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La violencia económica en adultas mayores es la norma, no la excepción.

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Por: Carina Ambrogi

La Sede del PAMI de Río Cuarto recibe más de 5 casos de violencia económica en adultas mayores por semana. En la mayoría de los casos se trata de mujeres que no pudieron disponer de su dinero nunca, si están casadas dependen de la voluntad de su marido, y cuando enviudan de sus hijes. La violencia invisible está tipificada en la legislación nacional, pero es la menos denunciada y la más recurrente. Según afirmó Gonzalo Luján, responsable de PAMI, provoca desde aislamiento social hasta graves patologías psiquiátricas. Es uno de los flagelos más difíciles de desarraigar del legado patriarcal.

Una mujer de unos 70 años sale de la oficina del titular del PAMI en Río Cuarto agradecida por la contención recibida. Se le notan lágrimas en los ojos, al igual que a la funcionaria de la entidad que le ofrece dinero para desayunar, son las 12 del mediodía y esa será su prime comida.  Gonzalo Luján, Director del organismo, me recibe después de ella. Esta visiblemente conmocionado, pero aclara “veo casos como este todos los días, es terrible”.

El manejo de los recursos económicos y patrimoniales en las adultas mayores es una excepción, por lo general según relata Luján a la Marea Noticias, en la mayoría de los casos las mujeres nunca pudieron disponer del dinero. La idea de que “no son aptas” para eso sostiene la costumbre que impone que cuando están casadas el dinero lo maneja el marido, y cuando enviudan sus hijes.

“El hecho de tener que seguir pidiendo plata a esa altura de la vida significa que no se pudieron liberar nunca de esa opresión económica, que les priva de la posibilidad de vivir libremente durante toda su vida y aún tampoco pueden hacerlo durante su adultez”, explica.

Las mujeres que llegan a pedir subsidios a la entidad lo hacen porque no les alcanza con lo que cobran para vivir. Cuando se analizan los recibos de sueldo en la mayoría de los casos tienen todas las posibilidades crediticias tomadas, decisiones que afirman no fueron propias, es decir terceros sacaron los créditos a su nombre, e incluso por montos que según su estilo de vida tampoco podrían haber gastado.

En algunos casos se trata de la misma familia, que al disponer de la jubilación de la mujer decide tomar créditos que finalmente no pueden pagar, y en otros de terceros que alojan clandestinamente a las mujeres en sus hogares y mediante un poder judicial, que se obtiene fácilmente argumentando la imposibilidad de las adultas mayores de manejar sus recursos, disponen de ellos a su antojo.

“Nos llama la atención que pasan toda una vida de opresiones, y en la época en que debería poder disfrutar siguen oprimidas por un tercero, no es posible que no puedan darse un gusto, que no puedan decidir, o que a los ojos de otros “malgasten” su dinero en lo que quieren. Esa violencia hace que terminen en situaciones de encierro, falta de sociabilización, no disfrute, y eso trae aparejado que se agudicen problemas psicológicos terminando incluso en patologías psiquiátricas”, revela Luján.

Si bien las mujeres mayores son más en cantidad que los varones, los casos de violencia en el uso de los recursos se da siempre en mujeres, lo que denota que el género es clave para el ejercicio de la violencia invisible más arraigada de la cultura patriarcal.  Casi el 50% de las adultas mayores alquila, y ya no están dentro del rango etario que el sistema considera viable para un crédito inmobiliario. Por ser mujeres cobran por lo general la mínima, ya que hasta hace pocos años estaba “mal visto” que la mujer trabajara fuera del hogar, y el trabajo doméstico no es remunerado. Con la mínima más la pensión que pudieran tener en algunos casos del difunto marido (los hombres tienen una expectativa de vida menor que las mujeres), se hace una suma que de poco alcanza, pero de la que tampoco disponen.

La base de todas las violencias

María Carolina Llorens, es psicóloga clínica y comunitaria e integra el Equipo de Género del Movimiento Campesino de Córdoba. Brinda talleres para desarraigar la violencia de género en cualquiera de sus formas. En los talleres con mujeres mayores visibiliza con mayor intensidad la construcción social de que es el varón quien dispone de los recursos económicos, la mujer trabaja por amor, y el amor no se paga.

