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Sin presupuesto no hay Ni Una Menos

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Por: Carina Ambrogi

Los femicidios de 4 mujeres durante un fin de semana abrieron el debate urgente que reclama una emergencia nunca declarada. Entre los hashtags más destacados del lunes se destacaban #EmergenciaNiUnaMenos y #ElEstadoEsResponsable, en relación a la falta de políticas públicas y presupuesto real para abordar la violencia de género. Los magros programas vigentes apuntan en general a la atención de las víctimas, no a la prevención, y se desarrollan bajo estructuras bulímicas de presupuesto y en situación de precariedad y vulnerabilidad laboral.

A nivel nacional uno de los programas principales que tiene el estado para atender la violencia de género es la línea 144, el número de atención las 24 horas que rige para todo el país. Dentro de este programa hay 3 líneas 144: la 144 nación (depende de INAM), la 144 CABA (depende de CABA) y las 144 provincia de Buenos Aires (depende de la Secretaría de DDHH provincial). Para atender la demanda de la provincia de Buenos Aires hay un máximo de 11 operadoras por turnos en los horarios pico, y bajan a 5 de noche o madrugada. El trabajo que realizan es de atención primaria de casos de violencia, si es necesario se realiza seguimiento y se deriva al territorio cuando se requiera intervención. Ocho mujeres son las encargadas de realizar el seguimiento de todos los casos vigentes en esta provincia, ocho mujeres para toda la provincia. “No son suficientes, no se llega a responder la demanda que tiene la línea, desde el inicio pedimos que sumen gente”, dice a La Marea Noticias Verónica Misseri, delegada de la línea. Ella y sus compañeras trabajan 6 horas por día, con sueldos que van entre los $25 y $30 mil pesos mensuales, ninguno supera los valores de la línea de pobreza. “Creemos que son sueldos insuficientes, porque si se trata de una persona sola se hace difícil con eso alquilar y vivir, y se complica más si tenés hijes. La mayoría de las que estamos ahí tenemos dos o tres trabajos para solventarnos”, agrega.

La línea de atención funciona en la provincia de Buenos Aires desde el año 2007, en su momento era solo provincial, pero desde 2016 se celebró un convenio mediante el cual se comenzaron a recibir allí también los llamados del 144. Cuando se realizó ese convenio se incorporaron trabajadoras pero se tercerizó la contratación. “Cuando se hace el traslado las operadoras que atienden la línea ingresan contratadas a través de Provincia Net, que es la empresa con la que la Secretaria de Derechos Humanos hacen su convenio. De esta manera las trabajadoras que fueron contratadas por mérito y por su perfil profesional, pasaron a ser contratadas como empleadas de comercio. Esto no contempla el tipo de trabajo que realizan y eso genera inconvenientes para respaldar las necesidades que el mismo trabajo genera, por ejemplo las carpetas médicas”, sostiene Misseri. “Es una política pública que hay que salir a defender, es un servicio sostenido por trabajadoras mujeres que estamos en una precarización absoluta”, reclama.

En Córdoba uno de los programas desarrollados para atender los casos de violencia de género es el Polo Integral de la Mujer.  El pasado jueves las trabajadoras del Polo marcharon en reclamo por las condiciones laborales, una modalidad de protesta que suman a las que llevan adelante desde hace tiempo. En un comunicado que emitieron las delegadas sostuvieron: “continuamos el camino de la lucha luego de no haber recibido respuesta de las autoridades frente a nuestra precarización laboral. Ante esto hemos organizado una movilización, ya que creemos que esta situación de explotación laboral es insostenible”. Reclaman por pase a planta permanente, mejores salarios y condiciones laborales. “Somos quienes todos los días ponemos nuestro cuerpo para asistir y acompañar a las mujeres en situación de violencia, exponiéndonos a situaciones de permanente riesgo. Realizamos nuestra tarea en condiciones de extrema precarización y violencia institucional, además de la presión diaria por la falta de personal”, afirmaron.

La situación en la misma provincia, pero en las delegaciones municipales, es aún peor. En la Ciudad de Río Cuarto, la localidad del sur de Córdoba con mayor volumen poblacional después de la capital, el ente encargado de atender los casos de violencia de género es la Subsecretaría de Niñes, Adolescencia y Familia, dependiente de la Municipalidad. Esta entidad atiende además las necesidades de todas las localidades más pequeñas de la región, cuando son reclamos de nivel 1. Allí trabajan psicólogas, trabajadores sociales, abogades y psicopedagogas. En total más el personal administrativo suman 32 personas. Sólo 9 tiene contrato como planta permanente, 14 son locadores de servicios y el resto contratados.  Trabajan un promedio de 5 horas diarias y cobran entre $15 mil y $19 mil mensuales. El presupuesto anual es de Es $2.900.000, ahora recibió un refuerzo de $1.000.000, casi el mismo monto que el municipio destina como apoyo a un club de fútbol privado.

En la misma ciudad los casos de nivel 2 o 3 que son los de mayor complejidad, los atiende la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de la provincia (SENAF). Allí trabajan 4 equipos de tres profesionales cada uno. Acreditan 5  horas por día (que suelen extenderse) y cobran los magros sueldos de entre $8 mil y  $9 mil mensuales. Reciben en promedio 10 casos por día que deben atender de manera interdisciplinaria en 5 horas, más el seguimiento de atención de los que se van acumulando día a día, lo que incluye ir al territorio. Esta dependencia, con estas condiciones, define cuestiones centrales en la vida y salud de mujeres, niñes y adolescentes, como por ejemplo la continuidad o no de la vida una niñe con su padre o madre.

Emergencia y prevención

Entre los hashtags más destacados del lunes fatídico en que se dieron a conocer los cuatro femicidios del fin de semana, figuraban #EmergenciaNiUnaMenos y #ElEstadoEsResponsable.

Son “Muertes consecuencia de la violencia machista, muertes evitables” remarcaron en un  comunicado de Mumala, al tiempo que reclamaron: “Es por ello que seguimos exigiendo al Estado Nacional la declaración de Emergencia por violencia machista. #EmergenciaNiUnaMenos, para que de carácter urgente se tomen medidas concretas y efectivas para la prevención, asistencia y erradicación de las violencias contra las mujeres e identidades disidentes”.

Betiana Cabrera Fasolis, responsable de Mumala en Córdoba, explicó a La Marea Noticias que pese a que hay una mayor visibilización y consenso social sobre la violencia física hacia las mujeres, los femicidios no disminuyeron. Según su experiencia, se debe a que no se ha avanzado en problematizar los otros tipos de violencias, y la sociedad todavía no las previene ni condena. “Se ve cuando analizas violencias de menor intensidad como brechas laborales, acoso callejero, violencia simbólica, ahí ya no hay tanta conciencia social, consideramos como muy negativo el que pese a que la sociedad va avanzando mucho en el rechazo de la violencia física los femicidios no disminuyen”, indica.

Para Fasolis los cambios más profundos requieren de mayor presupuesto, dado que se tiene que abordar de manera transversal en todas las instituciones: educación, salud y justicia. “No hay ni hubo ningún gobierno con la voluntad política de hacerlo”, sostiene.

A poco de un previsible cambio de gobierno, habrá que ver si el reclamo logra superar la instancia de hashtahg o grito colectivo, para transformarse en presupuesto real que atienda una problemática que ya no resiste más análisis, porque argumentos y evidencias sobran. Lo que parece faltar son voluntades de mandos altos, mandos que pese a la ley de paridad, todavía tienen mayoría masculina.

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