Por: MAGDALENA BAGLIARDELLI para Enredacción
Los derechos sexuales y reproductivos de mujeres con discapacidad están siendo vulnerados de muchas maneras en nuestro país: se las infantiliza, se les retacea información, se promueve la esterilización o se facilita la interrupción legal del embarazo, pensando más en prevenir un nacimiento que en proteger a la mujer.
Estas son algunas de las situaciones señaladas por el Proyecto DeSeAr (Derechos Sexuales en Argentina) con Inclusión, una iniciativa que comenzó a gestarse en septiembre del año pasado, con el objetivo de promover derechos sexuales y reproductivos.
“En Argentina, en uno de cada cuatro hogares hay una mujer con discapacidad”, afirma Sofía Minieri, abogada y una de las coordinadoras de DeSeAr. Sin embargo, la realidad indica que la educación sexual integral no llega a todas. “Si en general es difícil dar ESI porque hay muchas barreras, imagináte con personas con discapacidad”, alerta Minieri.
“Estamos hablando del 11% del total de las mujeres del país, que tienen igual derecho que todas a tomar decisiones en forma autónoma sobre su cuerpo y sobre su sexualidad, a decidir si quieren o no quieren tener hijes, a acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva accesibles, a métodos anticonceptivos interrupción del embarazo y parto respetado, entre otros”, afirman las impulsoras del Proyecto.
A lo largo del año, DeSeAr ha recorrido distintas ciudades del país generando espacios de encuentro de mujeres con discapacidad para hablar de las barreras que enfrentan para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva. “En los talleres damos herramientas para que ese espacio se traduzca en acciones. Una de las cuestiones que observamos es que las participantes se van con más conocimiento y ganas de actuar por sus derechos, exigir su cumplimiento”, cuenta Minieri.
¿Cuáles son las situaciones de vulneración más habituales?
Las violencias más frecuentes en el ámbito del sistema de salud tienen que ver con la gran falta de accesibilidad, desde ascensores o rampas, la falta de camillas o mamógrafos accesibles. Algunas participantes nos contaron que cuando van a la ginecóloga, el papá las tiene que alzar y acomodarlas en las camillas, lo que implica una pérdida de autonomía.
A esto le sumamos la falta de intérpretes de lengua de señas, de materiales en braille y redactado con lenguaje sencillo para personas con discapacidad intelectual. O, tal vez, sería necesario que el profesional de salud se tome el tiempo para brindar una explicación clara.
También en el ámbito de la salud hay barreras vinculadas a los estereotipos existentes, del tipo: “mejor vení con tu mamá” o “hay que avisarle a tu familia”. En casos de discapacidad intelectual surgen mensajes como: “te receto estas pastillas, pero ¿te vas a acordar de tomarlas?”. En fin, hay una infantilización asociada a las personas con discapacidad, o una creencia de que son personas asexuadas, o con una sexualidad descontrolada, o que no van a poder poner límite o brindar consentimiento para mantener una relación sexual.
A pesar de la vigencia de la Ley, se sabe que hay muchas mujeres que no pueden acceder a la ILE, y en el caso de las mujeres con discapacidad ¿son forzadas a hacerlo?
Si una mujer queda embarazada por una relación consentida, aparece el prejuicio de que no va a poder cuidar a su hijo, o no supo lo que estaba haciendo, o que fue violada, entonces podemos practicarle una ILE (Interrupción legal del embarazo) con consentimiento de la familia. Es común que haya casos de ILE sin consentimiento de la persona o muy viciados, y lo que se hace aún de manera más extendida por temor a una violación, es esterilizar. En el fondo, esto evidencia que la preocupación es que no surja un embarazo más que prevenir a la mujer de un abuso. Hay familiares que dicen “tengo miedo que abusen de ella, entonces mejor esterilizar”, y los profesionales de la salud acceden a este pedido.
La ley exige que un juez autorice la esterilización para las mujeres con discapacidad, cuando en otros casos no se requiere una orden judicial. La ley argentina es mala, pero exige autorización, porque también sabemos que en la práctica se hace de manera secreta.
A mí me impactó mucho un caso que salió en diario La Voz de una mujer que había sido víctima de abuso de un hermanastro, nadie le ofreció ILE, y durante la cesárea, le practicaron esterilización con consentimiento de la familia… Esa nota expresa un delito. La familia no estaba autorizada para consentir nada.
De los talleres realizados, ¿qué inquietudes surgen?
Vemos que hay poco conocimiento de la existencia de métodos anticonceptivos. Por eso, en los talleres hemos armado un consultorio y stands con los distintos métodos y mostramos qué es un DIU, cuáles son los métodos disponibles que cada una puede elegir. En general, lo que termina pasando es que las mujeres van a una consulta médica y les prescriben determinado método sin saber que hay muchos y que podrían elegir cuál se adapta mejor a cada una.
¿De qué manera las familias pueden apoyar una sexualidad activa?
Muchas veces, el ámbito familiar puede generar buenas experiencias y buenas prácticas para el ejercicio pleno de sexualidad. Hay casos en que la familia pone más barreras, entonces la mujer le miente a su familia, le dice que va a una plaza y en realidad se va a encontrar con alguien. Pero la realidad es que sin dinero no podés hacer nada, entonces, para esta población que le es más difícil acceder a un empleo o generar recursos económicos propios, no hay hoteles accesibles o espacios para la intimidad.
EL TALLER EN CÓRDOBA
Entre este viernes y mañana sábado, veinte mujeres con discapacidad de las provincias de Córdoba, San Juan, San Luis, Mendoza y Chaco se reunirán en la capital cordobesa.
Se trata del segundo encuentro en lo que va del año, en el marco del proyecto DeSeAr con Inclusión, un proyecto conjunto de la Fundación para la Salud del Adolescente (FUSA) para la Salud Integral con Perspectiva de Derechos y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) que cuenta con el financiamiento del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer. La actividad fue posible, además, gracias al apoyo de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba.
Esta segunda edición (la anterior fue en abril) tiene como objetivo profundizar en los métodos anticonceptivos y producir spots radiales y audiovisuales para sensibilizar a los equipos de salud y la ciudadanía en general sobre esta idea: “Las mujeres con discapacidad también tienen derecho a una sexualidad plena”.