“La violencia económica es la base del patriarcado, la manera en que se sostiene es mediante el usufructo del trabajo de las mujeres. El trabajo del cuidado de la vida es asignado a ellas, no es reconocido económicamente, y es desvalorizado socialmente. Es el trabajo que la gran mayoría de las mujeres ejerce, y esta relación que sostiene el patriarcado es la base también del capitalismo, que es un sistema de opresión”, explica.

Cuando trabaja las relaciones de poder este tipo de violencia es la última que se detecta por parte de las mujeres, porque es la más naturalizada, la que se elige incluso “de a dos”. “En la vejez se reproduce mucho, y es que no lo percibimos como violencia. Controlamos los bienes, decidimos por ellas, porque ellas no pueden. Es un control económico basado en la idea del cuidado. Y se ejerce aun cuando ellas pueden y con la complicidad de la mujer que también considera que son los otros lo que saben bien que es los mejor. Son mandatos que no se desarman fácilmente. Yo no voy a poder y dependo de que los otros lo hagan. Y lo hacen para cuidarme”, señala Llorens.

Para la sicóloga, se trata de una decisión de dos en un contexto de desigualdad, y eso pone a una de las partes en menor poder para decidir. Hay un contexto que empuja y legitima una decisión. Hay un consentimiento con un fondo de dominación, sostenido por décadas de una construcción sexual del trabajo. Esta es la base de lo que sostiene en esta supuesta “elección libre”, de las mujeres que optaron por dedicar la vida al cuidado de la familia. “Creo que elijo libremente, cuando en realidad lo hago con un montón de condicionamientos que me empujan a tomar esa decisión”, explica.

A diferencia de la violencia física, la económica no deja marcas visibles y corroe la salud física y mental de quienes la padecen de manera más lenta. Una de las patologías más comunes en todo el mundo a causa de esto es la depresión, a la que se suma la falta del sentido de la vida, la desesperanza y el cansancio.

Echa la ley hecha la trampa

Pese a que Argentina contempla las diferentes tipificaciones de violencia mediante la ley 26.485 de Protección Integral Contra las Mujeres, no se ha avanzado como prevee la ley sancionada y los tratados internacionales vigentes frente a los que el país se ha comprometido a disponer de recursos del estado para prevenirlas y erradicarlas. Pensando en las generaciones que vienen, la ESI, que educa a las niñas, niños y jóvenes para erradicar los estereotipos de género que subyacen a las violencias naturalizadas, no se aplica aún en todo el territorio nacional, y los contenidos que se desconocen por el grueso de la población son cuestionados por grupos antiderechos que intervienen en su normal aplicación.

En relación a las generaciones que aún no han llegado a la edad jubilatoria, pese a que se ha avanzado en la deconstrucción de estos estereotipos se pasó de la mujer fuera del mercado laboral remunerado a la mujer con doble o triple jornada, es decir la que trabaja fuera del hogar pero que sigue cargando con las tareas de cuidado. En esta nueva generación, el stress es uno de los flagelos de la violencia económica, que sigue impidiendo que el reparto del esfuerzo y el tiempo de las tareas no remuneradas sea equitativo en la familia.

Pese a esto, y mientras que sólo el 3% de la posesión de tierras a nivel mundial está en mano de mujeres, la violencia económica es una de las menos denunciadas en los juzgados del país. La abogada Carolina Ramírez, al ser consultada sobre el tema por Télam, explicó que la violencia económica «es la primera prisión para las mujeres que las lleva a sufrir otras violencias» porque «es la más representativa de la pérdida de autonomía de ellas». Para la profesional que trabaja en el fuero de Familia de la Justicia de Córdoba, «el rol del Estado es fundamental».

Mientras tanto, al menos en Río Cuarto, el estado reduce su cadena de responsabilidades para la ayuda en cuestiones económicas para las adultas mayores al PAMI, un ente que según analiza su titular local, debiera cumplir sólo con las funciones vinculadas a la salud.

La ausencia de programas específicos para prevenir y erradicar esta violencia tan naturalizada pareciera que responde a su rango de “invisibilidad”, y contrario al dicho popular, en este caso ojos que no ven, corazón que si siente.

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