Información y formación con visión de género

Ley Brisa. Expectativa por el primer caso cordobés que llegó a SENAF

330 0

Por: Carolina Tealdi y Magdalena Bagliardelli

“Creo que en septiembre, octubre, va a salir”, afirma Carlos Vidosa desde el otro lado del teléfono. Se refiere a la reparación económica para su nieta, una niña de 10, cuya mamá fue asesinada hace cuatro años por quien era su pareja. Ingrid Vidosa tendría hoy 29 años. El lunes 24 de agosto de 2015 fue ejecutada por Marcos Haye, un joven oriundo de Tanti quien recibió cadena perpetua hace dos años.

El trámite de reparación económica había sido iniciado por Vidosa el 22 de febrero, en la delegación de Anses de Carlos Paz, donde por falta de información y desconocimiento de que la ley había sido aprobada un año antes, no le querían aceptar los papeles.

Después de iniciarle el trámite le cuestionaban que la sentencia no fuera por femicidio, cuando el 1° de septiembre de 2017 se conoció que condenaron a perpetua a Marcos Haye, por homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género. Que la causa esté en proceso judicial es uno de los requisitos para tramitar el régimen de reparación económica.

Uno de los puntos que establece la ley Brisa para acceder a este derecho es presentar copia de la sentencia o certificado de guarda o tutela. “Me faltaba que saliera la tutela compartida con mi ex mujer”, cuenta Vidosa. Finalmente, la semana pasada logró enviar a Senaf el documento que necesitaba y ahora espera que se resuelva favorablemente la situación.

El largo camino de la familia Vidosa se suma al de otras familias que están reuniendo la documentación necesaria para acceder al régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes. Si lo aprueban, va a ser el primero de la Provincia de Córdoba.

Según la Justicia provincial, en 2018 hubo 20 víctimas, de las cuales, el 45% tenía hijos o hijas menores de edad, y en total, 14 personas se quedaron sin su mamá.

“Recibí ayuda de Familiares atravesados por Femicidios. Ellos me fueron guiando. Ahora el expediente está en Senaf”, dice Carlos, con esperanza. “No es gran dinero, es una ayuda entre comillas, pero es importante que el Estado esté presente, porque generalmente está ausente”, reflexión.

Los números de  la ley

En los últimos 10 años en nuestro país cerca de 3500 niños y niñas ya no tienen a sus mamás  víctimas de femicidio, pero sólo unos 50 presentaron los papeles requeridos para poder acceder a la Ley Brisa. En Córdoba, un sólo caso estaría a punto de empezar a cobrarla.

La ley 27.452 lleva el nombre de Brisa por la hija mas chica de Daiana Barrionuevo, asesinada por su marido, Iván Rodríguez, de un mazaso en la cabeza el 20 de diciembre de 2014. Tiró su cuerpo al río y dijo que se había escapado con un amante, el tiempo que duró la búsqueda, lloró desconsolado junto a la familia de Daiana, los mellizos y Brisa.

La ley contempla una pensión equivalente a una jubilación mínima para hijos e hijas de madres asesinadas en el marco de un femicidio por su pareja o padre de los niños. Lo que la acota a un enfoque biologisista, si bien la mayoría de los femicidios son cometidos por la pareja o ex pareja, también hay muchos casos donde los asesinos son hombres extra familiares. Y esos niños y niñas quedan sin cobertura.

Tienen derecho a este beneficio los niños y niñas hasta los 21 años y desde el momento en que fue cometido el asesinato, según la ley, pero el decreto que la reglamenta, dice que el retroactivo va solamente hasta el momento de la sanción. Como un decreto no puede pasar por encima de una ley nacional, esto es algo que debería ser reclamado en caso de que afecte el proceso.

El trámite se inicia en ANSES, la documentación debería pasar al INAM y luego a SENAF para que analicen y determinen el derecho. En la ciudad de Río Cuarto, hay un sólo caso presentado que según los damnificados permanece en las oficinas de ANSES hace meses.

El beneficio es compatible con la asignación universal por hijo, salarios familiares, pensiones y regímenes alimentarios. No así, con beneficios relacionados al hecho ya sean municipales, provinciales o nacionales.

Ante la novedad de la ley, la urgencia necesaria de quienes lo solicitan, y la vulnerabilidad de la que son víctimas, llama la atención que el ejecutivo municipal o nacional no garantice el acceso a la Ley, al menos asegure la capacitación para les funcionarios de las reparticiones que la atienden.

 

 

Dejar una respuesta

Your email address will not be published.

Desarrollo Web por EFEMOSSE SISTEMAS www.efemossesistemas.com.ar