícil cerrar una nota en esta maraña de inconstitucionalidad y fragilidad de poder, en la que el acceso a derechos por parte de las personas con capacidad de gestar pareciera un botín de guerra, el último que alguien se quiere llevar antes de abandonar el barco. En el mientras tanto, el barco navega por una gran manera verde, que no está dispuesta a esperar mucho más ni a permitir semejantes atropellos. La marea que será tsunami sabe que más temprano que tarde, será ley.
Principales modificaciones del Protocolo de aborto no punible
La primera la posibilidad de que todas las personas con capacidad de gestar (mujeres, niñas, adolescentes, varones trans y personas que no se identifican con ningún género), tienen derecho de acceder a la interrupción legal del embarazo cuando este se encuadre en alguna de las causales que la ley establece para solicitar la práctica: que represente un peligro para la vida o la salud, o que sea producto de una violación.
La segunda tiene relación con la no dilación del tiempo para realizar la práctica, y señala que es esencial identificar precozmente a las personas que presentan un embarazo en el contexto de las causales de ILE, realizar una consejería adecuada y, en los casos en los que la decisión sea interrumpir la gestación, acompañar la decisión y no demorar la práctica.
La tercera es la que adecúa los derechos de las niñas y adolescentes a su capacidad y autonomía para decidir, en acuerdo con la adecuación del código civil de 2015. La modificación del protocolo indica en este sentido que entre los 13 y los 16 años las personas pueden dar su consentimiento autónomamente para las prácticas de ILE, cuando esta práctica no implique un riesgo grave para su salud o su vida. “Las y los niñas/os y adolescentes deberán siempre ser escuchadas/os y prestar su consentimiento, necesiten o no acompañamiento (asistencia), ya que la regla general según el Código Civil es su plena capacidad para consentir”, indica el protocolo. En los casos de niñas menores de 13 años podrán brindar su consentimiento con el acompañamiento de sus progenitores o personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado, quienes deberán firmar ratificando el consentimiento informado de la niña. En caso de desacuerdo entre la niña y los/as progenitores, el equipo de salud es quien debe valorar la situación.
Una cuarta modificación hace referencia a las personas con discapacidad, aclarando que “El certificado único de discapacidad no representa, de ningún modo, una restricción a la capacidad de ejercer autónomamente los derechos”.
La quinta modificación atiende a que los mecanismos administrativos no pueden ser nunca causales de demoras o impedimento de una Ile, y ratifica que no es necesaria una denuncia judicial ni policial para confirmar que se trata de un embarazo producto de un aborto, sólo es necesario un consentimiento informado de quien solicite la práctica, sin ningún contenido técnico jurídico complejo. Se agrega además que la calidad de la atención y los requisitos para acceder a la práctica de ILE son los mismos en establecimientos públicos, de obras sociales y privados. También lo es la responsabilidad de los profesionales en caso de no respetar los derechos de las personas. En todas estas instituciones la objeción de conciencia no debe traducirse en obstrucción a la práctica contemplada en la normativa legal y de la que el Estado es responsable de garantizar.
