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Detenides: relatos trans en el encierro

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Este reportaje fue realizado durante el Mediatón #EnResistencia de Chicas Poderosas Argentina, donde 100 mujeres que trabajan en medios se reunieron para crear proyectos colaborativos multimedia, con el apoyo de Google News Initiative. Para ver los otros 12 proyectos creados en la Mediatón, visita este link

Equipo: Florencia Ramirez , Paula Hernández, Emilia Erbetta, María Eugenia Plaza, Alana Rodríguez. Mentora: Luna Neuman

En la cárceles argentinas, si sos trans la vulneración de derechos es doble. A pesar de la vigencia de la Ley de Identidad de Género, el sistema penal sigue respondiendo a un orden binario y cisnormativo que se convierte en un eslabón más de la cadena de exclusiones y violencias que atentan contra el colectivo LGBT+.

En este reportaje multimedial Yhajaira, Bruno y Emilce alzan sus voces para romper con el silencio: cuentan cómo es ser trans en el encierro.

Renunciar a la identidad para sobrevivir

Yhajaira, Bruno y Emilce tienen muchas cosas en común. Elles son personas trans que vivieron o aún viven en situación de encierro y, cada une, en su experiencia y su tránsito por la cárcel, luchó y lucha en defensa de su identidad, su propio cuerpo y sus derechos. En esa pelea por sobrevivir y ser escuchades plantaron bandera y dejaron en evidencia las falencias de un sistema penitenciario y judicial que no les respeta ni les reconoce.

Detrás de los lentes aparecen los ojos grandes, serenos y profundos de Bruno, lleva la mirada de alguien que vivió mucho con sólo 27 años. Bruno es un chico trans y hace 10 meses cumple prisión domiciliaria. Estuvo detenido 76 días en el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres de Ezeiza. Sí, él, un varón trans, en un penal de mujeres. En un fallo sin precedentes, en noviembre de 2018 la Cámara Penal Económica – Sala A – le otorgó el arresto domiciliario basado en que “las condiciones de detención no respetan su identidad de género”.

La gestión de los establecimientos penitenciarios -que al igual que la mayoría de las instituciones no escapa al modelo binario y cisnormativo- es una de las principales discusiones acerca de las personas LGBT+ en el sistema penal.

Bruno vive en un PH en William Morris, Hurlingham, junto a Mabel, su mamá, y Xena, su gata. Ahora comparte sus días con ellas, y aunque puede dormir solo, vestirse como quiera, estudiar, cocinarse, escuchar su propia música y ser él, sigue encerrado. Toda su vida transcurre ahí, entre esas paredes. “Acá adentro estoy seguro, estoy tranquilo y no tengo que estar pendiente de absolutamente nada más que de mí mismo”, dice Bruno. “Estar en una cárcel te lleva todo el tiempo a tener que estar pendiente del resto y de lo que te pueda pasar”.

Cuando cayó detenido le contó a su abogado que era transgénero y le pidió lo manden a una cárcel de mujeres. “En ese momento sentí como un retroceso. Sentí que estaba renunciando a todos los derechos que había ganado, a toda la lucha que había hecho de años. Tuve que renunciar a ese derecho para estar seguro. Sabía que si iba a una cárcel de hombres me iban a hacer pollo”.

La resolución judicial que le otorgó la prisión domiciliaria a Bruno sentó un precedente muy importante en el reconocimiento de los derechos de las personas trans en contextos de encierro: no sólo puso en evidencia las limitaciones actuales del sistema penal para abordar el tratamiento de las identidades no normativas, sino también planteó posibilidades alternativas a la prisión, respetuosas de los derechos humanos.

Si bien en nuestro país la Ley 26.743 de Identidad de Género está vigente desde 2012, esto no implica que su aplicación sea efectiva en la práctica. La ley estipula, entre otros puntos importantes, el reconocimiento de la vivencia interna e individual del género. Esto significa que se considera que el género es una construcción y que, por lo tanto, depende de las experiencias de cada individuo.

La ley asegura que toda persona “tiene derecho: (a) al reconocimiento de su identidad de género; (b) al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; y (c) ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada”.

La expectativa de vida de una mujer trans en la Argentina es de 35 años. Emilce ya desafió la estadística: tiene 39. Aunque casi la mitad la pasó detenida. Estuvo en varios penales de la provincia de Buenos Aires que dejaron en ella marcas que al día de hoy son imborrables. Es tucumana, nació en Burruyacú, y como la mayoría de las personas trans fue expulsada de su casa, de su pueblo, a edad muy temprana. A los 16 tuvo que migrar a Buenos Aires en búsqueda de trabajo y desde entonces tiene que lidiar con la policía. Al comienzo, antes de la ley de identidad de género, compartió el encierro con varones. “En ese momento, nosotras no teníamos derecho, porque aún no se había sancionado la ley, figurábamos como varones y tenías que ir a un penal de varones”, recuerda.

Hasta el año 2009 las personas trans y travestis eran alojades en el Módulo I, Pabellón 4, del Complejo Penitenciario Federal II en Marcos Paz. Un lugar que se había tornado muy peligroso: “La pase muy mal, me contagiaron VIH, me violaron. He tenido que prostituirme para sobrevivir”, Emilce quisiera ya no tener que hablar de aquellos días.

En marzo de 2010 el Sistema Penitenciario Federal dispuso el traslado del colectivo gay y transgénero a otro pabellón masculino, pero en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Ahí se conocieron Emilce y Yhajaira: “Nunca habían visto aquí a un trava venezolana. Cuando llegué, la única que me dio la mano, que me recibió fue Emilce, no nos conocíamos, ella tenía muchos años presa, yo llegué y nos hicimos amigas. Le dije ´tenemos que denunciar lo que pasa acá´”.

Yhajaira además de venezolana y afrodescendiente, militante por los derechos de las trans y travestis. Hoy está en libertad y continúa su lucha trabajando desde el Programa contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires. Durante su detención, se animó a denunciar el hostigamiento de la policía. Los primeros días en el penal de Ezeiza los pasó en una celda por exigir ser llamada por su nombre y atendida como travesti. Ésta fue una de las primeras batallas que dio sola, luego se organizaron con otras travestis y trans, y hábeas corpus mediante, denunciaron las condiciones inhumanas a las que estaban expuestas.

Esa lucha, acompañada de la intervención de organismos de derechos humanos, entre ellos la Procuración Penitenciaria de la Nación, obligó al SPF a resolver el alojamiento de la población transgénero y gay en un módulo exclusivo para este colectivo, el 6:

“Era un pabellón para la diversidad donde vivíamos chicas trans, chicos gay, mariposones y de todo. Era como la jaula de las locas. Vivimos cómodos dentro de todo, nos daban trabajo”, lo describe Emilce.

Tras la sanción de la Ley de Identidad de Género, y hasta la actualidad,  las mujeres trans, travestis y varones trans fueron alojades en el Complejo Penitenciario Federal IV, espacio históricamente destinado al alojamiento de mujeres cis; mientras que los varones gays se encuentran en un ala especial del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Para Josefina Alfonsín, iintegrante del Equipo de Género y Diversidad Sexual de la PPN “esto podría parecer que es una buena medida porque respondería a ciertas políticas de género pero – advierte- el problema que observamos es que no se consulta a las personas cuál es el espacio de alojamiento que prefieren y que desean”.

Muchas veces es la justicia o el propio sistema penitenciario el que por observar la expresión de género de las personas decide sobre su identidad y dispone a qué cárcel va a ir. La experiencia demuestra que no existen salidas universales para resolver esta problemática dadas las especificidades de cada servicio penitenciario y las necesidades particulares de las personas. Por eso, según los tratados internacionales de derechos humanos, lo que corresponde es consultarle al detenide.

Foto: Agencia Presentes

En la cárcel no sos persona

No pudo atender el teléfono antes porque estaba en el centro de Salud. Había ido en busca de un analgésico. Todavía sufre las consecuencias de aquella requisa en la que casi le revientan una prótesis a palos. No fue la única vez. En Marcos Paz la violaron y contrajo VIH. En ese y otros penales fue torturada varias veces. Estuvo dos meses sin destino, encerrada en una celda sin luz, en la unidad n°9 del Hospital Psiquiátrico Alejandro Korn de La Plata, también conocido como “Melchor Romero”. Y hasta en aquel pabellón de la diversidad en el que se suponía iba a estar tranquila, una jefa de turno la encerró en una celda con un colchón prendido fuego. “Puto no vas a hablar más”, le dijo. Un año le llevó curar las heridas, las marcas en el cuerpo se lo recuerdan cada día. Ella esta segura: “Me pasó eso por luchar por mis derechos por luchar por tener trabajo, una comida digna, condiciones de higiene. Yo nunca me conformé”.

Enfrentar la discriminación y la desigualdad no es una experiencia ajena para las personas trans, pero dentro del sistema penitenciario la violencia se disfraza de institucionalidad y los dispositivos del sistema se utilizan para disciplinar. La violencia es cotidiana en todas sus formas: los insultos, los malos tratos físicos, verbales y psicológicos, las requisas vejatorias, la administración de inyecciones, la utilización de las sanciones y castigos encubiertos, el aislamiento, la propagación de discursos de odio y transfóbicos, son algunas de las modalidades más frecuentes. A Bruno le bastaron 76 días de encierro para entenderlo: “Te deshumanizan. Ahí adentro, no sos una persona, sos algo”.

El hecho de que los centros de reclusión no satisfagan las garantías mínimas de vida digna y la exposición a distintas formas de violencia institucional impactan sobre todas las personas que viven en el encierro. Sin embargo las personas LGBT+ están particularmente expuestas a modos de violencia específicas por su identidad de género y/o orientación sexual, como la constante discriminación, humillación, el no reconocimiento de la identidad de género y la obstrucción del libre desarrollo de la personalidad. Las mujeres trans, por ejemplo, son obligadas a vestir con prendas socialmente relacionadas con lo masculino o no son llamadas por los nombres que eligieron para expresar la identidad autopercibida. En muchos casos, a las mujeres trans se les corta el pelo arbitrariamente alegando razones de “higiene” y se las obliga a adoptar comportamientos acordes al género que socialmente les fue impuesto. Como explica Josefina Alfonsin, “las personas trans suelen estar en una situación de sobre vulneración dentro de las cárceles porque el modelo carcelario se rige bajo patrones cisnormativos lo cual dentro de los penales genera que se reproduzcan prácticas más violentas para las identidades que se corren de las normas binarias. Además porque dentro de la cárcel se potencian los prejuicios, los estigmas y la discriminación que también sucede en la sociedad”.

Si bien la violencia simbólica y psicológica es la que más opera sobre este colectivo en el encierro, las personas trans y travestis están expuestas a modos más extremos como la agresión física y sexual ejercida por el personal penitenciario o por otras personas privadas de su libertad. “La violencia no solamente está tapada, sino que está como permitida”, dice Bruno para señalar la normalización de la violencia que se impone casi como el único modo de supervivencia intramuros, donde se duerme con un ojo abierto.

Durante el año 2018 se registraron un total de 12 hechos de violencia física hacia mujeres trans-travestis y varones gays que fueron denunciados penalmente por la PPN. Los hechos denunciados incluyeron agresiones físicas, golpes y amenazas acompañados de malos tratos verbales. Es importante señalar que existen altos niveles de subregistro de los actos de violencia cometidos por los agentes penitenciarios. “La hostilidad del sistema judicial frente a estas comunidades constituye uno de los obstáculos principales para el acceso a la justicia. Eso se traduce, además, en la dificultad que deben atravesar para realizar denuncias de violencia y abuso, así como para acreditar la condición de víctima”, señala un informe elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación acerca de la situación de los derechos humanos de las personas LGBT+ en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal.

Si bien el Sistema Penitenciario Federal ha tomado algunas medidas fundadas en la Ley de Identidad de Género como el Programa específico para mujeres trans en contexto de encierro, no incluyen a varones trans, están lejos de ser transversales a todo el sistema penal y no están acompañadas de presupuestos adecuados. “Eso no se tradujo en políticas de capacitación. Han realizado algunas capacitaciones pero no las suficientes para cambiar las prácticas penitenciarias. La sensibilización en materia de géneros y diversidad es una deuda pendiente no sólo para la sistema penal sino también para la justicia”, advierte Josefina Alfonsín.

Para la libertad

“Todo lo malo que te puedas imaginar pasa ahí adentro, desde la violencia física, el consumo de drogas, pasa todo. Uno está preso, debería ser una institución que te ayude a salir de todo eso, que te ayude a reinsertarte en la sociedad y es todo lo contrario”. Para Bruno, el sistema está preparado para que uno salga peor: a la deshumanización, la normalización de la violencia y las deficiencias estructurales, se suma la limitada oferta educativa y laboral intramuros.

Emilse espera salir en febrero con libertad asistida, seis meses antes de terminar una condena de 12 años. Cuando salga, quiere terminar sus estudios, trabajar y formar una familia. Mientras estuvo detenida con varones en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza pudo estudiar hasta tercer año de Derecho. Le costó mucho, fue una de las primeras trans del penal en ingresar a una carrera universitaria. En la Unidad 31 de mujeres dónde se encuentra ahora, sólo se dicta el CBC y algunos talleres de baja calificación profesional, como armado de cartapesta, muñequería, lavandería o costura. “Aprender a coser a máquina es por lo menos un salida, pero el resto no es de formación profesional, no sirven para nada. No son talleres que te vayan a dar un fruto afuera en el medio libre”, dice.

La mayoría de los talleres laborales que ofrece el SPF a mujeres, trans y travestis refuerzan el rol de las identidades feminizadas en el espacio de lo doméstico y las tareas de cuidado. De esta manera se perpetúa la brecha de género en el mercado de trabajo y la desigual inserción laboral tras el paso por el encierro.

Según la Procuración Penitenciaria de la Nación, al momento de diseñar programas sociolaborales, además de tener en cuenta criterios de género y diversidad, es necesario tener presente las trayectorias de vida de las personas encarceladas: una población caracterizada por un bajo nivel de instrucción, altos porcentajes de desocupación o precarización laboral previa a su detención, que en el caso de las mujeres, travestis y trans es aún mayor.

Foto: Agencia Presentes

«Si entrar es difícil, salir es peor”, dice Yhajaira. Desde su oficina en el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, ella ayuda a las mujeres trans que son víctimas de violencia policial. “Es mucho peor, porque tenemos que salir a prostituirnos y cruzarnos con ese mismo policía, que a veces ya no es policía sino inspector”.

Yhajaira tiene claro que si el cupo laboral trans se cumpliera, sus compañeras no estarían presas ni prostituyéndose. Pero no se cumple. En 2015 se aprobó en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires la Ley 14.783 “Amancay Diana Sacayán” que obliga al Estado a ocupar a personas travestis, transexuales y transgénero en una proporción no menor al 1% de su personal con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público. Es la única provincia con una ley de cupo laboral trans. Nunca se reglamentó. No se aplica.

Según el relevamiento realizado por la Agencia Presentes y Ecofemini(s)ta, hasta abril de 2018 se habían aprobado ordenanzas locales de cupo laboral trans en 25 partidos y municipios de Argentina. En las legislaturas provinciales de todo el país y en el Congreso de la Nación esperan tratamiento varias iniciativas que promueven la inclusión laboral trans. Mientras tanto la prostitución sigue siendo la principal fuente de ingresos para al menos 7 de cada 10 mujeres trans y travestis, empujadas por la discriminación, la violencia, la exclusión temprana de sus hogares y de la escuela. El dato surge del informe La revolución de las mariposas que releva la situación de vida de la población trans/travesti de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los últimos diez años.

“Las dificultades diarias que afrontan las mujeres trans y travestis para acceder a educación, a trabajo, a una vivienda digna, al acceso a la salud se ve profundizado cuando salen de la cárcel porque se genera un doble estigma, y además porque no existen políticas públicas destinadas a acompañar el proceso de recuperar la libertad”, señala Josefina Alfonsín,integrante del Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y representante en Argentina de Córpora en Libertad, una red latinoamericana de organizaciones que trabaja para visibilizar y transformar las condiciones de vida de las personas trans en el encierro. Ese bache que deja el Estado lo intentan cubrir las organizaciones sociales. Son los colectivos LGBT+ y de Derechos Humanos quienes acompañan a las personas que estuvieron detenidas y las ayudan a conseguir un lugar donde vivir, estudiar y trabajar.

Que en la sala de espera de un hospital la llamen por su nombre. Caminar por la calle sin que la detenga un patrullero. Eso es para Emilce la libertad. Sabe que las cosas cambiaron desde que se aprobó la Ley de identidad de género y tiene un DNI que la reconoce mujer. Pero también sabe que el afuera no será fácil, que la sociedad es demasiado dura y que tendrá que seguir luchando por ser libre, más allá de esos muros.

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